06-05-2010

Desagradable sorpresa

Así calificó el Diputado Marcelo Brignoni, a la decisión de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, de negarse en el día de hoy, a emitir una declaración institucional a favor de la vigencia de una Ley, la de Servicios Audiovisuales 26522. La misma se encuentra suspendida extemporáneamente por una resolución de la Justicia Federal de Mendoza, altamente cuestionada por sus vínculos con el Grupo Económico VILA-MANZANO, y con la Dictadura Militar. En una negativa conjunta de los bloques parlamentarios que responden al Senador Nacional Carlos Reutemann con los legisladores del Frente Progresista, el proyecto presentado por los Diputados Marcelo Brignoni, José Tessa, Oscar Urruty, Antonio Riestra, Martín Labbe, Gerardo Rico, Luis Rubeo, Ricardo Peirone y la Diputada Claudia Saldaña no obtuvo el respaldo para transformarse en un acto institucional de la legislatura provincial de Santa Fe, para ser presentado ante la Corte Suprema de Justicia, donde espera resolución el expediente originado en Mendoza

Brignoni, uno de los firmantes señaló “…estamos muy decepcionados con esta actitud. La Casa de las Leyes de la Provincia, se ha negado hoy, a emitir una declaración a favor de la vigencia de una ley. Llamamos a la reflexión a las fuerzas políticas que expresaron su respaldo a la nueva ley, a que no sean presas de la presión de los grupos económicos, y a las fuerzas políticas que llenan diarios con su vocación de aportar al mejoramiento institucional de nuestro país, a que entiendan que no hay mejoramiento institucional posible con el desconocimiento de la ley, y de las decisiones del Congreso Nacional. La suspensión judicial de la aplicación de la Ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, decidida por magistrados altamente cuestionados, es una clara afrenta a las capacidades democráticas y constitucionales del Congreso de la Nación. La nueva Ley ha sido el fruto de un amplísimo consenso social y político que vino a derogar y reemplazar tras casi veintiséis años de continuidad en democracia, a una de las rémoras más vergonzosas de la última dictadura militar, el nefasto Decreto Ley de Radiodifusión Nº 22.285 de 1980. Sabido es además que la Ley 26.522 autoriza a los estados provinciales a explotar una frecuencia de TV abierta, una frecuencia sonora de AM y una de FM, además de poder constituir una red con el fin de cubrir la totalidad del territorio provincial. La suspensión judicial de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, priva al Estado santafesino y a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia, de gozar del derecho a la comunicación por ella consagrado. La libertad de expresión está en riesgo en Argentina por la censura que ejercen algunos grupos, y lamentablemente no pocos sectores políticos no parecen darse cuenta…”.