22-10-2010

Exigen al Gobierno de Santa Fe, el relevamiento de los ex Presos Políticos de la Dictadura de esa Provincia

La Cámara de Diputados, sancionó ayer un Proyecto de los legisladores Gerardo Rico, Marcelo Brignoni, Luis Rubeo, Alberto Cejas, Claudia Saldaña y Oscar Urruty, que pide que el Gobierno Provincial adhiera al Programa "REGISTRO DE EX PRESOS POLÍTICOS" llevado adelante por el Archivo Nacional de la Memoria a cargo de Ramón Torres Molina, dependiente de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, y realice el relevamiento de quienes estuvieron privados de su libertad durante el período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983en Santa Fe. Esta medida es el inicio de la puesta en marcha de la pensión mensual no contributiva de carácter vitalicio para todos ellos, que se debate en la legislatura de esa provincia, a partir de un proyecto de los mismos diputados, presentado en Junio de 2010 en la legislatura, bajo expediente 24083

La iniciativa  aprobada ayer, pedida por el Bloque Oficialista de diputados para tratar el otorgamiento de una pensión mensual no contributiva de carácter vitalicio, para todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que durante el período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 hayan sido condenadas por un Consejo de Guerra, puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, o privados de su libertad de cualquiera de estos u otros modos ilegales, por parte de la Dictadura Militar, debido a causas políticas, gremiales, estudiantiles, o referidas a la arbitrariedad y el terrorismo de estado reinante en ese entonces, permitirá determinar quienes serán los beneficiarios de dicha pensión. El proyecto que espera el acuerdo del Frente Progresista para ser aprobado en la Legislatura Santafesina, prevee un monto a percibir por los beneficiarios de la medida, similar al que se le otorga a los Veteranos de Malvinas, equivalente a la suma de tres veces el haber mínimo de pensión vigente en la Provincia de Santa Fe. Una norma similar ya rige en la provincia de Buenos Aires, a través de la ley 14.042 Marcelo Brignoni señaló “…nos habían dicho que el Gobierno Provincial no tiene datos de la identidad y lugar de residencia de quienes como consecuencia del golpe militar que instauró la última dictadura, con su consecuencia de terrorismo de estado como práctica institucional, padecieran graves tormentos privados de su libertad, fueron robados sus bienes y sus hijos, y en muchos casos perdieron su propia vida en la carcel. En aquel momento histórico de la dictadura civico-militar más sangrienta que hayamos padecido, los señores del poder fueron amos de la muerte, y quienes fueron sus víctimas nunca más volvieron a sus vidas y a la de sus familias como antes de este genocidio. Es nuestra tarea de hoy, intentan ser los voceros de las victimas de aquel horror, solidarizándonos con aquellos que padecieron en las cárceles. Felizmente nuestra actualidad indica que el Gobierno Nacional y el Pueblo Argentino, están llevando a cabo una reparación histórica para las víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de estado en nuestro país mediante los juicios que se sustancian en nuestros días, después de muchos años de impunidad. Entendemos entonces que este es el momento de llevar adelante otro tipo de reparación porque los sobrevivientes de tan aberrante dictadura, así como sus familiares, padecieron y padecen daños imborrables, producidos como consecuencia de lo vivido. Muchos de ellos han tenido dificultades para reinsertarse en la vida social y laboral al recuperar la libertad, encontrándose incluso en situaciones de extrema vulnerabilidad social, sin cobertura social ni posibilidad futura de contar con una jubilación digna. Todos ellos merecen un reconocimiento institucional y un resarcimiento económico, y ni el gobierno provincial, ni la legislatura pueden mirar para otro lado. Estas iniciativas, el censo y el otorgamiento de la pensión, como ya hiciera la provincia de Buenos Aires, es apenas un paso más en la búsqueda de la dignidad robada. Esa es nuestra obligación como Estado Provincial. Debemos asumir esa responsabilidad histórica…”