El Decreto 489/2019 pone fin a la mas destacable tradición diplomática argentina, y nos transforma de hecho en un país sin política exterior soberana, sin apego a los propios pactos internacionales de los que nuestro país participo por décadas y sin ningún tipo de compromiso con la libre determinación de los pueblos, otrora estandartes de la política exterior argentina en todo tiempo y gobierno.

 

Alejarnos de ese marco conceptual y normativo, que la Argentina ha mantenido desde siempre en todo tiempo y gobierno, nos ubica en un ámbito de vulnerabilidad inexplicable, al introducir a partir de esa decisión, una valoración parcial, en un conflicto extremadamente complejo y añejo como el de cercano y medio Oriente.

 

El texto que forma parte del citado Decreto, donde se señala que “toda persona humana, jurídica o entidad sobre la que haya recaído resolución judicial o del Ministerio Público Fiscal que le impute o admita la formalización de una investigación”, admite que el solo hecho de la apertura de una investigación, sin sentencia firme y sin actuación judicial probatoria permite ubicar de modo arbitrario e ilegal a cualquier persona física o jurídica en la catalogación de “terrorista” rememorando lo peor de los antecedentes de arbitrariedad de la Dictadura Cívico Militar Argentina, que nos asolo entre 1976 y 1983.

 

Acusar a Hezbollah o a cualquier otra persona jurídica o física de ser una organizacion terroirsta o de participar en una, sin ningún documento de respaldo de las Naciones Unidas, del Comité contra el Terrorismo de su Consejo de Seguridad y sin ningún respaldo probatorio de esa acusación, producido por algún estamento estatal de nuestro país, nos pone a las puertas de un conflicto diplomático con múltiples países y de una situación de arbitarriedad interna intolerable en un Estado Democratico. 

 

Listas de grupos terroristas tienen muchos países, pero la República Argentina siempre ha tenido una posición en ese sentido destinada a dar respaldo a las actuaciones multilaterales de consenso internacional y no a seguir decisiones interesadas de potencias extra continentales, ajenas a nuestros intereses nacionales y a la vigencia del derecho internacional.

 

La insolvencia manifiesta de la Cancillería argentina, avalada en su desacertado accionar por el Presidente  Macri, nos genera un nuevo conflicto geopolítico y  diplomático, de implicancias en nuestra política interna, absolutamente injustificables.

 

La decisión del gobierno argentino de resignar su potestad soberana y actuar en política exterior “a pedido” de terceros países, merece una condena firme de parte de todos los argentinos de bien, no por razones ideológicas o de prejuicios étnicos, y ni siquiera por la propia valoración de Hezbollah, o de otras organizaciones o personas. La voluntad recurrente del gobierno argentino de fomentar una política exterior contraria a nuestros intereses nacionales, no debe ser consentida.

 

Sobre todo porque este mismo Gobierno borra con el codo lo que escribió con la mano, ya que en marzo de 2017 el ministro de Justicia Germán Garavano suscribió un memorándum de entendimiento con el Comité de Lucha contra el Terrorismo de la ONU, representado por su director por entonces Jean-Paul Laborde, hoy reemplazado por la diplomática belga Michele Coninsx.

 

Aquel memorándum decía en su punto 1 “el Comité de Lucha contra el Terrorismo de la ONU brindara asistencia técnica legislativa en materia de terrorismo y su caracterización, y prestara colaboración para la elaboración de una estrategia nacional anti terrorista y contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo”.

Incluso Laborde se reunió entonces con las autoridades de la AMIA en su sede.

 

Esta asistencia y consulta no se ha cumplido en la emisión del Decreto 489 del día de hoy

 

Pocos días después, el 15 de junio de 2017, la Asamblea General de Naciones Unidas, con el apoyo de Argentina, aprobaría la resolución 71/291 destinada al “Refuerzo de la capacidad del sistema de las Naciones Unidas de ayudar a los Estados Miembros en la aplicación de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo”. De esa resolución emergería la nueva “Oficina de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo” y se designaría al Diplomático de la Federación Rusa Vladimir Voronkov, quien aún ostenta ese cargo, como el Primer Subsecretario de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo.

 

Al año siguiente, en junio de 2018, a instancias del Secretario General de la ONU, Antonio Guterrez, se llevaría a cabo la primera Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas de Jefes de Organismos Antiterroristas de los Estados Miembros. De esa reunión surgiría el Pacto Mundial de Coordinación de la Lucha Antiterrorista, el mayor marco de coordinación del sistema de las Naciones Unidas que engloba a los jefes de 36 entidades de las Naciones Unidas, además de INTERPOL y la Organización Mundial de Aduanas. Argentina lo apoyaría y el mismo se presentaría formalmente el último 6 de diciembre de 2018.

 

Todas estas instancias, de las que incluso ha participado el propio gobierno del Presidente Macri, también han sido ignoradas en el Decreto 489.   

 

Argentina ha tenido una tradición de respeto y cuidado en su política exterior hacia la región de cercano y medio Oriente, siendo uno de los primeros países en reconocer al Estado de Israel, de parte del Gobierno de Juan Domingo Perón en 1949, pero también manteniendo posiciones claras en referencia a la Liga Árabe y a las resoluciones de Naciones Unidas en defensa del Estado Palestino.

 

Este retroceso, encarnado en la decisión del Gobierno de Cambiemos de impulsar un decreto probablemente inconstitucional y abiertamente desacertado en lo jurídico, lo político y lo diplomático, nos obliga más que nunca a ratificar la vocación pacifica y tolerante del pueblo argentino, y su búsqueda de una lucha contra el terrorismo, solo en el marco de la institucionalidad y la legislación internacional reconocida.

 

La nefasta experiencia del terrorismo de estado en nuestro país, con la persecución ilegal e indiscriminada de opositores políticos sin causa legal que significo, y que sufriéramos por entonces, debiera hacernos reflexionar sobre la imposibilidad de tolerar acciones como este decreto, que como sociedad y como país, debemos repudiar en su arbitrariedad irreflexiva.