Imprimir
MARCELO BRIGNONI

22-07-2020

Bolivia 2020, últimas chances para su Democracia

La primera caracterización que debiéramos hacer en relación a la situación que padece a julio de 2020 el Estado Plurinacional de Bolivia, es describir que lo que sucede no es una crisis política como se ha dicho muchas veces, sino un Golpe de Estado, salvaje e injustificable, promovido sobre información falsa de las elecciones de 2019, y consumado con la asunción como presidenta de facto de Jeanine Añez, el 12 de noviembre de 2019. Las consecuencias del mismo son las que han determinado la actual catástrofe social y humanitaria que vive el país

La noche de las elecciones del 20 de octubre de 2019 concluyó con el 83% de los votos escrutados. El voto campesino en Bolivia, abrumadoramente favorable a Evo Morales no podía contarse esa misma noche por las dificultades geográficas y logísticas del país. Cuando la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) incorporó el voto de la Bolivia profunda y el voto boliviano en el exterior, la definición en primera vuelta del futuro presidente de Bolivia estaba resulta. Una diferencia de 10,57 puntos porcentuales, suficiente para ganar en primera vuelta, lo que hacía innecesario el ballotage.
 
Aquel día, Evo Morales acompañado por Álvaro García Linera como su candidato a Vicepresidente obtendrían según los cómputos oficiales del Órgano Electoral Plurinacional, con el 100% de los votos escrutados, el 47,08% de los votos, mientras que Comunidad Ciudadana del candidato Carlos Mesa obtendría 36,51%.
 
La ley electoral de Bolivia establece que no se va a una segunda vuelta cuando el primer candidato obtiene más del 40 % de los votos y hay diferencia entre el primer y el segundo candidato superior al 10% de los votos escrutados.
 
El resultado de aquellas elecciones, ganadas legítimamente en primera vuelta por el MAS, como demostrarían casi todos los estudios posteriores, no sería toleradas por las elites de lo que se conoce como la vieja media luna oriental del país, ni por el Departamento de Estado, actuante principal en la denuncia falsa de fraude, que serviría como justificativo del Golpe de Estado, a través de su brazo político regional, la Organización de Estados Americanos (OEA) y su Departamento para la Cooperación y Observación Electoral. Conducido por un señor mexicano de nombre Gerardo de Icaza Hernández, su responsabilidad política y personal en justificar el Golpe de Estado en Bolivia con su posterior derrotero de violencia y muerte no lo tiene suficientemente identificado.
 
Tanto los especialistas en integridad electoral Jack Williams y John Curiel del Massachusetts Institute of Technology, como el informe del Center for Economic and Policy Research (CEPR), fundado por los economistas  Dean Baker  y  Mark Weisbrot, como el trabajo de la Michigan University, a cargo de Walter R. Mebane, Jr , coincidieron en la inexistencia de fraude en la elección bolivinana. Los autores del Informe sobre las Elecciones en Bolivia del 20 de octubre de 2019, elaborado para el New York Times, Nicolás Idrobo, Dorothy Kronick y Francisco Rodríguez y la misión del Observatorio de la Democracia, del Parlamento del MERCOSUR, tambien dirian que no hubo fraude en aquella elección.
 
Por aquellos días de 2019, gran parte de la oposición y sus mandantes extranjeros, tenían preparada una andanada de denuncias de fraude, que no perseguían la realización de una elección transparente ni de una segunda vuelta electoral, como se vería días después, sino que buscaban que esas denuncias fuesen el soporte justificatorio de un Golpe de Estado sangriento e inadmisible. El que paradojicamente recibiria el apoyo de Estados Unidos y el lamentable silencio de casi todos los gobiernos de la región. Los gobiernos de México a cargo de Andrés Manuel López Obrador y de Uruguay a cargo de Tabaré Vázquez, sumados al Gobierno Argentino electo de  Alberto Fernández y Cristina Kirchner, aun no asumidos, serian la digna nota discordante de una metodología, la del Golpe de Estado, que volvía a nuestra región, al oprobio de décadas anteriores.
 
En los datos de uno de los puntos centrales de su Auditoría Electoral, la OEA comparó las actas digitales con las actas de papel, de una muestra tomada al azar ante la presencia de otros observadores internacionales. Allí se demostró que no había diferencias significativas. Es decir, ese proceso de verificación ratificó que los resultados oficiales difundidos por el gobierno de Evo Morales eran correctos. Por lo tanto, que el MAS habia ganado las elecciones con una diferencia superior al 10 %.
 
La OEA participó durante todo el proceso electoral de Bolivia. Tanto durante las elecciones realizadas el 20 de octubre con una misión de Observación Electoral, como posteriormente mediante una auditoría vinculante de esas elecciones. El informe respectivo de 13 páginas recién se conocería meses después. Esa publicación sin firma por lo bochornoso de su contenido diría en su última página “Teniendo en cuenta las proyecciones estadísticas, resulta posible que el candidato Morales haya quedado en primer lugar y el candidato Mesa en segundo. Sin embargo, resulta improbable estadísticamente que Morales haya obtenido el 10% de diferencia para evitar una segunda vuelta”. Pura especulación, solo desvergüenza.
 
Las auditorías electorales no son procedimientos regulares ni habituales para la OEA. En este caso se hizo a pedido del gobierno de Evo Morales, en lo que tal vez haya sido un acto de buena fe, que se pensó ajeno a la tradición poco vinculada a la defensa de la democracia, de la organización fundada a sangre y fuego en Bogotá, en 1948.
 
Tras las elecciones de octubre, el entonces canciller boliviano Diego Pary viajaría a Washington a una reunión del Consejo Permanente de OEA donde presentó un pedido formal para invitar al organismo a realizar la auditoría. Almagro aceptó con la condición de que los resultados que la OEA difundiera fuesen vinculantes. Se deberían difundir el 12 de noviembre. Bolivia no se opuso y tal vez allí la suerte de su democracia quedó sellada. El 10 de noviembre, sin ninguna documentación respaldatoria y mientras la auditoria no habia concluido, el Secretario General  de OEA Luis Almagro anunciaría Fraude en Bolivia, dando origen a la consumación de un Golpe de Estado, al que ya solo le faltaba su concreción final.
 
Como se sabría después, las semanas anteriores había comenzado el soborno de importantes jefes militares y policiales y de funcionarios del Órgano Electoral Plurinacional, para darle cuerpo relato y estrategia al Golpe de Estado. De hecho esa misma noche del 20 de octubre renunciaría el vicepresidente del Organo Electoral Plurinacional, Antonio Costas, indicando sus “sospechas” sobre el resultado electoral. 
 
La “buena conducta cívica” de Costas, le permitiría beneficiarse con arresto domiciliario a pesar de estar acusado junto a la expresidenta del Órgano Electoral Plurinacional, María Eugenia Choque, por la presunta comisión de delitos electorales el pasado 20 de octubre de 2019. María Eugenia Choque sigue detenida y sometida a todo tipo de vejámenes.
 
Los militares de Bolivia que durante los gobiernos del MAS, incorporaron la wiphala a sus uniformes y modificaron su clásico lema de “Subordinación y constancia” por el “Patria o muerte. ¡Venceremos!” volvían a su viejo rol de fuerzas de ocupación.
 
Carlos Mesa, un viejo conocido de la política boliviana seria testigo de aquellos cambios. En 2005, con Mesa a cargo del Gobierno tras la huida de Gonzalo Sánchez de Lozada, una poderosa insurrección popular que exigía la nacionalización del gas lo sacaría del Gobierno y mostraría a las Fuerzas Armadas en el centro de la escena. Aquella situación dividió a los militares entre un mando más vinculado a las élites del país, y otro mas cercano a los sectores ligados al Movimiento al Socialismo, la construcción política liderada por Evo Morales. 
 
Evo Morales llegaría al Palacio Quemado un tiempo despues, en enero de 2006, cuando obtendría el 54% de los votos. Eran tiempos de NO al ALCA y de Chavez, Lula y Kirchner en las presidencias de sus paises. Desde aquel lejano 2006, quien fuera correctamente referido por Álvaro García Linera como “el primer presidente boliviano que se parece a su país” ganó elección tras elección, con más de 60% de los votos y enormes distancias respecto de sus adversarios, y conectó como ninguno de sus antecesores con la Bolivia indígena y popular. El “Jefazo” llevo a Bolivia a un estado de desarrollo y justicia social, inédito en sus varios siglos de historia. En 2019 había vuelto a ganar las elecciones en primera vuelta, pero para la oligarquía boliviana ya resultaba intolerable el formato democrático.
 
Cuando Morales asumió la Presidencia en 2006, buena parte de los militares jóvenes respondían directamente a él. Su llegada al gobierno encaminó un proyecto para recuperar la tradición nacionalista declarando a las Fuerzas Armadas “socialistas, antiimperialistas y anticapitalistas” y convirtiéndolas en una pieza central de su proyecto político. En 2010, con la publicación del documento “Bases para la Discusión de la Doctrina de Seguridad y Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia” esta tendencia se profundizaría. 
 
Williams Kaliman Romero, asumió como comandante de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia en diciembre de 2018. Diría entonces “soy un soldado del proceso que ha producido cambios positivos en el país. Por primera vez en la historia nuestra economía es la primera en la región y eso es importante no solo para el Estado, sino para nuestros hijos y nuestros nietos”. La vocación golpista y antinacional de los militares en 2019 sorprendería al Presidente Morales, como el mismo confesaría tiempo después. 
 
El sitio estadounidense Behind Back Doors, publicó recientemente un pormenorizado detalle de los presuntos preparativos del Golpe de Estado, adjudicado a la CIA, con un listado de participantes que habrian sido reclutados para el golpe contra Evo Morales.
 
Señala ese informe que los políticos bolivianos, Gonzalo Sánchez de Lozada, Manfred Reyes Villa, Mario Cossio y Carlos Sánchez Berzain, todos residentes en Estados Unidos, colaboraron con los líderes de una asociación opositora denominada como “Coordinadora Nacional Militar”, que estaría compuesta por ex oficiales del ejército boliviano, entre los que se cita al general Humberto Siles, y a los coroneles Julius Maldonado, Oscar Pacello y Carlos Calderón.
 
El sitio afirma también que entre los reclutados para el Golpe en Bolivia, se destacaban el general Williams Kaliman Romero, Jefe de las Fuerzas Armadas y quien obligaría a la renuncia de Evo Morales y Yuri Calderón, Comandante Nacional de la Policía Boliviana por aquellos álgidos días.
 
El informe incluso, señala que los presuntos encargados de la Estación de la CIA en La Paz, los oficiales Rolf Olson y Annette Dorothy Blakeslee, coordinaron la operación.
 
Williams Kaliman Romero, quien liderara junto a Yuri Calderón, el Golpe de Estado de noviembre de 2019 en Bolivia, que depositaria en el Gobierno a Jeanine Añez, sería reemplazado al frente de las fuerzas armadas pocos dias despues y por su propia voluntad por Carlos Orellana Centella. El ex comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta del Chapare, y ex Agregado Militar en la Embajada de Bolivia en Estados Unidos, seria acusado mas tarde junto a Yuri Calderón de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y conspiración para no defender el orden constitucional” Kaliman declararía en sede judicial el ultimo 23 de diciembre en La Paz. El líder golpista no asumido como tal, es de paradero incierto en la actualidad.
 
Los hechos de Bolivia muestran una vez más que la Democracia en Latinoamérica resulta intolerable para muchos intereses económicos y políticos radicados en el Hemisferio Norte Occidental. 
 
Cuando ya no fue suficiente una monumental campaña de agravios y noticias falsas  como la desplegada en el referéndum boliviano del 21 de febrero de 2016, que llegó a adjudicarle falsamente a Evo Morales, un hijo extramatrimonial abandonado, el Golpe de Estado tradicional volvió a la caja de herramientas, de la vocación tutelar colonial sobre nuestros países.
 
El absurdo cuestionamiento de pretender que los dirigentes populares latinoamericanos no vivan su salida del poder como un hecho traumático y casi siempre vejatorio de su persona y familia, se enfrenta de modo inapelable con la realidad de una pretendida alternancia democrática que resulta absurda en nuestra región, al nunca ser respetada por las elites extranjerizantes latinoamericanas, que solo toleran tres opciones para los dirigentes populares latinoamericanos que no ocupan el gobierno: la cárcel, el destierro o el cementerio.
 
Actualidad Política de Bolivia
 
Por estos días y luego de incesantes reclamos tanto del Movimiento al Socialismo, como de Comunidad Ciudadana, la fuerza liderada por Carlos Mesa, el Órgano Electoral Plurinacional conducido por Salvador Romero Ballivián ha ratificado el Cronograma Electoral que desembocará en las Elecciones Generales del 6 de Septiembre de 2020. Romero Ballivián se desempeñó en este mismo cargo desde 2004 a 2008, fue el organizador de las elecciones de 2006 que depositaron por primera vez a Evo Morales en el Palacio Quemado y ha venido desarrollando una tarea que muchos juzgan equilibrada en un escenario de enorme inestabilidad.
 
El cronograma ratificado por ley por las autoridades de ambas cámaras de la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia fue comunicado públicamente por la máxima autoridad legislativa del Movimiento al Socialismo, la Senadora Monica Eva Copa.
 
Ante el aislamiento político, la Presidenta de Facto Jeanine Añez debió ratificarlo y confirmar la realización de las elecciones del 6 de septiembre. Allí se elegirán además de Presidente y Vicepresidente, 36 Senadores y 130 Diputados representantes de los 8 Departamentos en que se divide el país.
 
Tanto Evo Morarles como Álvaro García Linera, perseguidos por el Gobierno de Jeanine Añez y refugiados en Argentina, luego de ser recibidos en México en salvaguarda de su vida, por decisión del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se encuentran proscriptos de participar en los próximos comicios.
 
El Movimiento al Socialismo ha oficializado entonces su fórmula de Presidente y Vice para competir en las elecciones presidenciales, integrada por los ex Ministros de Economía y Relaciones Exteriores  de Evo Moarles, Luis Arce y David Choquehuanca, como candidatos a Presidente y Vicepresidente respectivamente, del Estado Plurinacional de Bolivia.
 
Las restantes fórmulas de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia oficializadas para competir en la elección boliviana son: 
Las candidaturas de Fernado Gainza y Humberto Siles, en representación de la Acción Democrática Nacionalista y de Feliciano Mamani y Ruth Nina en representación del Partido de Acción Nacional Boliviana, aún no han sido reconfirmadas.
 
Mientras tanto, el desastre de la pandemia de Covid-19 en Bolivia, registra un total de 2.273 fallecidos oficiales y 62357 contagiados al 22 de julio de 2020. Todos esto agravado por una situación social desesperante que solo ha motivado de parte del gobierno la entrega de un “bono solidario” destinado a una parte muy pequeña de la población, equivalente a 60 dólares y por única vez. En los últimos días la situación se ha tornado crítica con imágenes muy desdichadas. A la proliferación de hombres y mujeres con banderas blancas a los costados de los caminos, como signo de petición de ayuda alimentaria ante condiciones extremas, se sumó la aparición de al 420 cadáveres de fallecidos por Covid-19 en calles, vehículos y casas, en menos de una semana. 
 
El anterior Ministro de Salud, el segundo de la breve gestión de Añez, Marcelo Navajas fue detenido y luego removido de su cargo, después de que fuera trasladado a dependencias policiales para declarar en el marco de una compra directa con escandalosos sobreprecios, de 170 respiradores a una empresa española por 4,7 millones de dólares. La subrogancia en su reemplazo de la gestión de la salud pública de parte del también Ministro de Defensa Fernando López, está siendo una catástrofe.
 
Se suma a esto la decisión de Añez, formalizada el ultimo 20 de julio, de promover los ascensos por decreto de militares de las tres Fuerzas de Bolivia, que habían sido postergados por la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia, la encargada constitucional de su tratamiento, a la espera de las nuevas autoridades del país, que deberán elegirse el 6 de septiembre próximo.
 
Añez, rodeada de militares en el acto de comunicación de esta decisión, abiertamente ilegal, señaló  que los militares ganaron “autoridad moral” y merecen los ascensos por decreto. La decisión de Añez, aconsejada por el todopoderoso Ministro Arturo Murillo y por la cúpula militar representada en el gobierno por el multifacético Ministro Fernando López, es una señal más en su deseo de continuar en el Palacio Presidencial por “tiempo indeterminado”.
 
Con una situación sanitaria, social y económica desesperante, la popularidad de Añez y de su gobierno se desplomó junto con sus ilusiones de legitimarse como “presidenta electa”. Su candidato a Vicepresidente Samuel Doria Medina junto a Luis Fernando Camacho ya peticionaron a la OEA la suspensión de las elecciones.
 
En este marco, la acción internacional a favor de la recuperación de la democracia en Bolivia y del cese de la persecución a dirigentes políticos y sociales, resulta tan imprescindible como determinante.
 
Los gestos en ese sentido del Parlamento del MERCOSUR, de los Gobiernos de México y de la República Argentina, tanto como los del Papa Francisco, designando al ex embajador de Evo Morales por ante El Vaticano, Julio César Caballero, a la cabeza de la Comisión Pontificia para Latinoamérica, son gestos tan elocuentes como insuficientes.
 
Organismos multilaterales, personalidades, gobiernos y ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo, tienen la obligación moral de involucrarse para recuperar la democracia en Bolivia.  
 
Esta puede ser la última chance para el pueblo boliviano de volver sa ser orgullosos ciudadanos del Estado Plurinacional de Bolivia. No se puede ser indiferente.