Las acusaciones de corrupción, esconden en realidad una imposibilidad de los sectores minoritarios de nuestros países, los que incapaces de defender políticas públicas claramente perjudiciales para las mayorías populares, utilizan este viejo mecanismo de las acusaciones al “pasado corrupto” para evitar discusiones políticas más profundas sobre sus medidas de gobierno del presente.
 

Esta mirada sesgada, de la calidad de nuestra democracia, también tiene apoyatura internacional. Organizaciones creadas al influjo de los tiempos de mayor vigor del Consenso de Washington cumplen una tarea central, y entre ellas Transparency International va a la vanguardia. Con sede en más de 100 países, financiamiento de bancos y multinacionales diversas, y centralidad desde Estados Unidos, se presenta a sí misma como “una organización de la sociedad civil global que dirige la lucha contra la corrupción”. En otras palabras no dichas, su misión real es abrir nuevos mercados a las multinacionales, acusando de corrupción a los gobiernos que se les resistan y, en definitiva, favorecer la globalización económica y los negocios de las empresas que la finacian.
 

Aunque dice ser una organización no gubernamental, Transparency International es un organismo dependiente de la National Endowment for Democracy (NED), la principal agencia de intervención legal de los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña. Transparency International fue creada por Peter Eigen, un jurista alemán que trabajó 25 años en el Banco Mundial antes de convertirse en consultor de la Fundación Ford. Eigen administra ahora Crown Agents, una empresa privada británica a cargo de “ayudar” a los gobiernos extranjeros en el proceso privatizador. Crown Agents y Peter Eigen, participaron de modo activamente justificatorio, en la privatización de la economía iraquí bajo la ocupación anglosajona.

La Situación en Nuestra Región

Varias personalidades latinoamericanas, vienen construyendo un modo de enfocar el problema de la calidad de la democracia, la desigualdad y la corrupción desde otro lugar.
 

A la cabeza de esta mirada se encuentra el Papa Francisco, quien nos señala con claridad que “…la desigualdad es el terreno fértil para la corrupción y el narcotráfico…”.
 

El sacerdote jesuita chileno Felipe Berríos, va un poco más allá “…cuando la política está en el suelo, y esta desprestigiada, los que ganan son los poderosos. Son los grupos de poder que han estado siempre, por eso debemos interrogarnos sobre eso. Independientemente del trabajo de la justicia y de aquello que se haga, lo que está pasando es más que un hecho de corrupción. Porque si fuera sólo un hecho de corrupción, se termina castigando a quienes lo cometen. Es más que una corrupción, hay algo que es mucho más profundo y mucho más grave: la verdadera corrupción de la región es la inequidad social…”.
 

El mexicano Ricardo Fuentes Nieva, del Centro de Estudios Espinoza Yglesias señala “…cuando las leyes empiezan a beneficiar a unos pocos y crece la desigualdad, es difícil que sobreviva un sistema democrático bajo un esquema de tal concentración de la riqueza”.
 

Pero fue el ex Presidente Argentino Arturo Frondizi, muy citado como ejemplo a seguir en estos días, quien en su gran libro “Estrategia y Táctica del Movimiento Nacional”, publicado en 1964, dedicó un capítulo al tema, titulado “La corrupción, pretexto para derribar gobiernos populares”. Allí recopiló la historia de estas conspiraciones que vienen desde el fondo de nuestros tiempos como país. En ese libro también trabajo el abuelo del actual Ministro del Interior Argentino, Rogelio Frigerio, y allí Frondizi razona de una manera que mantiene una vigencia llamativa. 
 

Frondizi nos decía “…no ha habido hazaña -militar,política,económica,cultural- de trascendencia para el afianzamiento de nuestra nacionalidad argentina y para el acrecentamiento de su patrimonio material y espiritual , que no haya sido objeto de las más irresponsables campañas de difamación tendientes a invalidarlas, menospreciarlas o postergarlas…”.
 

Y más adelante transcribe su propia experiencia personal cuando escribe “…durante los solitarios meses de mi confinamiento en Martín García, regresé a las abandonadas lecturas de nuestra historia patria, tan coherente en su apariencia turbulenta y contradictoria, que los hechos de hoy conservan asombroso parentesco con los de antaño. En todo tiempo, quienes quisieron empujar el país hacia adelante fueron acusados de mala conducta administrativa, de cohecho y malversación. Como también a mi gobierno se le habían formulado idénticos cargos, me propuse trazar esquemáticamente esa constante que podemos llamar “de la calumnia” y que en mi caso se había cebado no tanto en mi persona, a la que algunos adversarios generosos eximían de culpa, sino en mis más cercanos y eficientes colaboradores y, especialmente, en Rogelio Frigerio y sus amigos…”.
 

Pero como también dijera Frondizi, resulta interesante una excursión por los caminos de la historia, donde, a cada rato, tropezaremos con la constante de la calumnia como arma innoble para destruir al adversario. Y lo curioso es que, siempre, tal recurso no perseguía la reparación de la moral o la ley perdida, sino que se conformaba con lograr su objetivo político: caída la cabeza del adversario, los presuntos ladrones dejaban de ser perseguidos y castigados, como lo demuestra el hecho de que casi ningún proceso e investigación  emprendido con fines políticos se haya esforzado en sancionar a los presuntos culpables, ni haya podido probar tales delitos.
 

En uno de esos párrafos, denominado La Historia se Repite, Frondizi nos recuerda un episodio poco conocido de nuestra historia. Juan Manuel Beruti, hermano del más conocido Antonio Luis Beruti, militar revolucionario que participó en la Revolución de Mayo, nos lo cuenta en su libro Memorias Curiosas, que vuelve a citar Arturo Frondizi. Allí decía “…en los albores de nuestro origen, en 1813 se creó una Comisión Investigadora, destinada a “juzgar los actos de corrupción acaecidos en el pasado reciente” y aunque parezca insólito porque de tan burdo es poco conocido, se sentó entonces en el banquillo de los acusados entre otros, a Manuel Belgrano, a Mariano Moreno (post morten), a Cornelio Saavedra y a Juan Jose Paso...”.
 

Como Frondizi señala “…estas sabias reflexiones de Beruti demuestran que hace siglo y medio ya se conocían las tácticas políticas basadas en la denigración gratuita del adversario y había quienes eran capaces de desentrañar sus ocultos designios. Es lamentable, entonces, que esa práctica desleal haya llegado intacta hasta nuestro días y que las calumnias que antes se lanzaron contra los próceres de nuestra independencia y organización nacional, desde San Martín hasta Rosas y Urquiza, se hayan repetido contra gobernantes contemporáneos y siempre con el mismo propósito denunciado por Berutti “Acarrearles el odio público, que su partido y amigos no pudiesen revivir y el gobierno que reemplazaba al caído se pudiese sostener sin temor de que los caídos pudiesen voltearlo…”.
 

Algunos ejemplos son muy elocuentes. Uno de ellos es Lisandro de la Torre, a quien  estuvieron a punto de asesinarlo en el Senado de la Nación cuando desnudaba las maquinaciones de los monopolios exportadores. Pero si esa vez falló el intento que abatió en cambio a uno de sus discípulos más queridos, el arma más sutil y menos riesgosa de la calumnia se había ensañado antes con el ilustre tribuno en ocasión de su candidatura a presidente. Todos recordamos el libelo publicado por un ex socio de don Lisandro, con quien mantenía una controversia judicial, en el que se formulaban acusaciones indignas contra el candidato presidencial y que tuvo amplia acogida en la prensa y en los círculos que auspiciaban la candidatura rival. El doctor de la Torre replicó eficazmente al calumniador, pero siempre guardó su amargo recuerdo del episodio.
 

El ministro del interior del gobierno de facto, surgido del Golpe de Estado de 1930, Matías González Sorondo, afirmó dos días después del triunfo del golpe que “…una horda, un hampa había acampado en las esferas oficiales y plantado en ellas su acampe de mercaderes, comprándolo y vendiéndolo todo, desde lo más sagrado hasta el honor de la patria…”.
 

Y el senador Benjamín Villafañe, en pleno recinto de la cámara alta, de modo bochornoso señaló “…al yrigoyenismo lo forman ciento diez mil prontuariados en la sección Robos y Hurtos, sesenta mil pederastas y cincuenta mil más que viven al margen de la ley, del juego y la explotación de mujeres…”.
 

Con el peronismo la crueldad fue mucho mayor, y más lastimoso todavía, fue el rol al que se prestaron partidos políticos y hombres presuntamente dedicados a la causa popular, cuyos propios líderes y ellos mismos fueron víctimas después, de la insidia cada vez que, desde el gobierno o desde la oposición, ponían en peligro las posiciones y los privilegios de las minorías.
 

Como lo demuestra el último gran trabajo del economista francés Thomas Piketty, el crecimiento económico no va en sintonía con la reducción de la desigualdad, donde se supone que todos, ricos y pobres, suben como las gotas de una ola. Esto es en la practica una total farsa, repetida sin cesar por medios de comunicación y economistas a sueldo del sistema financiero internacional. Piketty pudo probar la creciente desigualdad, luego de haber hecho una minuciosa investigación empírica sobre un período de más de dos siglos, de antecedentes fiscales, para cuestionar este postulado de la “religión capitalista”.
 

Lo que ha sucedido en los últimos 40 años, como demuestra Piketty, es justo lo contrario, lo que lo lleva a reflexionar sobre que la verdadera amenaza de la Democracia es el hecho de que sólo 62 personas poseían la mitad de la riqueza de todo el mundo a fines de 2015. Aun economistas pro capitalistas del pasado como el propio Adam Smith señalaron los estrechos vínculos entre la repartición de la riqueza y la estabilidad democrática. Del análisis de Piketty con un profundo trabajo de investigación histórico de los archivos fiscales de los Estados, resulta que hoy, así como ocurrió un siglo atrás, asistimos a una concentración monumental de la riqueza en los países desarrollados, sobre todo en los Estados Unidos. Los niveles de desigualdad actual se parecen mucho a los niveles que existían en las sociedades patrimoniales de finales del siglo XIX, y los peligros para la Democracia son enormes si no se corrigen estas corruptas desigualdades.
 

Esta opinión de Piketty también es compartida por otros economistas que han mostrado lo mismo, entre ellos los dos premios Nobel de economía Paul Krugman y Joseph Stiglitz. Sin embargo hay una tendencia a negar este debate y suponer que el sobreprecio de una licitación es el principal problema que impide el acceso a la salud, a la educación, a la seguridad alimentaria, a la vivienda y a los derechos modernos que debieran poseer todos los ciudadanos y ciudadanas alrededor del mundo.
 

Es indudable, a esta altura de los tiempos, que la máxima expansión de la democracia moderna se dio en el Estado de Bienestar Europeo después de la Segunda Guerra Mundial, que consiguió con un profundo espíritu igualitarista, producto de la intervención estatal, defender una Democracia Plena, compatible con el Capitalismo. 
 

Por el contario, de la crueldad impresentable del capitalismo financiero, surge el armado de las sociedades off shore. Falsas empresas que se caracterizan por estar registradas en un país, normalmente una guarida de evasores, en el que no realizan ninguna actividad económica o comercial. Por este motivo se les llama también sociedades no residentes.  Sus dueños son ciudadanos extranjeros, que llevan a cabo sus negocios en otras partes del mundo y que utilizan este formato, insólitamente legal aún en algunos países,  únicamente como domicilio legal de la sociedad.  A menudo son utilizadas para evadir el pago de impuestos. Pero, también, para movilizar dinero obtenido en actividades de corrupción y fraudes al Estado de modo anónimo, a través de cuentas bancarias abiertas al efecto, en cualquier lugar del mundo, a nombre de la off shore. Dinero, que, por supuesto, se transacciona  ocultando la identidad mediante switcheo electrónico.
 

Los mal llamados paraísos fiscales, que en realidad no son más que guaridas para evasores y poseedores de fortunas muchas veces mal habidas, son la punta de un iceberg que esconde un formato donde los más ricos del planeta ni siquiera quieren pagar impuestos, que ayuden a que otros seres humanos, tengan la oportunidad de vivir como tales.
 

Algunas Ideas de Trabajo

Resulta necesario terminar este trabajo invocando una propuesta concreta más allá de la descripción de estas inequidades.

Podemos afirmar hoy que:

1) La concentración de la riqueza pone en peligro la estabilidad democrática, tal como ocurrió hace un siglo.

2) los grandes problemas económicos, como el de la repartición de la riqueza, son también problemas éticos, y fundamentalmente políticos. Por eso, la economía es un asunto demasiado importante para dejarla en manos de la tecnocracia económica, vinculada a los intereses de una extrema minoría que ostenta hoy el poder financiero global.

3) Es imprescindible para combatir la corrupción, crear un impuesto global al capital; eliminar las guaridas de evasores mal llamadas paraísos fiscales; limitar los dineros privados que llegan a las campañas políticas; crear nuevas instituciones supranacionales con capacidad de controlar los capitales globalizados e impulsar campañas vinculadas a la igualdad y no a la pobreza, ya que esta es imposible de combatir sin combatir la extrema concentración de la riqueza que es lo que la genera.
 

Estas reflexiones nos debieran llevar a pensar que los argumentos de Piketty pueden servir para crear un gran consenso entre las fuerzas políticas populares y  democráticas, en torno a la necesidad de reducir la desigualdad, con el objetivo de fortalecer, o incluso salvar, a la democracia.

Hoy, como dijeran las organizaciones de trabajadores de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, es necesario luchar por la democracia en nuestra región.

Treinta años después, las estrategias de las fuerzas conservadoras propias y foráneas para desestabilizar a los gobiernos populares son más sofisticadas y penetran sutilmente a nuestros pueblos para generar un clima de malestar en la ciudadanía. Los gobiernos que tuvimos estos años, en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Venezuela y Uruguay avanzaron –aún con sus aciertos y errores- en la reducción de desigualdades, en el mejoramiento del nivel de vida de los sectores populares, en la búsqueda de la soberanía económica y política respecto de los grandes grupos hegemónicos y de la gobernanza global neoliberal. Y esa es la fuente verdadera de oposición que ha exacerbado a los poderes fácticos económicos y políticos. Los intentos de restauración neoliberal en nuestros países, ya no registran intentos militaristas sino que se disfrazan de “luchas contra la corrupción” para promover estrategias conspirativas graduales, capaces de promover el derrocamiento de gobiernos legítimamente elegidos, o de perseguir judicialmente a sus líderes. El primer antecedente de esta nueva estrategia global neoliberal fue el golpe de Estado contra el Gobierno de Hugo Chávez en el 2002, al cual debemos agregar el golpe perpetrado en el 2009 contra el presidente de Honduras Manuel Zelaya -con la anuencia de todos los estados autodenominados democráticos y desarrollados-, el intento fallido de golpe en Ecuador en el 2010 enmascarado de rebelión policial, la destitución del gobierno de Fernando Lugo en Paraguay con la complicidad del Congreso de ese país,  y los intentos de desestabilización al gobierno de Dilma Rousseff en los últimos meses. Las acusaciones comunes de corrupción, muestran centralmente, más allá de la existencia de casos puntuales con intensa participación empresarial, escenarios comunes de defensa del statu quo.
 

En este tiempo, es más necesario que nunca, tener consciencia de que la lucha por la democracia sigue tan vigente como hace treinta años y que la lucha contra la corrupción, es la lucha por una democracia más profunda, con igualdad de todos sus pueblos, defendiendo la ampliación de derechos civiles, políticos, sociales y económicos que hemos logrado en estos tres lustros de democracia, condenando con firmeza política, a empresarios corruptos preocupados por la acumulación desenfrenada de sus riquezas, a costa de la ética y de la ley, como a los funcionarios estatales corruptos, incapaces de cumplir con el mandato popular.