Santa Fe, Jueves 19 de julio de 2018

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18-06-2018

La Reforma Universitaria más importante, la hizo el Peronismo

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Mientras asistimos por estos días, a una intensa sesión de recordatorios y promociones, destinadas a realzar los aspectos de lo que se define como la reforma universitaria de 1918, y su documento fundacional conocido como Manifiesto Liminar, es bueno recordar lo sucedido con la Universidad Argentina en estos últimos 100 años, transcurridos desde 1918

Manifiesto Liminar, era el nombre dado a la proclama del movimiento de reforma universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) conocido el 21 de junio de 1918. Redactado por Deodoro Roca , un abogado de origen porteño y adoptado como documento programático por la Federación Universitaria de Córdoba, constituyó la base de aquella reforma universitaria argentina. Su contenido relataba un profundo reclamo anticlerical y de incorporación de los estudiantes al gobierno universitario, con muchas apelaciones a la libertad, pero ninguna mención a las desigualdades e injusticias sociales imperantes, y se planteaba darle poder de decisión a los estudiantes que ya estaban en la universidad, privilegiados entonces de una sociedad desigual, habitantes de claustros donde por entonces no había lugar para los trabajadores, ni para sus hijos.  
 
Elogiable como paso inicial del debate sobre el rol de la Universidad, sus alcances e influencias han sido históricamente sobredimensionados por los “reformistas”, quienes años más tarde sin embargo y mayoritariamente, serian protagonistas del anti peronismo mas cerril de la Unión Democrática de 1946, tendrían un rol protagónico como agitadores del Golpe de Estado de 1955, de la derogación de facto de la Constitución de 1949, que daba a la Educación Superior Universitaria el status de Derecho Social y de la negación de los tres pilares del peronismo que fueran el origen, de la Universidad que hoy conocemos. La Universidad Pública, Gratuita, Masiva, Obrera y con un Sistema de Investigación Científico al servicio de la Nación. Esa fue una política y un logro del Peronismo y no de los “reformistas” que lo combatieron.
 
Los “reformistas” se han “olvidado” tanto de recordar autocríticamente sus derivas autoritarias, como de rendir homenaje al general Perón, quien firmó en 1949 el Decreto N° 29.337 de Supresión de Aranceles Universitarios, dando origen a que la Universidad por primera vez fuese gratuita.
 
Hemos leído en algunos libros y artículos que la única política cultural del Peronismo ha sido la persecución a determinados pensadores, la intervención de las Universidades, la censura y el autoritarismo. Nada relacionaría entonces según esos análisis, al Peronismo con los pretendidos objetivos de aquella reforma de 1918. 
 
Aunque falso, este análisis es comprensible ya que el Decreto N° 29.337 de 1949, suscitó numerosas críticas principalmente de aquellos sectores que habían gobernado la Universidad durante los años anteriores y desde las organizaciones estudiantiles FUA y FUBA, incapaces de comprender la necesidad de la masificación de la matrícula universitaria, como parte del Derecho a la Educación.
 
En aquel Decreto de 1949, Perón señalaba que “el engrandecimiento y auténtico progreso de un pueblo estriba en gran parte en el grado de cultura que alcance cada uno de los miembros que lo componen, los que en una forma racional deben propender al alcance de los fines expresados en el establecimiento de la enseñanza universitaria gratuita para todos los jóvenes que anhelen instruirse para el bien del país”.
 
Esa fue la verdadera Reforma Universitaria, la que junto a la creación de la Universidad Obrera Nacional, decidida por el gobierno de Perón mediante la Ley 13.229 del Congreso de la Nación del 19 de agosto de 1948, y que luego sería la Universidad Tecnológica Nacional, y junto a la puesta en marcha del Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas (CONITYC) mediante el decreto número 9695 firmado por el General Juan Perón con fecha 17 de mayo de 1951, refrendado por los ministros Raúl Mendé, Humberto Sosa Molina y Méndez de San Martín, y que más tarde sería el CONICET, marcarían la Triada del Compromiso Formal y Real del Peronismo con la Educación Superior Publica, Libre, Gratuita y Masiva, y con la investigación y la creación científica para el Desarrollo Nacional. 
 
Todo aquello además, sería materializado en forma fehaciente y permanente, en el Articulo 37 de la Constitución de 1949, derogada de facto por un decreto ilegal, emitido por la dictadura instaurada en 1955, con el apoyo de muchos “reformistas”. 
 
Estas medidas impulsaban la inclusión de sectores antes marginados del capital cultural más elevado de nuestro país. Permitieron, además, considerar a la educación universitaria no como un privilegio, sino como un derecho social. Lograba el Peronismo de este modo, una medida que ni siquiera habían soñado los reformadores de 1918.
 
Pero estas no fueron medidas aisladas. Durante los dos primeros Gobiernos peronistas se expandieron como nunca antes las escuelas técnicas secundarias, y se reemplazó el viejo Ministerio de Justicia e Instrucción Pública por el de Educación, otorgándole a esta cartera la debida jerarquía dentro del Estado. Además, se normalizó la carrera docente a través de la formulación de un estatuto en el año 1954. 
 
Como consecuencia de todas estas medidas se dio un fenomenal aumento de la matrícula universitaria, que pasó de 40.284 alumnos en 1945 a 138.871 en 1955.
 
El peronismo tiene mucho que decir, sobre su compromiso histórico con la Democracia, con la Justica Social, con la Educación y con la Universidad.
 
En todos los Gobiernos Peronistas se abrieron nuevas Universidades, demostrando que ninguna fuerza política ha hecho tanto por la Educación Superior al servicio de todo el pueblo, como el peronismo.
 
En los setenta se fundaría y consolidaría la más antigua de las universidades nacionales del Gran Buenos Aires, tan insólitamente cuestionadas por estos días, la de Lomas de Zamora (UNLZ). Un tiempo después se crearía la Universidad Nacional de Luján (UNLu), la de Jujuy (UNJu) en 1973, la del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UniCen) en 1974, y la de Mar del Plata (UNMDP) en 1975.
 
Desde aquellos lejanos años setenta, habría que aguardar más de veinte años para que se instituya una nueva universidad en este territorio. La Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), creada por la ley nacional n° 23748 de 1989. La ley inmediatamente siguiente, la 23749 del mismo año haría lo propio con la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), que iniciaría su primer ciclo lectivo dos años más tarde. En 1992 se crearían la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM, ley nº 24095) y la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS, ley nº 24082). En 1995 se establecería la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF, ley nº 24495), y mediante la ley inmediatamente siguiente, la Universidad Nacional de Lanús (UNLa, ley nº 24496).
 
Hacia finales de 2000, más precisamente en 2009 se asistiría a la fundación de cinco nuevas casas de altos estudios: la Universidad Nacional de Avellaneda (UNdAv, ley nº 26543); la Universidad Nacional de Moreno (UNM, ley nº 26575); la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), localizada en Florencio Varela (ley 26576), la Universidad Nacional del Oeste en Merlo (ley nº 26544) y la  de José Clemente Paz (UnPaz, creada por la ley nº 26577). 
 
Luego la Universidad Nacional de Hurlingham (UNaHur), creada mediante la Ley n° 27016 sancionada en noviembre de 2014 y la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) creada el 3 de Diciembre de 2014 mediante la Ley n° 27062, completarían esta idea de inclusión social y derecho a la educación, promovidas desde sus orígenes por el peronismo.
 
Además, en el año 2006, la Ley Nacional de Educación impulsada por el ex Presidente Néstor Kirchner, recuperó esta concepción de la educación como bien público y como derecho social, e incorporó como protagonistas relevantes a nuevos actores sociales, a la vez que incluyó una concepción ampliada de educación pública, dentro de la que se buscan articular la gestión estatal, la gestión privada y la gestión social o cooperativa, con una agenda de gobierno organizada en torno a un conjunto de ejes articuladores: calidad, pertinencia, inclusión, cercanía territorial e internacionalización.
 
Un año más tarde, y luego de que pasaran mucho tiempo desde aquel 22 de noviembre de 1949, cuando el presidente de la Nación, el general Perón, tomara esa extraordinaria decisión del Decreto N° 29.337, el Gobierno Nacional subsanó la “omisión” de ese “olvido” y declaró el 22 de noviembre como el “Día Nacional de la Gratuidad Universitaria”.
 
Mirada en perspectiva, esta política de expansión ha generado una verdadera transformación de la configuración del sistema. A diferencia de lo acontecido en el pasado, cuando la tendencia expansiva del sector universitario de gestión estatal estaba detenida. 
 
Los gobiernos peronistas y sobre todo entre 2003 y 2015 han hecho que el 3,5% de la población argentina estuviera en las universidades públicas y gratuitas.
 
En 2003, la cantidad de alumnos (tanto en universidades privadas como estatales) eran cerca de 1,5 millones, mientras que en 2015 esta cifra aumentó a 2 millones, y las matriculas de universidades públicas crecieron un 19 por ciento en esos años.
 
Según datos de 2014 y 2015 publicados en los informes del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) de la Universidad Privada de Belgrano, la proporción de alumnos universitarios cada 10 mil habitantes de la Argentina (436) es mayor a la de Brasil (380), Chile (361), Colombia (273) y México (285). En 2011, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, este indicador en ese país llegaba a 421, colocando entonces a la República Argentina como el país con mayor cantidad de alumnos universitarios cada 10 mil habitantes de toda Latinoamérica.
 
El Peronismo ha sido un compromiso con el ascenso social, no sólo a partir de una nueva redistribución material, sino  también, en el plano simbólico, cultural y social.
 
Pese a que durante largas décadas, la política universitaria del Peronismo permaneció en el olvido o fue tergiversada, y la gratuidad de la Universidad parecía un derecho emanado de la reforma de 1918, esto felizmente ha ido cambiando y la verdad histórica va emergiendo claramente.
 
El Peronismo defiende su orgullosa historia de compromiso con la Justicia Social y por ende con la Educación Pública, Gratuita y de Calidad, como derecho inalienable de los argentinos.
 
En tiempos donde algunos pretenden “olvidarlo”, y evitar hablar de los “derivados autoritarios” de los reformistas de 1918, es imprescindible recordar con orgullo, el Modelo Universitario del Peronismo.