Santa Fe, Martes 11 de diciembre de 2018

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22-11-2018

Política y Corrupción en Argentina

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A fines de este 2018 arrecia en nuestro país, la discusión sobre fotos de copias de cuadernos que registrarían dinero sucio para la política, robo de identidades para justificar dinero sucio para la política, tráfico de bolsos trasladando dinero sucio para la política, periodistas de distinta dignidad y referencia profesional, haciendo hincapié en esta problemática y denunciando a presidentes y a ex presidentas. Sin embargo, del triángulo que destroza la legitimidad de la política y la credibilidad popular en ella, solo se menciona y vitupera una de sus lados. La política, los políticos. Cuando en realidad los protagonistas de este flagelo se ubican en tres zonas lindantes pero distintas. Algunos políticos, varios medios de comunicación y muchos empresarios son las tres caras que describen el triángulo de la corrupción en Argentina

Para empezar podriamos decir que la corrupción no es “la política”. Son centrales a este problema también, ademas de parte de ella, los empresarios corruptos que ofrecen dinero a cambio de “favores estatales de gobierno”, y los dueños de medios de comunicación que hacen un fantástico negocio con los “dineros negros” de la política, que ellos mismos facturan como publicidad, abierta o encubiertamente.

Los demandantes gastos de marketing y consultoría, por los que los dueños de medios de comunicación y los proveedores de estos “servicios” presionan a “los políticos”, hacen que estos busquen desesperadamente esos fondos de mano de los empresarios, que se los otorgan a cambio de prebendas futuras. Un problema de tres partes, de tres lados, del que solo vemos uno, el más frágil, el más expuesto, el más transitorio, “la política”.

Esta reflexión no pretende ser una justificación de políticos corruptos ni una victimización por su “pobreza de recursos necesarios para la tarea”, pero si un intento de transparentar los intereses y “terminales” de quienes participan de este debate. Es necesario describir las acciones y responsabilidades de todos quienes transitan este “sistema” para que a la vez promovamos mecanismos, para la erradicación de sus prácticas y consecuencias.

La falta de control sobre el financiamiento privado de la política, la falta de topes al gasto de la política, y la posibilidad de “inversiones empresariales” en la política, son el marco que genera la corrupción, que obviamente y como decíamos, es sistémica.

Habitualmente escuchamos sobre la “lucha por la transparencia”, a un conjunto de “almas nobles” que en formato de ONGs profesionalizadas se interesan de modo filantrópico por el “bien común de la democracia”.Una sola pregunta debiera echar luz sobre la opacidad de estas ONGs ¿quién las financia? Se suele decir por ahí, “dime quien te financia y te diré para quien trabajas”.

La proliferación de estas ONGs globales es un dato contemporáneo. Llegó con la transformación de los medios de comunicación, que pasaron a ser controlados por grandes corporaciones con multiplicidad de intereses económicos, las que los utilizan como su vocería, y ya no como “tribunas de doctrina” , el formato con el que nacieron masivamente a finales del siglo IXX. Juntos, Medios y ONGs han impulsado un “sentido común global” que incita a la privatización de todo lo público, a la sospecha “militante” contra todo lo estatal y lo político, y a la “selección arbitraria” de la información que se difunde.

Mientras todo esto sucede, nuestro país tiene una legislación arcaica, tal vez premeditadamente, para poder atacar el origen de la corrupción.

La creación del “arrepentido” o de la “extinción de dominio”, nuevas figuras jurídicas de innegable “marketing de época” solo van sobre las consecuencias periféricas de la corrupción. El punto central de la corrupción está vinculado a otras preguntas anteriores a su materialización final como tal.

Algunas de esas preguntas son ¿por qué están permitidos aportes privados a las campañas electorales y gastos ilimitados en política? ¿No sería mejor un sistema donde todo el dinero de la política fuese solamente estatal, con un tope máximo que incluya la contratación de espacios de publicidad en vía pública, en redes e internet y en medios de comunicación audiovisuales? ¿Las redes sociales pueden estar fuera del control del financiamiento que las opera y de la función que las mismas cumplen en las campañas electorales?.

Después de que quedara clara la acción de Facebook y de Cambridge Analityca, robando datos de usuarios, para llenar sus redes personales de noticias falsas de uso electoral, ya no quedan dudas de que la utilización de internet y de las redes sociales, debe ser auditada en relación a su uso electoral. De hecho el ex director de Comunicación Digital del Gobierno, Guillermo Riera admitió reuniones de funcionarios del Gobierno Argentino, a comienzos de este año, en las oficinas de Washington de Mark Elliot Zuckerberg, el altruista dueño de Facebook y Whats App. La búsqueda de la utilización en Argentina de WhatsApp Business y WhatsApp Enterprise, dos interfaces destinadas a manejar grandes volúmenes de datos, creadas especialmente para las empresas y utilizadas recientemente en Brasil por Jair Bolsonaro, es una obsesión admitida por Cambiemos.

Argentina necesita un presupuesto público especifico y único para el accionar politico y electoral. Fijado por el Congreso Nacional en la Ley de Presupuesto, evitaría una serie de delitos que pueden darse en el formato actual, que van desde el incumplimiento de los deberes de funcionario público hasta el lavado de dinero.

Tendríamos fondos distribuidos de modo democrático y público, entre todas las fuerzas políticas y con asignaciones específicas para la capacitación de los futuros administradores estatales, formados en el marco de lo que la constitución prevé para ello, los partidos políticos, no los think thank corporativos.

Un sistema que tendría puntos de contacto con experiencias de otros países como Alemania, que destina fuertes sumas estatales a la formación de sus futuros dirigentes. Un nuevo sistema, claramente constitucional y democrático, y mucho más legítimo, que las iniciativas de cualquier ONG financiada por empresas y embajadas extranjeras. ONGs que por otro lado nada cuestionan del financiamiento privado de la política, probablemente porque parte de ese “sponsoreo” ingresa a sus “contabilidades”. Además, este nuevo marco, produciría un cambio cultural, ajeno a consignas de escasa calidad conceptual y a oscuridades ocultadas.

El sistema que aquí se propone, auditado por un consejo federal de universidades y por una comisión bicameral parlamentaria, evitaría la circulación de sospechosos dineros empresariales, y el uso malicioso de internet y redes sociales, situaciones que empujan a generar corrupción, para financiar el elevado costo de su financiamiento, muchas veces secreto. Si además de estas restricciones se aplicasen topes a los gastos de campaña, tendríamos un sistema político de “costo previsible”, “transparencia de gestión” e “igualdad de oportunidades”. Tres valores de los que nuestro sistema político hoy carece.

Argentina necesita un cambio legislativo y conceptual y seria deseable aprovechar que hoy se debaten en el Congreso Nacional, modificaciones a la legislación que regula estos temas, básicamente a dos de las leyes que lo hacen.

La Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos N° 26.215,que debiera ser actualizada para contener claramente la obligatoriedad del financiamiento pura y totalmente estatal de la actividad política y partidaria, de las campañas electorales y de la contratación y uso de sistemas tecnológicos vinculados a internet y redes sociales.

Y la Ley de Ética Publica N° 25.188, que también debe modificarse y modernizarse. Sus incompatibilidades y restricciones son claramente obsoletas. Es necesario plantear entre sus modificaciones que todas las personas que pretendan ocupar cargos públicos estatales no puedan tener participación accionaria en empresas contratistas del Estado ni patrimonio en guaridas fiscales en el exterior. Los negocios deben ir por un lado, y la administración de lo público por el otro.

El mejoramiento de los procedimientos estatales de control y fiscalización de prácticas sospechables de corrupción no puede ser una puesta en escena que solo avance sobre “la política” y sobre el hecho consumado de la corrupción producida, desconociendo el origen y el uso posterior de esos dineros, donde “la política” solo funciona de pasamanos. Debe tener carácter preventivo y debe tener respuestas claras y sencillas para con “la política”, pero también y centralmente poner luz sobre los promotores y en muchos casos corruptores de la dirigencia política. 

Las medidas destinadas a mejorar y erradicar esta situación deben estar centralmente vinculadas en alejar a la política del financiamiento empresarial, a ponerle tope al flujo ilimitado de recursos en marketing y publicidad, y a controlar el uso malicioso de redes sociales e internet.

El formato actual de la Argentina, promueve de hecho un sistema político de millonarios y empresarios como el estadounidense. Ese no es un modelo de democracia, donde debiésemos mirarnos. Argentina ha hecho un culto elogiable de la movilidad social ascendente, y de la participación en política de todos los sectores sociales.

Tal vez no estén de acuerdo con estas ideas algunos dueños de medios de comunicación y agencias publicitarias, beneficiarios directos, a través de la contratación de sus empresas y servicios, de los ingentes dineros de la corrupción utilizados por la política, y tampoco muchos empresarios corruptos, proveedores de dineros mal habidos que condicionan la acción política y estatal, a través del financiamiento de acciones y campañas electorales, para reclamar luego, el “retorno de su inversión”, a través de contrataciones estatales irregulares, o negociados cautivos de regulación estatal.

La democracia es muy importante para dejarla en manos de los ricos, de las élites y de los medios de comunicación. Ese formato no merece elogios.