El lunes 8 de junio el Presidente Alberto Fernandez, anunció la intervención estatal de la agroexportadora Vicentín Sociedad Anónima Industrial y Comercial, en convocatoria de acreedores, con varios pedidos de quiebra, y con una sospecha cierta de vaciamiento empresarial premeditado. Anunció además la expropiación futura de la misma y su transformación en una Sociedad Anónima de Participación Estatal Mayoritaria.

 

El viernes 12 de junio el Ministro de Economía Martín Guzmán, adelantó que los acuerdos de confidencialidad firmados en el marco de las negociaciones para reestructurar la deuda de casi 70 mil millones de dólares, emitida bajo legislación extranjera, se extenderán hasta el martes de la semana próxima, de modo que “las conversaciones con los acreedores continuarán también hasta esa fecha”.

 

La extensión de la fecha de cierre también se postergo junto al acuerdo de confidencialidad firmado por las partes. Esta vez hasta el 19 de junio, tres días más allá, para poder encontrar un cierre definitivo, varias veces postergado, el próximo viernes.

 

En el medio de esos anuncios “pasaron cosas” como solía decir el presidente anterior.

 

Vicentín

 

La llegada de los interventores designados por el Gobierno Nacional el martes pasado a Avellaneda, sede fundacional de Vicentín Sociedad Anónima Industrial y Comercial, fue caotizada por el intendente Dionisio Scarpín y sus “movilizados”. Dionisio es hijo de otro ex intendente Scarpín, su padre Delki, quien ingreso a la gestión del Municipio de Avellaneda de la mano de otro ex intendente de la ciudad, Máximo Vicentín. Ante la pregunta de un cronista llegado desde Buenos Aires, sobre la ausencia del grueso de los empleados de Vicentín en la protesta, un vecino que observaba la manifestación contestó con ironía “muchos empleados están presentes, por ahí anda el intendente”.

 

Finalmente, el miércoles 10 de junio la comitiva interventora encabezada por el subinterventor Luciano Zarich ingresó a la sede administrativa de la empresa en Avellaneda. Hubo una reunión con las autoridades de la agroexportadora en la que se firmó el acuerdo de traspaso para el control estatal transitorio de la Empresa. En muchos observadores causo sorpresa la austeridad de las oficinas de Vicentín en Avellaneda reflejadas en las fotos de la reunión. Algunos quisieron hacer de eso una campaña publicitaria sobre la “austeridad de la firma” cuando en realidad la Sede Política Real de la Empresa hace mucho que no está en Avellaneda.  La lujosísima Torre Nordlink en Puerto Norte, una zona exclusiva de Rosario “copiada” de Puerto Madero, era la Sede de Operaciones de los Hermanos Nardelli & Compañía. Ese lugar se vació, al igual que la empresa, a fines de 2019.

 

La aceptación pacifica de la intervención era una condición innegociable para que el Presidente Fernandez y el Gobernador Perotti recibieran a Nardelli en Olivos ese mismo miércoles, en el medio de una furiosa operación mediática destinada a descalificar la intervención y la expropiación, auspiciada por las empresas “a las que les interesa el país”.

 

A medida que se conocen los detalles de la “Operación Vicentín” el asombro por la impunidad de su accionar crece. Tres datos son esclarecedores:

 

Entre el 2 y el 21 de noviembre, el Banco Nación le otorgó 28 préstamos a Vicentín. Son el 40% del total de créditos que recibió la empresa, cuando ya se conocía que ni el Directorio del Banco Nación ni el Presidente Macri seguirían en funciones y además que Vicentín, estaba en cesación de pagos.

 

El 2 de diciembre de 2019, Vicentín Paraguay, integrante del Holding Vicentín Family Group, dice haber vendido el 16,67 % de sus acciones en la empresa Renova a su socia, la multinacional suiza Glencore. No hay datos de esa operación, ni ingreso dinerario alguno, registrado en los papeles del Holding.

 

El 3 de diciembre, un apoderado de Vicentín creó Nacadie Comercial de Argentina para complementar a Nacadie Uruguay y las dos Nacadie en Panamá. “Nacadie Comercial S.A.” de radicación en el extranjero es la empresa a la que Vicentín dice deberle 2.164 millones de pesos. Sin embargo, Nacadie Argentina, su socia local, figura con domicilio postal en calle Boulevard Hipólito Irigoyen 298, Reconquista, el mismo domicilio del frigorífico Friar, integrante de Vicentín Family Group y ya concursado en el lejano 1999, para no pagar sus acreencias.

 

Después de fugar los 28 créditos del Banco Nación de noviembre 2019, y desaparecer también el “supuesto ingreso” por la venta de las acciones de Renova a Glencore, Vicentín comunico formalmente el 5 de diciembre, la cesación de pagos a 2.638 acreedores por 1.350 millones de dólares bajo el ofensivo termino de “estrés financiero”.

 

Muy probablemente las offshore Nacadie sean el lugar de resguardo de esos dineros “ausentes”, para preservar el “futuro familiar”.

 

Mientras tanto el jueves 11 de junio la Unidad de Información Financiera (UIF) acusó formalmente ante la Justicia Federal a la empresa Vicentín, de haber simulado su situación de cesación de pagos para fugar y lavar dinero en el exterior e involucró en las supuestas maniobras al ex mandatario Mauricio Macri, al ex presidente del Banco Central, Guido Sandleris; al ex titular del Banco Nación, Javier González Fraga; y a los directivos de Vicentín, Alberto Padoan y Gustavo Nardelli. El organismo pidió se lo considere querellante y solicitó la inhibición de bienes de los mencionados.

 

El escrito señala “Existen indicios que nos permiten sostener que Vicentín no solo habría simulado su estado de cesación de pagos, sino que, a su vez, habría utilizado su estructura en el exterior y/o la de Glencore para remitir sus ganancias al extranjero. Vicentín SAIC no es una isla, sino que forma parte de una red corporativa que incluye 16 firmas en el país y otras tantas en Uruguay, Paraguay, Brasil, España y Panamá”.

 

Por otro lado, avanza la creación de la Comisión Bicameral Investigadora de las relaciones crediticias entre el Banco de la Nación Argentina y la Empresa Vicentín, proyecto presentado por el Senador Oscar Parrilli a fines de abril, y dictaminado favorablemente en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado el último viernes 12. La comisión Bicameral tendrá, de acuerdo a la propuesta, seis senadores y seis diputados y dispondrá de un plazo de 18 meses para investigar, prorrogables por otro semestre. Se proponen allí 17 puntos de investigación. Entre ellos, el otorgamiento del Banco Nación de 18 mil millones de pesos a Vicentín, las responsabilidades de las autoridades del banco público y la UIF en la operatoria, el destino de los fondos otorgados, los perjuicios económicos a productores, y la posible estafa a los acreedores.

 

Mientras tanto la Intervención busca dineros e inversores para mantener a Vicentín operativa, y sostener los casi 4 mil puestos de trabajo vinculados, buscando asimismo una estrategia de rescate que permita el pago a los 2600 productores y acopiadores, muchos de quienes pertenecen a pequeñas localidades, que se transformarían en pueblos fantasmas si Vicentín no paga sus acreencias y no puede mantener operativa sus plantas. Tan solo como ejemplo, en el Departamento Castellanos en Santa Fe, la tierra del Gobernador Perotti y sólo por compra de granos la deuda asciende a 180 millones de pesos con pequeños productores de localidades tan disimiles como Aurelia, Vila, Ataliva, Humberto Primo o Fidela, todas con menos de 5 mil habitantes, y organizadas económicamente alrededor de la producción agropecuaria.

 

Deuda que sí, Deuda que no

 

Aun a mediados de junio, la República Argentina no ha podido darle un cierre formal como se preveía al complejo proceso de renegociación de su deuda emitida en sede extranjera. Sin embargo, es necesario analizarlo de una manera muy distinta a otras renegociaciones de deuda del pasado reciente, con un escenario diferente, con un acreedor principal, el FMI, que ofrece su “colaboración” para asegurarse su cobro sobre la reducción de las ganancias previstas por los bonistas, con estrategias de pago propuestas bastante novedosas y con la intervención de “apoyos globales” que van desde Joseph Stiglitz al Papa Francisco, además de “amicus curiae” institucionales como el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, amigo confeso de Larry Fink, el capo de Black Rock.

 

El transcurso del tiempo y la falta de cierre formal no parece una buena noticia para nuestro país, por lo menos a priori. A diferencia de 2005, cuando llevábamos casi cuatro años en formal default, hoy Argentina no ha declarado formalmente el default más allá de incumplir el pago del cupón de 503 millones de dólares vencido recientemente y cobrado por los tenedores, pero a partir de activar sus seguros de default contratados en la banca estadounidense.

 

La voluntad expresa del Estado Argentino de pagar y el escenario de catástrofe económica que genera la pandemia de COVID-19 alrededor del mundo, son elementos que ayudan al optimismo, que de todos modos no es eterno.  Hace 15 años todo estaba centrado en la renegociación encabezada por Kirchner de la deuda con los acreedores privados. Hoy, a eso se suman necesidades de acuerdos explícitos no solo con los bonistas sino también con el FMI y el Club de París mientras se mantiene un difícil equilibrio con muchas provincias endeudadas en el exterior, con vencimientos a la vista, de imposible cumplimiento.

 

Otra ventaja relativa de estos tiempos, es que actualmente y después de las decisiones sobre deuda soberana tomadas por Naciones Unidas en 2015, a instancias de Argentina, se ponen en funcionamiento las cláusulas de consenso o “anti-buitres”, que indican que si la negociación es aceptada por más del 75% de los tenedores de un bono, la negociación se tomará como exitosa y cerrada, por lo que quienes queden afuera no podrán luego llevar adelante acciones legales en tribunales judiciales reclamando cobrar otro valor por sus acreencias que los acordados. Esto reduce el margen de acción de los Fondos Buitre, y además su estrategia de comprar papeles en default en muy bajo precio y luego litigar en distintos tribunales en el mundo hasta cobrar la totalidad, no parece hoy un buen plan, en un mundo cargado de incertidumbres económicas post pandemia.

 

La aparición de nuevos apoyos, no muy significativos desde el punto de vista económico, pero si desde el político, refuerzan la idea de intentar discutir más profundamente la relación entre finanzas y países en un futuro cercano, discusión de la que Argentina pretende ser un “leading case”.

 

En aquel lejano 2005, muchos de nuestros acreedores eran bonistas minoristas, jubilados japoneses, italianos y alemanes que no conocían bien las reglas del capitalismo financiero internacional y que serían estafados por este años después. Hoy este tipo de tenedores de deuda argentina, no parece ser el actor central de nuestros acreedores.

 

Fondos como Black Rock, Templeton o Fidelity son quienes poseen el grueso del capital a renegociar. Así, esta es la diferencia y el problema central. La “oligopolización” de los bonistas, valga el neologismo, es una posibilidad y un riesgo grande, si no se avanza en un acuerdo que no parece tener tantos jugadores dispersos como en 2005.

 

La cláusula de confidencialidad vigente no permite saber, cuánto del total tienen algunos de estos Fondos o el acuerdo entre ellos. Si uno de ellos o un acuerdo de dos o de varios tuviese el 40% de los bonos a renegociar, estaría en condiciones de trabar todo el proceso, más allá de la opinión de los restantes.

 

Las cartas que intenta jugar nuestro país para evitar este bloqueo son varias, pero sin dudas las dos más importantes son, la intervención del FMI y la negociación desde múltiples lugares con Black Rock.

 

Hoy Argentina es beneficiaria y víctima de sus propias iniciativas. Las cláusulas de consenso le permiten evitar los “residuales buitres” pero a su vez condicionan quitas muy agresivas como las de entonces, ya que, si lo fueran, con que solo el 40% no las acepte, no habrá acuerdo.

 

El gobierno y sobre todo Martin Guzmán navegan estos mares turbulentos, gritando a cada paso aquella vieja gran idea de que “los muertos no pagan” y pidiendo que “si nos dan más tiempo podremos pagarle, ya que nuestro problema no es de solvencia sino de liquidez”.

 

El nuevo plazo anunciado este viernes 12 de junio y publicado como Resolución 282/2020 por el Ministerio de Economía en la edición digital del Boletín Oficial se suma al anuncio del Ministro Guzmán anticipando una mejora de la oferta que será “muy modesta” en términos de baja de capital y “sostenible” en el tiempo en el capítulo intereses.

 

Queda poco tiempo y no alcanzará con hablarles con el corazón, es obvio que nos contestarán con el bolsillo. El viernes 19 sabremos donde estamos parados.