Cuando todavia no se acallan los ecos de la renegociación de deuda externa con tenedores privados de sede extranjera, la que Argentina decidió pagar sin cuestionar, en una negociación tan necesaria como modesta, el señor Roberto Lavagna reapareció en escena. Como vocero ad hoc de lo peor del empresariado argentino, nos informó de la solicitud de destrucción de la legislación protectora de los derechos de los trabajadores, como condición para “nuestro despegue”.

 

La voracidad de nuestra burguesia offshore es insaciable y las apelaciones al dialogo son absolutamente insuficientes, si no se complementan con la firme decisión de poner en marcha acciones explicitas de justicia fiscal, que por ahora no están en ninguna agenda real, más allá de las redes sociales. El Fuego Amigo proviene desde allí, desde quienes dicen ser aliados del Gobierno pero lo presionan a dinamitar su base social.

 

Argentina se diferencia de otros países latinoamericanos por dos temas centrales, la legislación protectora de los derechos de los trabajadores y la educación superior universitaria gratuita. Estas dos herencias del peronismo, el poder de los sindicatos y el acceso irrestricto a la educación superior, son los dos apotegmas que han permitido la movilidad social ascendente de nuestro pueblo y que han obsesionado en su odio de clase al antiperonismo en los últimos 75 años. La pretensión de contar con un pueblo sumiso y dispuesto a reproducir por siglos la desigualdad social, es un tema al que no renuncian estos señores, y las atrocidades de los gobiernos que han promovido, son su aporte a una “Argentina Mejor”.

 

Las declaraciones de Roberto Lavagna no parecen casuales y se suman a un sin número de expresiones que pretenden tomar por asalto la agenda del Gobierno Argentino. Algunas son de carácter económico y muchas otras son de carácter geopolítico. Desde el elogio al FMI hasta la desmesurada reacción descalificadora a la Federación Rusa, cuando anuncio el registro formal de su vacuna contra el COVID-19, hay un plan visible que apunta en esa dirección.

 

La discusión sobre el COVID-19 y sus formas de tratamiento científico médico, entre la “opción poco seria” de Rusia y la “gran alternativa” de un negocio entre privados de una vacuna que no existe, puso de nuevo bajo la luz la bochornosa vigencia del anexo 1 del ANMAT, redactado por el gobierno de Carlos Menem a instancias de la embajada estadounidense y los laboratorios farmacológicos de sus países aliados, que impide aun hoy en Argentina, la comercialización de medicamentos que no provengan de esas empresas.

 

Ni la Federación Rusa, ni la República Popular China, ni la República de Cuba, de probados pergaminos en ciencia y tecnologías de medicamentos, pertenecen al selecto grupo de los países “habilitados” por el anexo 1 para participar en el debate sobre la producción de productos farmacológicos por estas tierras. Este nivel de colonialismo científico ya resulta intolerable para un país como la Argentina, con sus pergaminos científicos históricos y presentes, Premios Nobel incluidos.

 

Sumado a esto, la polémica decisión del gobierno argentino de permanecer en el Grupo de Lima, un organismo sin ninguna validez jurídica multilateral, diseñado por el Departamento de Estado de Donald Trump para someter a la región, les da impulso a los propagadores del Fuego Amigo por Derecha, para seguir presionando al Gobierno, en una dirección ajena, a lo que gran parte de sus votantes suponen y aspiran.

 

El discurso y la acción

 

La construcción de una “semiótica del sentido común”, como bien dice Fernando Buen Abad, es una de las tareas centrales de los sectores dominantes de nuestra sociedad. Hoy aparece más vigente que nunca y todo aquello que promueva el lucro privado, la perdida de derechos de los trabajadores, la baja de prestaciones previsionales y la disminución del mal llamado “gasto público” aparece enunciado como “serio y responsable”. En cambio, todo lo que impulse medidas destinadas a promover políticas públicas de justicia fiscal, para financiar acciones y programas de justicia social, aparece presentado como retrogrado, populista y atentatorio de la seguridad jurídica.

 

La disputa por el lenguaje es también un dato muy importante de lo que se juega y las políticas al respecto del gobierno nacional, no se observan a primera vista.

 

Los militantes del sella grietas mientras tanto, miran azorados como los actores y voceros de la dependencia colonial de nuestro país, no se inmutan ante pandemias, muertes o demandas humanitarias de ninguna naturaleza y solo repiten como un mantra inalterable, aquello de que solo la defensa irrestricta de la propiedad privada y de la ganancia de los ricos, derramará bienestar sobre los humildes, alguna vez.

 

Mientras los trabajadores y los pequeños empresarios, comerciantes y profesionales, ven arrasados sus ingresos y sus vidas por la pandemia, los beneficiarios de este “orden natural de la desigualdad” son cada vez más ricos.

 

La idea de pensar que la buena letra y la “comprensión” de la agenda de los poderosos generara buenas noticias para el pueblo argentino, ya es un concepto que solo puede ser defendido por gente con un alto grado de confusión, o con una connivencia con la desigualdad, no asumida públicamente, por cálculo de conveniencia personal.

 

Poder que no se ejerce pierde potencia, decía un viejo apotegma del nacionalismo argentino. La apelación unilateral al acuerdo voluntario de los sectores más concentrados de nuestra economía para que se comprometan con una agenda de justicia social por propia voluntad, fracasa semana a semana.  

 

Como ya nos dijera Adam Smith, el carnicero no será benevolente, no le interesa serlo.  

 

Ya es absolutamente obvio.