El gravísimo desborde policial de esta semana contó con rápidos reflejos del presidente Alberto Fernández, que decidió intervenir de modo directo, entendiendo que más allá de la característica eminentemente provincial del ilegal reclamo de los uniformados, el efecto contagio y la vocación intolerante de la dirección de la oposición mayoritaria, hubiera producido una crisis de dimensiones imprevisibles, en un escenario de fragilidad sanitaria, social y económica.

 

La actitud presidencial tuvo un claro contenido político de apoyo al Gobernador Kicillof, y de respuesta institucional dirigida a calmar las ansiedades de la población que habita el territorio donde se registra el mayor respaldo político y numérico al Frente de Todos.

 

El fantasma de las similitudes iniciales, con los acontecimientos que derivarían en el Golpe de Estado a Evo Morales encendió luces rojas en Olivos. El recuerdo de las consecuencias, aun irreparables políticamente, de la ausencia del gobierno nacional ante la revuelta policial de Córdoba en 2013 hizo el resto. El Gobierno de Alberto Fernández tomó a su cargo la resolución de la situación.

 

Antecedentes

 

El 14 de noviembre de 2013, la "fase preparatoria" de la sedición policial cordobesa comenzaría a través de mensajes de texto de teléfonos móvil. Cuatro días después el plan se lanzaría con esposas y familiares frente a la sede de la policía.

 

Pasarían días de organización conspirativa y en la madrugada del 3 de diciembre, un centenar de policías estacionados en la sede policial de Barrio Cerveceros, en el sudeste de la capital cordobesa lanzarían públicamente su proclama sediciosa.

 

Con el gobernador ausente de la provincia y el gobierno nacional no muy interiorizado de lo que sucedía, el conflicto se agudizó. En horas del mediodía, ya eran más de dos mil los efectivos acuartelados. De la Sota por esos días viajaba a Colombia a un encuentro internacional de gobernadores. 

 

En horas de la noche los saqueos y robos se multiplicaban en las calles afectando a comercios y supermercados de distintos barrios, viviendo la población, las horas más trágicas desde los saqueos de 2001.

 

En los hospitales en la ciudad no se daba abasto ante la gran cantidad de personas ingresadas con heridas de armas blancas y de fuego, además de accidentados. Debido a la situación, se suspendió el transporte público y los bancos y las estaciones de servicios cerraron.

 

El “efecto Córdoba”  se extendería rápidamente a veinte provincias del país, donde las fuerzas policiales entraron en paro y sedición y el efecto dominó de los saqueos se extendió ante la ausencia de policías, y de respuesta política.

 

Después de casi dos días de saqueos, violencia y destrozos, en el mediodía del 4 de diciembre el gobernador José Manuel de la Sota anunció, después de cuatro reuniones, un acuerdo con los policías acuartelados y volvieron a patrullar las calles.

 

La ausencia política y simbólica del gobierno nacional, enemistado entonces con De la Sota, seria una mochila llena de piedras para el peronismo nacional que llega a estos días. Los magros resultados electorales desde entonces a pesar de tener hace muchos periodos un gobierno justicialista a la cordobesa, son atribuidos por muchos analistas, a estos episodios.

 

Aquel Secretario de Seguridad de la Nación es el mismo que hoy gestiona el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Imputado en mayo de 2019 por la fiscal federal N°3, Graciela López de Filoñuk, por la falta de asistencia a la Provincia de Córdoba durante el amotinamiento de policías en Diciembre de 2013, la cusa no ha avanzado demasiado.

 

La decisión de Olivos

 

El recuerdo y el aprendizaje de 2013 incidió en la actitud de Fernández al decidir trasladar el conflicto desde la ciudad de La Plata hasta el interior de la Quinta de Olivos por su propia voluntad, y ofrecer asistencia financiera de las arcas nacionales, no de las de la ciudad autónoma de Buenos Aires, a la Provincia de Buenos Aires.

 

Esta decisión valiosa y positiva del presidente Fernández, cuestionada insólitamente por el Intendente de la Ciudad de Buenos Aires, pomposamente llamado Jefe de Gobierno, puso nuevamente luz, sobre el siempre viejo y meneado asunto del Federalismo.

 

Unitarios y Federales

 

Son muchos los gobernadores que cuestionan que la Nación se queda con recursos que son de las provincias. La ley vigente, nunca actualizada a pesar de la manda constitucional de 1994, efectivamente establece que el 34% del total de lo recaudado debe ser coparticipado a las provincias.

 

El porcentaje actual que se coparticipa, según las fuentes consultadas, es el resultado de calcular la coparticipación sobre el total recaudado, incluyendo lo que proviene de la seguridad social. Como casi todos los debates, el porcentaje que se coparticipa se puede calcular de diferentes maneras, pero la cláusula que rige el cumplimiento de la garantía del 34% (art. 7 de la Ley 23.548) no incluye los recursos pertenecientes a la seguridad social, sólo a aquellos recaudados por la Administración Central.

 

Mas allá de esta justificación del Estado Nacional, el porcentaje de la recaudación que se coparticipa es bastante más bajo hoy que en los ’90. Esto se debe a que los impuestos que más crecieron no son coparticipables, lo que se tradujo en un ascenso mayor de los recursos tributarios del Estado Nacional respecto de los provinciales.

 

Además, las nuevas imposiciones que presentaron un mayor crecimiento relativo en el periodo 2002-2019 no son coparticipables o se coparticipan sólo parcialmente. En esa lista destacan derechos de exportación y el impuesto a los débitos y créditos bancarios.

 

En 1997, se coparticipaba el 53% de los recursos fiscales. Hoy esa cifra no alcanza el 38% actual. La evaluación de las cifras no incluye apoyos o rechazos políticos vinculados a la enumeración de estas. Valga la aclaración.

 

El “Teorema de Baglini”, aquel que señalaba que la rebeldía con lo existente y la convicción ideológica eran inversamente proporcionales a la cercanía con el poder, no rige solo para esa distancia, sino que parece regir también, para el compromiso con el federalismo fiscal.

 

Cuanto más lejos se está de acceder al Gobierno Nacional más Federalismo se proclama. Una vez en Olivos, para muchos gobiernos, las provincias se transforman en “política exterior”. Gobiernos que ven a la General Paz como su límite conceptual, geográfico y fiscal.

 

El Futuro del Federalismo

 

Poco discutido en los medios de comunicación y la comunidad política desde esa perspectiva, la decisión de Alberto Fernández adquiere más valor en relación con los antecedentes cercanos.

 

Dar por terminada la complicidad con las arbitrariedades fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, emitir un gesto claro de compromiso y responsabilidad hacia la Provincia más habitada y vulnerable del País y poner de nuevo en debate el Federalismo son acciones muy elogiables.

 

El puntapié inicial esta dado. Es la hora de los gobernadores. Los que deben velar por la custodia de sus poblaciones y sus recursos.  

 

La seguridad es una política publica que debe ser federal y su financiamiento también debe serlo.