Con todavía el escrutinio definitivo sin terminar y admitido – por propios y enemigos – el portentoso triunfo del MAS encabezado por Luis Arce y David Choquehuanca, la elección del Estado Plurinacional de Bolivia del 18 de octubre de 2020 deja mucho material para el análisis y la reflexión.

 

Desde la resistencia inicial a la articulación de alianzas transitorias para volver a tener elecciones, hasta la decisión de Evo Morales y Álvaro García Linera de admitir participar electoralmente a pesar de la proscripción ilegal, la estrategia de poder del Movimiento al Socialismo demostró una consistencia que bien podría ser imitada por fuerzas políticas afines de otros países, mucho más entretenidas en justificar conspiraciones ajenas que en la falta de discusión de los errores propios.

 

La fuerza político-social liderada por Evo Morales tuvo la sabiduría y la capacidad de poner por delante lo primordial más allá de lo justo, y desde el primero de enero de este año se dio una estrategia para intentar llegar a este final feliz.

 

La colaboración explícita del Gobierno de México, liderado por Andrés Manuel López Obrador, y del Gobierno de Argentina, presidido por Alberto Fernández, fue factor primordial también no solo por salvar la vida de Evo y de Álvaro, sino para transmitir al interior de Bolivia el mensaje político claro de que en la lucha por recuperar la democracia y la dignidad, el pueblo boliviano no estaba solo.

 

La primera gran jugada política del MAS fue construir un acuerdo reservado con el Tribunal Constitucional Plurinacional y con su presidente Paul Enrique Franco Zamora, logrando que aquella tarde del 15 de enero de 2020, y sorprendiendo al Gobierno de Facto, el Pleno del Tribunal Constitucional Plurinacional emitiera una DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL que condicionó para siempre la pretensión del gobierno golpista de perpetuarse en el poder. Aquella declaración 0001/2020 resuelta en Sucre, obligaba a que dentro del año 2020, con el plazo máximo del 31 de diciembre del corriente, esté normalizado el país, electo el nuevo gobierno y asumidas las nuevas autoridades. El gobierno de facto de Añez no tuvo poder para intentar anularla ni modificarla, y el reloj de su salida comenzó a correr.

 

Luego siguió la estrategia llevada adelante magníficamente por la presidenta del Senado, la Trabajadora Social de El Alto, Eva Copa, pegando y negociando, y haciendo que el Gobierno de Facto admitiera la imposibilidad de disolver la Asamblea Plurinacional, y por ende tuviera que discutir el futuro allí con el MAS, que ostentaba una mayoría abrumadora de clara potencia institucional.

 

Luego vendría la recomposición del Tribunal Superior Electoral, que pondría a su cabeza a Salvador Romero. Romero, un jurista boliviano que demostró firmeza, templanza y eficiencia para llevar a puerto el barco que llevaba a bordo la recuperación de la democracia, y la recuperación de la dignidad del pueblo boliviano, es un viejo conocido de esa institución. Ya se había desempeñado en este mismo Tribunal desde 2004 a 2008, y fue él quien organizó las elecciones de 2006 que depositaron por primera vez a Evo Morales en el Palacio Quemado. El gobierno de Facto lo consideró erróneamente un personaje fácil de manipular y a su servicio. El tiempo demostraría que el compromiso  de Romero con la democracia, aún en circunstancias muy difíciles, era cierto y verificable en hechos.

 

En este racconto merece destacarse también, y con mucho énfasis, el rol que cumplieron Evo Morales y Álvaro García Linera. Evo, desterrado, perseguido y con su familia humillada y amedrentada, puso por delante los intereses del pueblo boliviano por sobre su propio rol e impulsó férreamente la imprescindible unidad del MAS para afrontar este desafío. Álvaro García Linera, tal vez el mayor intelectual de nuestro continente en la actualidad, asumió con una humildad propia de personalidades de su tamaño histórico, el rol de colaborador con la epopeya boliviana de volver millones. Su maravillosa «LUCHAR, VENCER, CAER, LEVANTARSE Y VOLVER A LUCHAR», siempre estuvo presente en la cotidianeidad de la incesante pelea del pueblo boliviano por retomar a su felicidad.

 

La impresentable presidenta de facto, su ministro de salud ladrón de respiradores en medio de la pandemia, y el inefable y patético ministro de persecución y muerte oriundo de Cochabamba, no merecen ser nombrados aquí, en esto que pretende ser una crónica de la dignidad y la lucha.

 

El Departamento de Estado fracasó rotundamente por cuarta vez en nuestra región. No puede hacer de Guaidó otra cosa que un payaso en gira. No logró evitar la llegada de Andrés Manuel López Obrador al Gobierno de México, ni pudo hacer reelegir a Mauricio Macri a pesar de una campaña inédita de 40 mil millones de dólares de costo, que no debería pagar el pueblo argentino. El fin de semana pasado tampoco pudo hacer que el golpe boliviano tuviera “herencia electoral”.

 

Tal vez es hora de que la dirigencia de nuestra región piense con cabeza geopolítica autónoma, y no con agenda de ONG, qué tipo de gobierno estadounidense nos conviene que habite en Washington.

 

La corrección política indica que los anhelos de las minorías étnicas de Nueva Jersey y sus posiciones electorales deben representar nuestros intereses regionales. Esa mirada es, por lo menos, insuficiente para representar nuestros reales intereses.

 

De hecho, la destrucción de la primera ola populista de América Latina tuvo como conspirador principal al bueno de Obama y a sus think tanks progresistas.

 

La UNASUR se consolidó con George Bush hijo en la Casa Blanca. Este reverdecer incipiente lo tiene a Donald Trump en Washington. Dos inútiles, dos republicanos.

 

Antes de pensar lo que le conviene a los estadounidenses, hay que pensar qué nos conviene a los latinoamericanos. Es una pregunta incómoda, pero es imprescindible formulársela.