18-02-2010
La Información no Debe ser Perseguida ni Ocultada
En el día de hoy, la Legislatura Santafesina dio un fuerte respaldo político a la libertad de expresión, al aprobar por unanimidad un Proyecto de Declaración, autoria del Diputado Marcelo Brignoni, que respalda formalmente la necesidad de dejar de perseguir en esa provincia, a periodistas a quienes se les imputó, el delito de calumnias e injurias en juicios que se sustancian con anterioridad a la vigencia de la recientemente sancionada Ley que los despenaliza. La norma, aprobada por unanimidad por el Senado Nacional el 18 de Noviembre de 2009, avaló un Proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional, en defensa de la Libertad de Expresión
La iniciativa que ahora destaca la Legislatura Santafesina, había sido elogiada ya por instituciones como El Comité para la Protección de los Periodistas, entidad internacional con sede en Nueva York, que había señalado que “…la despenalización de los delitos de calumnias e injurias convertida por el Congreso Argentino, es un paso importante hacia el avance de la libertad de expresión en ese país, y marca un hito en la campaña para despenalizar la difamación en América Latina…”, a través de un comunicado en inglés y en castellano firmado por el coordinador del programa para las Américas de ese organismo, Carlos Lauría
El miércoles 18 de Noviembre de 2009, la Cámara Senadores aprobó por unanimidad el proyecto del Poder Ejecutivo que despenaliza los delitos contra el honor establecidos en el Título II del Código Penal Argentino. La norma dispone la adecuación de "los parámetros internacionales y constitucionales en términos de libertad de expresión". El proyecto modifica varios artículos (del 109 al 117) de la Ley 11.179, en el Título II de Delitos contra el Honor, y plantea modificaciones fundamentalmente en los artículos 109 y 110 del Código Penal relacionados con las calumnias e injurias.
En el año 2000, el periodista Eduardo Kimel, fallecido hace pocos dias, fue condenado s un año de prisión y sanciones patrimoniales, por criticar la actuación del juez Guillermo Rivarola en la investigación de la Masacre de San Patricio, en 1976. En 2008, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le exigió al Estado argentino dejar sin efecto la condena, indemnizarlo, reconocer su responsabilidad en un acto público y “adecuar en un plazo razonable su derecho interno” a la Convención Americana de Derechos Humanos. Once meses después, sólo se cumplió la reparación económica.
Brignoni señaló “…desde última semana de Marzo de 2009, venimos bregando para que la Legislatura de Santa Fe, adhiera políticamente a la modificación del Código Penal y a la despenalización de las figuras de calumnias e injurias, respecto de expresiones relacionadas con temas de interés público. Entendíamos entonces y también ahora, que nadie puede ser penado por lo que dice, sino solo por lo que hace. En estos últimos años, el poder arbitrario estatal o corporativo, ha sido el principal beneficiario de esta amenaza, que pende sobre todos aquellos, periodistas o ciudadanos, que pretenden opinar o informar sobre discrecionalidades de funcionarios estatales, empresarios, o dirigentes en general. La proliferación de juicios civiles y penales, a través de la figura de calumnias e injurias, y la amenaza de enfrentar sumas exorbitantes de dinero en concepto de reparación del daño al honor, comprometieron por años la libertad de expresión de periodistas y ciudadanos en general de Santa Fe, y ya era hora que la Legislatura de nuestra provincia, diera una clara expresión pública institucional, contraria a las persecuciones de opinión. Concejales, ex intendentes, funcionarios y empresarios que querellan a periodistas, se han transformado en un paisaje habitual de nuestra provincia. Santa Fe tiene también el triste privilegio de ser un lugar donde inclusive un ex titular de la Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina (ADEPA) también querella periodistas, a pesar de que esa institución empresarial publicara el 3 de julio de 2005, una solicitada que decía “confiamos en que se desista de perseguir penalmente a periodistas y directivos de medios por la información publicada”. Todo esto ha sucedido en Santa Fe. Todo esto nos obligaba a un compromiso público claro, contundente, e institucional que hemos reafirmado hoy. Tal vez sea un pequeñísimo homenaje a Eduardo Kimel, verdadero luchador por la libertad de prensa en nuestro país, recientemente fallecido. La enorme y grata posibilidad de dotar a nuestro país, de una nueva Ley de Servicios Audiovisuales Democrática, recientemente sancionada y resistida por todos aquellos que se oponen a la Libertad de Opinión, abre un momento de enorme trascendencia para la pluralidad de voces y la conformación de un nuevo esquema de medios de comunicación, que debiera incluir también la derogación del Decreto ley 6422 concebido por la Dictadura de 1957, para perseguir a periodistas en tiempos de un peronismo proscripto. La etapa que nos merecemos los argentinos y las argentinas, en este futuro que se avecina, debe estar impregnada de Libertad de Expresión, Pluralidad Empresarial y Social en los Medios de Comunicación, y Garantías Constitucionales para ciudadanos y periodistas, en la divulgación libre de informaciones de interés publico. Un futuro mejor y más democrático, y el libre debate de los temas de interés público en nuestro país y nuestra provincia, llaman a nuestra puerta. Ojalá sepamos aprovechar la oportunidad…”.