28-06-2010
Así lo solicitó formalmente hoy el Diputado Marcelo Brignoni, del Encuentro por la Democracia y la Equidad, al pedir públicamente que se apliquen los preceptos de la Ley Nacional de Ética Publica, al debate sobre la Ley de restricción y control de Agrotóxicos, que se discute en la Legislatura de esa Provincia. La condición de productores agropecuarios que utilizan agrotóxicos, de varios de los diputados y las diputadas provinciales, hizo que Brignoni pidiera la aplicación de la norma, al debate sobre esa ley, requiriendo la abstención de esos legisladores. La Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías y plantea taxativamente en su articulo 2 inciso i) que todo funcionario público debe “…abstenerse de intervenir en todo asunto respecto al cual se encuentre comprendido en alguna de las causas de excusación previstas en ley procesal civil”, y en su artículo 15 inciso b) señala que debe “…abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos TRES (3) años o tenga participación societaria…”.
Brignoni señaló “…más allá de nuestra visión critica del accionar del Gobierno Provincial y su pasividad con el uso indiscriminado de agrotóxicos, es necesario que este debate se desarrolle en los marcos éticos imprescindibles. La Cámara de Diputados de Santa Fe organizó la Jornada USO DE AGROQUIMICOS, MODELO PRODUCTIVO Y SALUD HUMANA, a fines del año pasado y produjo un informe crítico sobre la actualidad de esta problemática en nuestra provincia. A través de ponencias, relevamientos y debates contenidos se elaboró un documental que recogió las conclusiones de la Jornada y que fue entregado a la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados y al Ministerio de la Producción, sin que ninguna de sus autoridades se interesara en los mismos. La insistencia del Gobierno Provincial de buscar complicidad legislativa ante la intimación judicial que prohibió los usos de agrotóxicos a menos de 800 metros de los centros poblados, y que lo obliga a presentar un informe que no ha realizado es llamativa. Lo menos que pretendemos es que aquellos diputados y diputadas que tienen intereses económicos explícitos vinculados a este debate se abstengan de participar del mismo, ya que no es bueno generar dudas en la población, sobre lo que pudiera ser la utilización de una posición en el estado para defender un interés particular. No esta en debate la honorabilidad de los legisladores, de la que no tenemos porque dudar, sino la confiabilidad de la población en las instituciones, que deben explicitar su compromiso con la ejemplaridad y las normas. Las cosas no solo deben ser, sino también parecer…”