03-07-2011
El Binnerismo quiere rebajar más del sesenta por ciento, el monto de las pensiones para ex presos políticos en Santa Fe
Así lo señaló hoy el Diputado Marcelo Brignoni, autor del Proyecto de Ley que propicia que los ex presos políticos de Santa Fe cobren una pensión de igual valor a la que perciben los veteranos de Malvinas. Las Diputadas Alicia Gutiérrez, y Mónica Peralta en nombre del Gobierno Provincial impusieron un dictamen en la Comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura Santafesina para rebajar esa remuneración. En el proyecto original su texto decía: "...el monto a percibir será equivalente a la suma de tres veces el haber mínimo de pensión vigente en la Provincia de Santa Fe…”. Dicho texto fue cambiado sin que Brignoni fuese consultado por “…el monto a percibir será equivalente a la suma de tres veces el haber mínimo de pensión vigente conforme Ley 5110…". A partir de esta decisión el monto de la pensión se reducirá de $5019 a $1950, ya que la Pensión Mínima en Santa Fe es de $ 1673, y la Pensión Mínima de Ley 5110 es de $ 650
El Proyecto de Ley había sido presentado el 24 de junio de 2010, sin haber sido tratado hasta estos días. Brignoni había pedido en Diciembre de 2010 habilitación de tratamiento en Sesiones Extraordinarias, el que no fue otorgado por el Gobernador Binner. La iniciativa propicia el otorgamiento de una pensión mensual no contributiva de carácter vitalicio, para todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que hayan sido condenadas por un Consejo de Guerra, puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, o privados de su libertad de cualquier modo ilegal, por parte de la Dictadura Militar, por razones políticas, gremiales, estudiantiles, o referidas a la arbitrariedad y el terrorismo de estado reinante en ese entonces. Una norma similar ya rige en la provincia de Buenos Aires, a través de la ley 14.042.
Marcelo Brignoni señaló “…es llamativa esta actitud del Gobierno Provincial y de sus representantes en la Legislatura Santafesina al considerar en los hechos a los ex presos políticos en Santa Fe como ciudadanos de segunda. Es extraño que Diputadas que trajinan los medios de comunicación hablando de su compromiso con los Derechos Humanos ni siquiera se sonrojen al plantear que las propias ex presas políticas y los sobrevivientes de la Dictadura cobren una pensión de un tercio del valor de la que cobran los veteranos de Malvinas. Es de una inusitada crueldad el valor simbólico de esa decisión. Nuestro proyecto fue concebido para ayudar en aliviar el dolor de muchos santafesinos y muchas santafesinas que padecieran graves tormentos privados de su libertad, a quienes en muchos casos les fueron robados sus bienes y sus hijos. En aquel momento histórico de la dictadura civico-militar más sangrienta que hayamos padecido, los señores del poder fueron amos de la muerte, y quienes fueron sus víctimas nunca más volvieron a sus vidas y a la de sus familias como antes de este genocidio. Es nuestra tarea de hoy, intentar ser colaboradores institucionales de las victimas de aquel horror, comprometidos en no utilizar ese dolor en ninguna especulación política. Felizmente nuestra actualidad indica que la lucha del Pueblo Argentino ha encontrado eco en el Gobierno Nacional y se están llevando adelante tanto los juicios por la verdad como la búsqueda de un mecanismo de ayuda estatal que alivie la vida cotidiana de aquellos que padecieron esos años aciagos de nuestra patria. El Gobierno Provincial ha permanecido como espectador de este proceso sin siquiera animarse a realizar un homenaje a uno de los máximos poetas santafesinos asesinados por la Dictadura. Francisco Urondo sigue invisibilizado por el Gobierno Santafesino que rinde tributo tácito de ese modo a los personeros de la dictadura en Santa Fe a pesar de su “buena voluntad”. Muchos de quienes padecieron cárcel y tortura en la Dictadura, han tenido dificultades para reinsertarse en la vida social y laboral al recuperar la libertad, encontrándose incluso en situaciones de extrema vulnerabilidad, sin cobertura social. Después de todos estos años transcurridos, todos ellos merecen un reconocimiento institucional y una ayuda económica. Nuestro proyecto es apenas un paso más en la búsqueda de la dignidad robada. Esa es nuestra obligación como Estado Provincial de Santa Fe. Debemos asumir esa responsabilidad histórica, y esperemos que esta desafortunada actitud de las legisladoras de la Comisión de Derechos y Garantías sea revisada y modificada para poner al proyecto en su espíritu inicial.”