A la falta de concreción de los anuncios del gobierno, sobre todo de los más importantes: el acuerdo sobre la reprogramación de la deuda externa, la implementación del impuesto a la riqueza y la reforma judicial, se sumó un nuevo problema, la confusa sucesión de idas y vueltas sobre el futuro de Vicentín, lo que solo agregó desconcierto a la base electoral del Frente de Todos y motivación a sus opositores. El macrismo, después de protagonizar el peor gobierno de la historia democrática argentina, se ve ahora con posibilidades, de volver a terciar en la disputa del modelo político que tendrá la República Argentina, en los próximos años.

 

Lejos parecen quedar los tiempos del idílico objetivo del “fin de la grieta”, hoy reducido a un discurso voluntarista de casi imposible posibilidad de implementación. Más allá de la épica anti grieta, tal vez merecedora de mejores causas, la perenne contradicción de clases, ese incómodo descubrimiento de un señor alemán a mediados del siglo XIX, sumado a los intereses abiertamente contradictorios sobre distribución de bienes y oportunidades de los distintos sectores sociales argentinos, hace que la insistencia en “dejar atrás la confrontación” no pase de un entretenimiento intelectual de tiempo libre.  

 

La crisis generada por la disputa con Vicentin sobre seguridad alimentaria, soberanía fiscal y sanción penal de estafadores, es prueba suficiente de que no todos los argentinos tenemos los mismos objetivos e intereses, y muestra a su vez que los beneficiarios del modelo prebendario estafador del macrismo, no entregaran por si mismos sus privilegios en aras del “fin de la grieta”.

 

La Deuda

 

Este viernes 19 de junio, sobre el vencimiento del plazo que el gobierno se había impuesto, se anunció una nueva prórroga, por quinta vez, del período de consenso de la oferta de renegociación, esta vez “definitivo”. Según anunció el Ministro Guzmán, todo estará resuelto el 24 de julio. Después de cuatro fracasos consecutivos de las propuestas “inamovibles” no parece que la estrategia anunciada inicialmente al estilo de “tómala o déjala” como Argentina impulsara en 2005, haya sido exitosa. La decisión de mantener abierto el diálogo y el intercambio de propuestas con los bonistas, por la reestructuración de la deuda privada bajo legislación extranjera, es una buena noticia, pero la debilidad creciente de Argentina en la negociación ya es inocultable. Tal vez el exceso de adjetivos y enjundia verbal no haya tenido correlato con la realidad, pura y dura, del accionar de los bonistas.

 

Desde aquel viernes 22 de mayo, cuando se decidió ignorar el pago de 503 millones de dólares de un cupón de intereses de tres bonos globales, el default selectivo no parece ser el último. Los vencimientos que se avecinan se aceleran a fines de junio. El 28 será de 98 millones de dólares del bono Century, y el 30 de junio del orden de los 566 millones de dólares de  discount bajo legislación Nueva York.

 

Es altamente posible que el Gobierno Nacional no pague esos vencimientos y que apele al periodo de gracia de 30 días. La acechanza de la fábula del pastorcito mentiroso, sobre que este será el último incumplimiento ya empieza a ser comentada de modo despectivo, por especuladores y estafadores varios, de la city porteña.

 

A última hora del viernes, y ante la prorroga anunciada por el gobierno argentino, los acreedores de dos de los tres grandes grupos de fondos  mostraron su “decepción” con la actitud del gobierno, y señalaron que “el Grupo Ad Hoc de Titulares de Bonos de Argentina y el Grupo de Tenedores de Bonos de Canje estamos unidos en nuestra decepción por la decisión de la Argentina de terminar el diálogo con sus acreedores en la que es claramente una coyuntura crítica. En su lugar, la Argentina ha creado obstáculos que imposibilitan alcanzar un resultado negociado y ha intentado generar divisiones, acabando con lo que había sido un proceso de negociación productivo”.

 

La información difundida en “off the records” por los bonistas, sobre una  supuesta intervención directa del presidente Fernández y del presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa, para mantener el dialogo, pero sin la participación del Ministro de Economía, sería otra mala señal de ser cierta.

 

Más allá de la poesía de Silvio Rodríguez, no parece en este tipo de casos que “el tiempo este a favor de los pequeños”.

 

Vicentin

 

El lunes se cumplirán dos semanas de aquel 8 de junio cuando el Presidente Fernández anunciara “vamos a firmar un Decreto de Necesidad y Urgencia que dispone la intervención del grupo Vicentín, venimos trabajando este tema hace días con la senadora Anabel, mi amiga, y con Matías. Trabajaron entre ellos a partir de una idea primigenia de Anabel, la idea de la intervención y la expropiación del grupo”.

 

Se refería  a la Senadora Anabel Fernández Sagasti y al Ministro de la Producción Matías Kulfas, ambos sentados junto al Presidente en aquella Conferencia de Prensa. El interventor designado, Gabriel Delgado, completó el cuadro aquel lunes en Olivos.

 

Las idas y vueltas de los días posteriores trajeron inevitablemente la comparación con lo sucedido cuando se anunció la estatización de YPF en 2012, en tiempos de la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. La convicción y la planificación de la concreción de lo anunciado no parecieron ser iguales. La defensa irrestricta de dirigentes de la oposición de los estafadores de Vicentín permitió apreciar una vez más, que la vergüenza no es algo que abunde en las huestes de Juntos por el Cambio.

 

El último viernes el Juez Lorenzini, alguien de la “familia” del departamento General Obligado, sede de Vicentín en el norte de Santa Fe, emitió una sentencia anulando la intervención estatal. Los días de desconcierto anteriores se expandieron, mientras valiosos abogados y constitucionalistas hacían un análisis jurídico a todas luces innecesario, del fallo político de Lorenzini. Después vino la convocatoria al Gobernador Perotti para que este aporte, en su conocimiento de la región y su función de gobernador, alguna idea de “salvataje político” ante el visible desconcierto presidencial.  

 

La pandemia y la economía

 

A este panorama complejo de la semana que termina se suma la crisis económica que ya era grave en Argentina en diciembre de 2019, Mauricio Macri mediante, y que se profundiza con la pandemia, y la imposibilidad de salir de la cuarentena, ante la expansión de los contagios.

 

Uno de los análisis más benignos sobre la caída económica de nuestro país, es el de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) que informo oficialmente que el nivel de actividad en Argentina puede caer este año hasta un 6,5 por ciento como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Los otros que se conocen, anuncian peores cifras.

 

La crisis fiscal y la escasez de recursos estatales para afrontar una emergencia que impacta tanto en comerciantes, profesionales, sectores de asalariados de ingresos fijos y sobre todo agentes de la economía informal, de modo brutal, pareciera necesitar además de voluntad, dinero fresco.

 

La demora en el tratamiento del denominado Impuesto a las Grandes Fortunas, suma una incertidumbre más, acerca de quienes deberán afrontar con su pellejo y su economía familiar, el financiamiento del aun remoto escenario de la post pandemia.

 

La solidaridad social no aparece en la agenda de la Asociación de Grandes Empresarios AEA, ni mucho menos en la Asociación de Bancos de la Argentina ABA. Sin una estrategia de poder que imponga los criterios de financiamiento y distribución de los recursos necesarios para la reconstrucción de una economía desbastada, el escenario que aparece a la vista, no distingue ni siquiera si hay luces o túnel.

 

La caótica situación global de la economía no es un espacio que permita pensar en nuevos clientes comerciales para que Argentina coloque su producción.

 

En ese sentido un hecho trascendente de esta semana paso bastante desapercibido. En esa lógica permanente de golpe y negociación utilizada por Donald Trump, el presidente estadounidense obligó en negociaciones secretas realizadas en Hawai, conocidas el jueves último luego de concluidas, a que China incremente y acelere las compras de productos agrícolas estadounidenses, para cumplir con el acuerdo comercial que le permita ingresar sus manufacturas al mercado estadunidense.

 

China, el principal importador mundial de soja, se ve obligado por el acuerdo suscripto a incrementar la compra de soja, maíz y biodiesel estadounidenses, productos que compiten de modo directo, con las exportaciones argentinas.

 

Si bien hoy cualquier referencia bursátil es similar a un dibujo artístico, el conocimiento de estos acuerdos,  a pesar de no ser informados aun, en su totalidad y de modo oficial, produjo una suba  de los futuros de renta variable de EE.UU., del Euro Stoxx 50 y de la soja en Chicago, además de una consolidación de la cotización internacional del Yuan.

 

China se comprometió a comprar productos agrícolas estadounidenses por valor de 37 mil millones de dólares, frente a los 24 mil millones que compraba al día de hoy.

 

Mientras tanto en nuestro país, ayer sábado siguió el incansable trajinar del Presidente por los medios de comunicación, con vocación didáctica pero credibilidad en debate.

 

Tal vez la relectura del General Perón, ayude a que el Gobierno Nacional pueda retomar un impulso de iniciativa política que hoy parece atravesar un mal momento. Sobre todo revisar aquello de que “mejor que prometer es realizar”. Tiempo no le sobra.