Un dictador puede gobernar de manera liberal, así como una democracia puede gobernarse sin el menor liberalismo. Puesto a elegir siempre es preferible un gobierno liberal. No puede haber democracia sin pleno liberalismo de mercado. Por ende, ninguna de las que llamamos dictaduras, que propugne el liberalismo de mercado, pude ser caracterizada como tal 

 

Friedrich Von Hayek

Padre del neoliberalismo

 

La primera caracterización que debiéramos hacer en relación a la situación que padece a horas de la elección presidencial el Estado Plurinacional de Bolivia, es describir que lo que sucede no es una crisis política como se ha dicho muchas veces, sino un Golpe de Estado salvaje e injustificable, promovido sobre información falsa de las elecciones de 2019, y consumado con la asunción como presidenta de facto de Jeanine Añez, el 12 de noviembre de 2019. Las consecuencias del mismo son las que han determinado la actual catástrofe social y humanitaria que vive el país.

 

La noche de las elecciones del 20 de octubre de 2019 concluyó con el 83% de los votos escrutados. El voto campesino en Bolivia, abrumadoramente favorable a Evo Morales no podía contarse esa misma noche por las dificultades geográficas y logísticas del país. Cuando la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) incorporó el voto de la Bolivia profunda y el voto boliviano en el exterior, la definición en primera vuelta del futuro presidente de Bolivia estaba resuelta. Una diferencia de 10,57 puntos porcentuales, suficiente para ganar en primera vuelta, hacía innecesario el ballotage.

 

Aquel día, Evo Morales acompañado por Álvaro García Linera como su candidato a Vicepresidente, obtendrían según los cómputos oficiales del Órgano Electoral Plurinacional, con el 100% de los votos escrutados, el 47,08% de los votos, mientras que Comunidad Ciudadana del candidato Carlos Mesa, obtendría 36,51%.

 

La ley electoral de Bolivia establece que no se va a una segunda vuelta cuando el primer candidato obtiene más del 40 % de los votos y hay diferencia entre el primer y el segundo candidato superior al 10% de los votos escrutados.

 

El resultado de aquellas elecciones, ganadas legítimamente en primera vuelta por el MAS, como demostrarían casi todos los estudios posteriores, no sería tolerado por las élites de lo que se conoce como la vieja media luna oriental del país, ni por el Departamento de Estado, actuante principal en la denuncia falsa de fraude, que serviría como justificativo del Golpe de Estado a través de su brazo político regional, la Organización de Estados Americanos (OEA) y su Departamento para la Cooperación y Observación Electoral. Conducido por un señor mexicano de nombre Gerardo de Icaza Hernández, cuya responsabilidad política y personal en justificar el Golpe de Estado en Bolivia con su posterior derrotero de violencia y muerte, no lo tiene suficientemente identificado y acusado.

 

Tanto los especialistas en integridad electoral Jack Williams y John Curiel del Massachusetts Institute of Technology (MIT), como el informe del Center for Economic and Policy Research (CEPR), fundado por los economistas  Dean Baker y Mark Weisbrot, como el trabajo de la Michigan University, a cargo de Walter R. Mebane, Jr., coincidieron en la inexistencia de fraude en la elección boliviana. Los autores del Informe sobre las Elecciones en Bolivia del 20 de octubre de 2019, elaborado para el New York Times, Nicolás Idrobo, Dorothy Kronick y Francisco Rodríguez, y la misión del Observatorio de la Democracia del Parlamento del MERCOSUR, también dirían que no hubo fraude en aquella elección.

 

Por aquellos días de 2019, gran parte de la oposición y sus mandantes extranjeros, tenían preparada una andanada de denuncias de fraude, que no perseguían la realización de una elección transparente ni de una segunda vuelta electoral, como se vería días después, sino que buscaban que esas denuncias fuesen el soporte justificatorio de un Golpe de Estado sangriento e inadmisible, que paradójicamente recibiría el apoyo de Estados Unidos y el lamentable silencio de casi todos los gobiernos de la región, con las saludables excepciones de los gobiernos de México, Uruguay y la República Argentina. Andrés Manuel López Obrador y Tabaré Vázquez, sumados al Gobierno Argentino electo de  Alberto Fernández y Cristina Kirchner, aún no asumidos en aquellos días, serían la digna nota discordante de una metodología, la del Golpe de Estado, que retrotraía a nuestra región al oprobio de décadas anteriores.

 

En los datos de uno de los puntos centrales de su Auditoría Electoral, la OEA comparó las actas digitales con las actas de papel de una muestra tomada al azar ante la presencia de otros observadores internacionales. Allí se demostró que no había diferencias significativas. Es decir, ese proceso de verificación ratificó que los resultados oficiales difundidos por el gobierno de Evo Morales eran correctos. Por lo tanto, que el MAS había ganado las elecciones con una diferencia superior al 10 %.

 

La OEA participó durante todo el proceso electoral de Bolivia. Tanto durante las elecciones realizadas el 20 de octubre con una misión de Observación Electoral, como posteriormente mediante una auditoría vinculante de esas elecciones. El informe respectivo de 13 páginas recién se conocería meses después. Esa publicación sin firma por lo bochornoso de su contenido, diría en su última página: “Teniendo en cuenta las proyecciones estadísticas, resulta posible que el candidato Morales haya quedado en primer lugar y el candidato Mesa en segundo. Sin embargo, resulta improbable estadísticamente que Morales haya obtenido el 10% de diferencia para evitar una segunda vuelta”. Pura especulación, solo desvergüenza.

 

Las auditorías electorales no son procedimientos regulares ni habituales para la OEA. En este caso se hizo a pedido del gobierno de Evo Morales, en lo que tal vez haya sido un acto de buena fe, que se pensó ajeno a la tradición poco vinculada a la defensa de la democracia de la organización fundada a sangre y fuego en Bogotá, en 1948.

 

Tras las elecciones de octubre, el entonces canciller boliviano Diego Pary viajaría a Washington a una reunión del Consejo Permanente de la OEA donde presentó un pedido formal para invitar al organismo a realizar la auditoría. Almagro aceptó con la condición de que los resultados que la OEA difundiera fuesen vinculantes. Se deberían difundir el 12 de noviembre. Bolivia no se opuso y tal vez allí la suerte de su democracia quedó sellada. El 10 de noviembre de 2019, sin ninguna documentación respaldatoria y mientras la auditoria no había concluido, el Secretario General  de OEA Luis Almagro, anunciaría Fraude en Bolivia, dando origen a la consumación de un Golpe de Estado, al que ya solo le faltaba su concreción final.

 

Como se sabría después, las semanas anteriores había comenzado el soborno de importantes jefes militares y policiales, y de funcionarios del Órgano Electoral Plurinacional, para darle cuerpo, relato y estrategia al Golpe de Estado. De hecho, esa misma noche del 20 de octubre, renunciaría el vicepresidente del Órgano Electoral Plurinacional, Antonio Costas, indicando sus “sospechas” sobre el resultado electoral.

 

La “buena conducta cívica” de Costas, le permitiría beneficiarse con arresto domiciliario a pesar de estar acusado junto a la expresidenta del Órgano Electoral Plurinacional, María Eugenia Choque, por la presunta comisión de delitos electorales el pasado 20 de octubre de 2019. María Eugenia Choque sigue detenida y sometida a todo tipo de vejámenes.

 

Los militares de Bolivia que durante los gobiernos del MAS incorporaron la wiphala a sus uniformes y modificaron su clásico lema de “Subordinación y constancia” por el de “Patria o muerte. ¡Venceremos!”, volvían a su viejo rol de fuerzas coloniales de ocupación.

 

Carlos Mesa, un viejo conocido de la política boliviana, sería testigo de aquellos cambios profundos en la Bolivia donde se avecinaba la llegada de Evo Morales al Palacio Quemado. En 2005, con Mesa a cargo del Gobierno tras la huida de Gonzalo Sánchez de Lozada, una poderosa insurrección popular que exigía la nacionalización del gas lo sacaría del Gobierno y mostraría a las Fuerzas Armadas en el centro de la escena. Aquella situación dividió a los militares entre un mando más vinculado a las élites del país, y otro más cercano a los sectores ligados al Movimiento al Socialismo, la construcción política liderada al dirigente cocalero del Chapare.

 

Evo Morales llegaría al Palacio Quemado un tiempo después, en enero de 2006, cuando obtendría el 54% de los votos. Eran tiempos de NO al ALCA y de Chávez, Lula y Kirchner en las presidencias de sus países. Evo había estado presente en aquella Mar del Plata efervescente de noviembre de 2005.

 

Desde aquel lejano 2006, quien fuera correctamente referido por Álvaro García Linera como “el primer presidente boliviano que se parece a su país”, ganó elección tras elección con más de 60% de los votos y enormes distancias respecto de sus adversarios, y conectó como ninguno de sus antecesores con la Bolivia indígena y popular. El “Jefazo” llevo a Bolivia a un estado de desarrollo y justicia social inédito en sus varios siglos de historia. En 2019 había vuelto a ganar las elecciones en primera vuelta, pero para la oligarquía boliviana ya resultaba intolerable el formato democrático, que impedía el ejercicio de sus privilegios de clase y sus arbitrariedades históricas.

 

Cuando Morales asumió la Presidencia en 2006, buena parte de los militares jóvenes respondían directamente a él. Su llegada al gobierno encaminó un proyecto para recuperar la tradición nacionalista declarando a las Fuerzas Armadas “socialistas, antiimperialistas y anticapitalistas”, y convirtiéndolas en una pieza central de su proyecto político. En 2010, con la publicación del documento “Bases para la Discusión de la Doctrina de Seguridad y Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia”, ésta tendencia se profundizaría.

 

Williams Kaliman Romero asumió como comandante de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia en diciembre de 2018. Diría entonces: “soy un soldado del proceso que ha producido cambios positivos en el país. Por primera vez en la historia nuestra economía es la primera en la región y eso es importante no solo para el Estado, sino para nuestros hijos y nuestros nietos”. La vocación golpista y antinacional de los militares en 2019 sorprendería al Presidente Morales, como el mismo confesaría tiempo después.

 

El sitio estadounidense Behind Back Doors, publicó recientemente un pormenorizado detalle de los presuntos preparativos del Golpe de Estado, adjudicado a la CIA, con un listado de participantes que habrían sido reclutados para el golpe contra Evo Morales, entre los que se destaca la colaboración de la Agencia Federal de Inteligencia de Argentina conducida entonces por Gustavo Arribas, a las ordenes del ex Presidente Macri https://www.alainet.org/en/articulo/204531.

 

Señala ese informe que los políticos bolivianos Gonzalo Sánchez de Lozada, Manfred Reyes Villa, Mario Cossio y Carlos Sánchez Berzain, todos residentes en Estados Unidos, colaboraron con los líderes de una asociación opositora denominada como “Coordinadora Nacional Militar”, que estaría compuesta por ex oficiales del ejército boliviano, entre los que se cita al general Humberto Siles, y a los coroneles Julius Maldonado, Oscar Pacello y Carlos Calderón.

 

El sitio afirma también que, entre los reclutados para el Golpe en Bolivia, se destacaban el general Williams Kaliman Romero, Jefe de las Fuerzas Armadas y quien obligaría a la renuncia de Evo Morales, y Yuri Calderón, Comandante Nacional de la Policía Boliviana por aquellos álgidos días.

 

El informe incluso señala que los presuntos encargados de la Estación de la CIA en La Paz, los oficiales Rolf Olson y Annette Dorothy Blakeslee, coordinaron la operación.

 

Williams Kaliman Romero, quien liderara junto a Yuri Calderón el Golpe de Estado de noviembre de 2019 en Bolivia que depositaría en el Gobierno a Jeanine Añez, sería reemplazado al frente de las fuerzas armadas pocos días después por Carlos Orellana Centella. Kaliman Romero, ex comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta del Chapare y ex Agregado Militar en la Embajada de Bolivia en Estados Unidos, sería acusado más tarde junto a Yuri Calderón de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y conspiración para no defender el orden constitucional”. Kaliman declararía en sede judicial el último 23 de diciembre de 2019 en La Paz. El líder golpista no asumido como tal, es de paradero incierto en la actualidad.

 

Los hechos de Bolivia muestran una vez más que la Democracia en Latinoamérica resulta intolerable para muchos intereses económicos y políticos radicados en el hemisferio norte occidental.

 

Cuando ya no fue suficiente una monumental campaña de agravios y noticias falsas como la desplegada en el referéndum boliviano del 21 de febrero de 2016, que llegó a adjudicarle falsamente a Evo Morales un hijo extramatrimonial abandonado, el Golpe de Estado tradicional volvió a la caja de herramientas de la vocación tutelar colonial sobre nuestros países.

 

Las élites expoliadoras del hemisferio norte expresan con cinismo su sorpresa cuando los dirigentes populares latinoamericanos viven su salida del poder como un hecho traumático y casi siempre vejatorio de su persona y familia. La realidad latinoamericana se contrasta de modo inapelable con la realidad de una pretendida alternancia democrática naif europea, que resulta absurda en nuestra región, al nunca ser respetada por las élites extranjerizantes latinoamericanas, que solo toleran tres opciones para los dirigentes populares latinoamericanos que no ocupan el gobierno: la cárcel, el destierro o el cementerio.

 

Actualidad Política de Bolivia

 

Luego de varias luchas que impidieron la consolidación del Golpe de Estado en Bolivia, que preveía la disolución de la Asamblea Plurinacional y del Tribunal Constitucional Plurinacional, y luego de incesantes reclamos tanto del Movimiento al Socialismo como de Comunidad Ciudadana, la fuerza liderada por Carlos Mesa, el Órgano Electoral Plurinacional conducido por Salvador Romero ratificó el Cronograma Electoral que desembocará en las Elecciones Generales de este domingo 18 de octubre.

 

El Pleno del Tribunal Constitucional Plurinacional había emitido ya en enero 2020, una DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL que condicionó mucho la pretensión del gobierno golpista de perpetuarse en el poder. Aquella declaración 0001/2020 resuelta en Sucre el 15 de Enero, obligaba a que dentro del año 2020, con el plazo máximo del 31 de diciembre del corriente, como plazo máximo y último, esté normalizado el país, electo el nuevo gobierno y asumidas las nuevas autoridades. El gobierno de facto de Añez no tuvo poder para intentar anularla.

 

Aquella jurisprudencia es la que usó el Tribunal Superior Electoral para fijar el nuevo cronograma comunicado, con el 18 de octubre como plazo último de primera vuelta electoral, y el domingo 29 de noviembre de 2020 si fuese necesaria una segunda vuelta.

 

Romero se había desempañado en este mismo cargo desde 2004 a 2008, y fue él quien organizó las elecciones de 2006 que depositaron por primera vez a Evo Morales en el Palacio Quemado. Romero ha soportado presiones de todo tipo y ha venido desarrollando una tarea que, hasta aquí, muchos juzgan equilibrada en un escenario de enorme inestabilidad.

 

Ante el aislamiento político y el repudio popular, la Presidenta de Facto Jeanine Añez debió ratificar las elecciones y confirmar su realización el 18 de octubre. Allí se elegirán además de Presidente y Vicepresidente, 36 Senadores y 130 Diputados representantes de los 8 Departamentos en que se divide el país. Añez tampoco pudo sostener su insólita candidatura presidencial y declinó la misma. Muchos señalan que por orden expresa de la embajada estadounidense en La Paz.

 

Tanto Evo Morarles como Álvaro García Linera, perseguidos por el Gobierno de Jeanine Añez y refugiados en Argentina, luego de ser recibidos en México en salvaguarda de su vida por aquella valiente decisión del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se encuentran proscriptos de participar en los próximos comicios. La democracia en Bolivia, como se ve, lejos está de ser aún plena y cierta.

 

El Movimiento al Socialismo oficializó entonces su fórmula de Presidente y Vice para competir en las elecciones, integrada por los ex Ministros de Economía y de Relaciones Exteriores de Evo Morales, Luis Arce y David Choquehuanca, como candidatos a Presidente y Vicepresidente respectivamente, del Estado Plurinacional de Bolivia.

 

Las restantes alternativas de candidatos a la Presidencia de Bolivia oficializadas para competir en la elección son encabezadas por:

 

Carlos Mesa en representación de la Alianza Comunidad Ciudadana y Luis Fernando Camacho en representación del Frente Crecer, muy vinculado al Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra, quienes aparecen como segundas y terceras opciones según todos los sondeos.

 

Chi Hyun Chung en representación del Frente para la Victoria, médico y pastor evangélico de origen surcoreano y posiciones de derecha dura, es la cuarta alternativa según se presume. Su casi seguro escueto caudal electoral puede ser sin embargo decisivo en caso de una segunda vuelta electoral. A esa situación apuesta Chi Hyun Chung, como el motor que da vida a su candidatura.

 

Mesa obtuvo el segundo lugar en las anuladas elecciones del 20 de octubre de 2019, y fue presidente de Bolivia desde el 17 de octubre de 2003 hasta el 9 de junio de 2005, luego de ser candidato a vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada y ante la renuncia de éste.

 

Jeanine Añez y Jorge Quiroga, más conocido como Tuto, ya son historia en esta elección y no da la impresión de que nadie vaya a extrañarlos mucho.

 

Con una situación sanitaria, social y económica desesperante, la popularidad de Añez y de su gobierno se desplomó junto con sus ilusiones de legitimarse como “presidenta electa”. La ilusión de generar violencia suficiente como para arruinar las elecciones del domingo 18, sigue vigente en varios funcionarios de su inolvidable gobierno.

 

En este marco, la acción internacional a favor de la recuperación de la democracia en Bolivia, de la observación electoral del proceso eleccionario y del cese de la persecución a dirigentes políticos y sociales, resulta tan imprescindible como determinante.

 

Los gestos en ese sentido felizmente son muchos. Es de destacar la acción del Parlamento del MERCOSUR, que tiene en Bolivia una importante misión de observancia electoral encabezada por su Presidente, el argentino Oscar Laborde, como también las acciones de los Gobiernos de México y de la República Argentina. También resulta importante de observar la decisión del Papa Francisco, designando al ex embajador de Evo Morales ante El Vaticano, Julio César Caballero, a la cabeza de la Comisión Pontificia para Latinoamérica, en vísperas del proceso electoral boliviano.

 

También está en Bolivia, para luchar por la transparencia y legitimidad de la elección del domingo 18, una delegación de la Confederación de Partidos Políticos de América Latina, encabezada por el ex Presidente de Paraguay y actual Senador Fernando Lugo. Colectivos internacionales como el Grupo de Puebla y la Internacional Progresista también darán el presente.

 

Esta vez la OEA no está sola. El pueblo boliviano ya conoce sus reales intenciones, del mismo modo que los actores políticos internacionales.

 

Pocos dudan que la OEA quiera volver a organizar un fraude. Muchos creen que no podrá lograrlo.

 

Esta puede ser la última chance para el pueblo boliviano de volver a ser orgullosos ciudadanos del Estado Plurinacional de Bolivia. No se puede ser indiferente.