El próximo 7 de noviembre habrá elecciones generales en la República de Nicaragua. En ellas se renovarán los titulares de los cargos de elección popular:

 

Presidencia y Vicepresidencia de Nicaragua.

 

90 diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua.

 

20 diputados al Parlamento Centroamericano.

 

En dichos comicios, el Presidente Daniel Ortega aspira a buscar su quinto mandato constitucional como presidente.

 

El primero fue entre 1984 y 1990 y luego fue elegido para los periodos 2007 a 2012, 2012 a 2017 y 2017 a 2022.

 

La Corte Suprema de Nicaragua despejó el camino a la reelección al presidente Daniel Ortega en un fallo emitido el 19 de octubre de 2009 declarando inaplicable el artículo 147 de la Constitución nicaragüense, que prohibía la reelección continua, a partir de las elecciones presidenciales previstas para 2011.

 

Esa norma es aplicable al proceso electoral desde entonces.

 

La situación en Nicaragua en 2021 es compleja. Las críticas públicas de distintos sectores del Frente Sandinista de Liberación Nacional al liderazgo de Daniel Ortega nos obligan a mirar lo que sucede con atención, pero no debieran hacer que evitemos observar lo obvio. Que la vocación de Estados Unidos de instalar un nuevo gobierno nicaragüense esta mucho más vinculada a su vocación de controlar el país para futuras obras de infraestructura logística bioceánica que a su preocupación por la democracia en Nicaragua.

 

Durante décadas la oposición al FSLN en Nicaragua no sólo ha recibido financiamiento por parte de Estados Unidos para fortalecer sus estructuras de poder, sus medios de comunicación y sus Fundaciones y ONGs, sino que también muchas de sus referencias políticas han sido objeto de reconocimientos o publicidad desde plataformas o espacios generados a nivel internacional para posicionar el discurso antisandinista y validar ante la comunidad internacional su declarada vocación democrática en Nicaragua ante la “dictadura”.

 

El hecho de que algunas de las referencias opositoras al gobierno sandinista han sido procesadas judicialmente debe ser visto de manera crítica pero no incompleta. Las leyes del país plantean como delito la “incitación a la injerencia extranjera, la organización de actividades públicas de carácter político con financiamiento extranjero y la participación en la planificación y ejecución de actos de desconocimiento institucional y desestabilización”.

 

Los actos que se juzgan hoy en Nicaragua son sancionables en casi cualquier país, sobre todo en Estados Unidos a partir de la vigencia de la llamada Ley Patriota. Resulta por tanto paradójica la posición y muchos de los informes de organismos y países occidentales, al señalar que estos grupos opositores están siendo objeto de persecución política, y no que se les procesa por delitos tipificados en el ordenamiento jurídico nacional interno nicaragüense, de características similares a preceptos jurídicos que estos países occidentales tienen en sus respectivas leyes. Lo sucedido en nuestra región con la multiprobada existencia del lawfare abona aún más está mirada de abogacía parcial antigubernamental, de parte de muchos de estos organismos y países sobre lo que sucede en Nicaragua.

 

La dificultad de sostener un dialogo democrático fructífero al interior de Nicaragua y mejorar las características de funcionamiento de su sistema político institucional esta fuertemente condicionada por la decisión estadounidense de tipificar como dictadura al gobierno constitucional de Nicaragua y de desconocer su existencia como tal, asfixiando al país con persecuciones y sanciones.

 

Los hechos y actos de algunos de los referentes opositores de Nicaragua evidencian un accionar referido centralmente a la muy probable violación a preceptos constitucionales y leyes de Nicaragua entre los que pueden citarse el Artículo 1 de la Constitución Política, la Ley 748 de Defensa Nacional del año 2010, la Ley 919 de Seguridad Soberana de 2015, la Ley 1055 de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz de 2020, y la Ley de Control de Operaciones de Agentes Extranjeros de 2021.

 

Por lo tanto, lo que podría tipificarse como excesos de procedimientos en cumplimiento de la legislación, que pudieran atribuírsele al Poder Judicial de Nicaragua (que es quien lleva adelante las acciones) debe ser considerado también desde la perspectiva de la legalidad nicaragüense.

 

El repaso de declaraciones públicas de algunos de los imputados nos permite señalar por ejemplo la opinión de Félix Maradiaga, instando a desconocer los resultados electorales de noviembre próximo, o por ejemplo la decisión de la Fundación Chamorro de suspender sus operaciones en febrero de este año, una vez que el gobierno aprobara la Ley de Control de Operaciones de Agentes Extranjeros, ante la muy documentada prueba de que gran parte de los millones de dólares que dicha Fundación ha recibido en los últimos 10 años provienen de organismos estadounidenses como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación National Endowment for Democracy (NED) y de Fundaciones Empresarias y Agencias radicadas en la Unión Europea.

 

El propio Presidente de España, en su visita a Costa Rica, y más recientemente su Canciller, manifestaron públicamente descalificaciones hacia el gobierno de Nicaragua al ser consultados sobre investigaciones realizadas por el periodista norteamericano Benjamin Norton, que han revelado que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) brindó a la Fundación Chamorro cerca de 2 millones de dólares tan sólo en 2020. Otro caso llamativo y revelador fue, por ejemplo, el premio otorgado por Francia y Alemania al ex directivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva, quien posteriormente fue acusado por los propios integrantes de esta ONG de robar cerca de 500 mil dólares de dicha organización y fugarse luego con rumbo a Costa Rica. Una investigación posterior indica que estaría probada la falsificación de firmas e informes y de la lista de fallecidos durante el intento de golpe en 2018 que publicara la ANPDH.

 

En Nicaragua existe el principio constitucional de pluralismo político, conquistado con el triunfo de la revolución en 1979, la única revolución que abandono el poder luego de perder una elección organizada por ella misma años después y la que volvería al gobierno por la decisión soberana, democrática y plural del pueblo nicaragüense. Todo nicaragüense y toda nicaragüense pueden aspirar a ser candidatos presidenciales, siempre y cuando procedan conforme a las leyes y al ordenamiento jurídico nacional y no actúen como agentes de países extranjeros.

 

El pluralismo político en Nicaragua debe ser ayudado en este 2021 pero sin actitudes de injerencia que menoscaben su legítima condición de Estado Soberano propiciando la colaboración externa para un diálogo de nicaragüenses con nicaragüenses sin injerencia extranjera.

 

Como dijera recientemente la Cancillería de la República Popular China sobre la pretensión injerencista de Estados Unidos y el G7 en el escenario internacional es bueno recordar sus palabras “Esas intenciones contravienen los propósitos y principios de la Carta de la ONU y la tendencia de los tiempos de paz, desarrollo y cooperación. Pone en evidencia las malas intenciones de Estados Unidos y de unos cuantos países más para crear deliberadamente antagonismo y ampliar las diferencias”.