Con mucho compromiso y esperanzas, ponemos hoy en marcha al Observatorio Eduardo Bustelo por los Derechos de la Infancia. Un espacio de trabajo que es fruto de la confluencia de un conjunto de militantes populares por los derechos de niños, niñas y adolescentes, especialistas, referentes de diversos orígenes profesionales, sociales y políticos, que unidos todos y todas impulsamos esta iniciativa sintiéndonos continuidad de las mejores tradiciones del movimiento nacional y popular.

 

Aquellos compañeros y compañeras que pusieron a los chicos y las chicas de nuestra Patria en el centro de sus políticas, sintetizando esas luchas de manera magistral en aquella expresión de que “los únicos privilegiados son los niños”, nos impulsan desde esa misma perspectiva, a considerar que el movimiento obrero, en su pelea por la justicia y la igualdad, contiene el espíritu emancipador necesario para trabajar y luchar por la infancia y sus derechos. 

 

Actuamos con la firme convicción de que el respeto y disfrute de los derechos de pibes y pibas, así como su protagonismo y participación no solo son beneficiosos para ellos; lo son para toda la sociedad. Como se ha señalado “la democracia es buena para los niños, porque los niños son muy buenos para la democracia”. En ese mismo sentido se pronunció oportunamente el Congreso Mundial de Infancia, llevado a cabo en San Juan en octubre de 2012, señalando que “...es responsabilidad ineludible del mundo adulto, en sus diferentes expresiones, garantizar que los niños, las niñas y los adolescentes disfruten efectivamente de sus derechos. El mundo, nuestras sociedades, pueden ser infinitamente más justos y pacíficos si generamos condiciones para el protagonismo de los niños, las niñas y los adolescentes”. 

 

Lanzamos este Observatorio cuando se cumplen ya 27 años de la aprobación en Naciones Unidas de la Convención sobre los Derechos del Niño, un instrumento que vino a redefinir pilares fundamentales desde los que hoy comprendemos los derechos de niños, niñas y adolescentes: como sujetos titulares de esos derechos, con voz propia y progresiva autonomía, y destinatarios de una protección especial, que las familias, la sociedad y el Estado deben asegurar. 

 

En los 90’ pudimos experimentar que –pese a la rápida ratificación argentina del Tratado- el predominio del neoliberalismo y su modelo de exclusión y desigualdad, pudieron mas que la Convención, y millones de niños, niñas y adolescentes -junto a sus familias- fueron lanzados a la pobreza y la exclusión, negándoseles sistemáticamente un conjunto de derechos elementales. Este aprendizaje no debe olvidarse: la amplia adhesión nacional a la normativa internacional sobre derechos humanos e incluso su reconocimiento constitucional en 1994, no fueron suficientes, porque la normativa y la legislación, son condición necesaria pero no suficiente, para asegurar la protección y promoción de los derechos de pibas y pibas que habitan nuestra querida patria.

 

Las políticas públicas en defensa de pibas y pibes, son las que determinan, como alguien dijo alguna vez que “la única verdad es la realidad”, que el accionar del gobierno y el estado impactan de manera explícita en la situación de niños, niñas y adolescentes.

 

Argentina vivió momentos históricos en defensa del “legitimo privilegio de la infancia” no solo en los años 40, sino hace no mucho tiempo, con la llegada de un gobierno que, a partir del año 2003, comenzó a concretar un verdadero cambio cultural y político, que transformó profundamente la vida de la infancia. Podemos recordar desde la sanción de las leyes de Protección (N° 26.061), de Educacion (N° 26.206) y de penalización del Trabajo Infantil (N° 26.390) -entre muchas otras normas de avanzada- la puesta en marcha de la Secretaria y del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia o la modernización del Código Civil y Comercial, en materia de adopción, regulación de las relaciones familiares o acceso a la justicia por parte de la infancia. 

 

Aquellos derechos básicos, como el amplio acceso de millones de chicos y chicas a la Asignación Universal por Hijo (AUH), a la seguridad alimentaria, a la educación, a la salud, o al acceso masivo de pibes y pibas a sus primeras computadoras, están hoy amenazados por políticas públicas de franco retroceso, en términos de cuidado de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Expresiones de la cultura al servicio de pibes y pibas, como Tecnópolis o el canal Paka-Paka tienen también hoy un futuro incierto en cuanto a sus contenidos.

 

Los nuevos derechos políticos como la posibilidad de votar a partir de los 16 años, aparecen también cuestionados por un nuevo “sentido común” que emana desde el Gobierno Nacional y que pone en estado de sospecha, a la natural y deseable rebeldía juvenil, amenazada por un creciente aumento de la violencia institucional, lo que incluye violación de derechos humanos por las fuerzas de seguridad hacia los chicos y chicas.

 

Es ampliamente conocido, que el escenario económico, social y político para la niñez, la adolescencia y el Pueblo todo –en particular para los trabajadores, los más humildes y sus familias- giró bruscamente en sentido negativo. La creciente desocupación perjudica particularmente la situación cotidiana de chicos y chicas de cientos de miles de hogares y la muy acelerada inflación deja atrás el valor real de salarios, jubilaciones, asignaciones familiares y de la propia Asignación Universal.

 

El ajuste también impacta sobre áreas del presupuesto público del año próximo, que significaran retrocesos para la condición de vida de la infancia. 

 

El contexto político-social nos impone el desafío de redoblar esfuerzos para defender derechos conquistados y batallar por los que perdimos o aun no alcanzamos. El Observatorio de los Derechos de la Infancia es un aporte militante, técnico y solidario en esa dirección: contribuir a la defensa de los derechos de todos los pibes y pibas de la Patria.

 

Nos proponemos construir, difundir y abogar desde el Observatorio por una mirada rigurosa sobre la situación integral de la Infancia y la Adolescencia que vive en nuestro país, desde la perspectiva social, política y cultural de los trabajadores y el movimiento popular.

 

En el marco de informes periódicos sobre la evolución de los principales indicadores que ilustran sobre variaciones en las condiciones de vida de la infancia, en particular aquellos que nos permitan identificar nuevas vulnerabilidades o incremento de las ya existentes, trabajaremos día a día para poner a disposición de la comunidad, información relevante sobre evolución de derechos de niños, niñas y adolescentes que pueda ser impulsada por aquellas organizaciones que, en sus tareas cotidianas, contactan o interactúan con chicos y chicas, y por la sociedad toda.

 

Asimismo, promoveremos y acompañaremos desde aquí, iniciativas legislativas y políticas tendientes al reconocimiento y la garantía de acceso de derechos de la Infancia, frente a situaciones de debate público que afecten o resulten de interés desde el ángulo de los intereses de la niñez y la adolescencia. También nos proponemos trabajar con los espacios académicos, legislativos, de gobiernos locales o de organizaciones sociales del país para colaborar con acciones e iniciativas comprometidas en la defensa de los intereses populares, en particular de la niñez y la adolescencia.

 

Eduardo Bustelo, cuyo nombre homenajeamos desde los objetivos, el trabajo y el espíritu de este Observatorio, señalaba: “la infancia y la adolescencia como categorías sociales, tienen una limitación constitutiva ya que no pueden auto representarse. Así en la mesa de negociaciones los niños, niñas y adolescentes no tienen muchas veces quien los defienda. La infancia no “ocupa” ningún rol social, ni productivo estratégico ni puede organizar piquetes para tomar un determinado espacio público para reclamar por sus postergadas necesidades. Como los niños, niñas y adolescentes no tienen “poder”, el destino de sus derechos es frecuentemente un dramático silencio. Y es por esa “fragilidad” constitutiva de la infancia como actor social y por lo que la misma representa que necesita ser colocada en un lugar político central, para proteger y promover sus derechos”.