Cuando el 25 de septiembre de 1999 se reunieron los Ministros de Finanzas y Presidentes de Bancos Centrales del Grupo de los 7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) para evaluar ampliar este grupo de trabajo económico financiero a 20 integrantes, todos saludaban el triunfo final del capitalismo globalizador. Aquel G7 establecido en 1976 en plena Guerra Fría como un foro informal de las siete principales economías industrializadas, necesitaba ahora nuevos actores que lo legitimaran. Una Federación Rusa en crisis por entonces, y una incipiente República Popular China, sumadas a los “países emergentes” serían un buen ámbito internacional para dotar de “estabilidad y previsibilidad” al sistema financiero internacional.

 

Pocos imaginaban aquellos días, que unos años después, en 2008, estallaría la mayor estafa de posguerra, conocida tendenciosamente como “crisis financiera” y no como lo que fue, una estafa del sistema financiero internacional, hacia millones de ahorristas alrededor del mundo. La búsqueda de consenso global, para que los estados y los contribuyentes de los países financiaran a los estafadores bancarios, daría origen a la incorporación de los Presidentes de los Países al G20, que desde entonces adoptaría la forma que hoy conocemos.

 

Quedaba muy atrás la conferencia inaugural del G20, en aquella reunión que se llevó a cabo en Berlín en diciembre de 1999, organizada por los ministros de finanzas de Alemania y Canadá. Ese ámbito específico de ministros y presidentes de bancos centrales, mutaría en la Cumbre de Washington celebrada el 15 de noviembre de 2008 en la capital estadounidense, donde se incorporarían los presidentes de todos sus países miembros. 

 

Cristina Fernández de Kirchner representaría en esa reunión a la República Argentina, la que tendría una voz crítica sobre el rol del sistema financiero internacional, y sobre la necesidad de su control para evitar estafas similares en el futuro. Esa discusión aún persiste. La estafa financiera global ya era inocultable y alguien tenía que pagar la factura. Los bancos no lo harían. Quemando todos los libros del libre mercado, los países financiaron la estafa de los bancos con dinero de sus ciudadanos, asustando al mundo entero con una “nueva crisis del 30”. 

 

Aquella situación de colapso, que hizo que Estados Unidos y la Unión Europea, decidieran promover la incorporación de los presidentes de los miembros del G20 , fue producto directo de la llamada “burbuja inmobiliaria” en Estados Unidos, proceso iniciado en el año 2006, que provocó a finales de 2007 la llamada crisis de las llamadas hipotecas subprime. Elegante modo de denominar a las hipotecas falsas y fraudulentas, que emitidas por los agentes financieros, inundaron los mercados, dejando en bancarrota a millones de personas, y a tan solo un banquero condenado. 

 

Se trató de Kareem Serageldin, ex empleado de Credit Suisse, condenado a 30 meses de prisión por su responsabilidad en el negocio de las hipotecas, el detonante de la crisis financiera. Serageldin aceptó que “cometió un error” y comenzaría a cumplir su mandato en el Centro Correccional de Moshannon Valley, en Philipsburg, Estados Unidos, donde ganaría la distinción de ser el único ejecutivo de Wall Street enviado a la cárcel por su participación en la crisis financiera. Sin embargo, este no era el presidente de un banco, ni un alto directivo; era un ejecutivo importante pero de segundo nivel. Las verdaderas figuras de la banca que tuvieron que ver con la crisis se han mantenido a salvo, pero esta situación provocó tan solo en Estados Unidos, un aumento exponencial en el número de suicidios (se estiman en unos 5.000 durante 2009) los que dejaron de informarse desde entonces.

 

Desde aquella reunión en la capital de Estados Unidos, la Unión Europea y 19 países: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía se reúnen anualmente. Los 20 miembros del grupo suman el 85% del producto bruto global, dos tercios de la población mundial y el 75% del comercio internacional. Además, cada año participan como invitados España, el país que ocupa la presidencia de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sureste Asiático), que en este 2018 será Singapur, dos países africanos que en esta caso serán Ruanda y Senegal (el que preside la Unión Africana y un representante de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África), Jamaica que representará a la Comunidad del Caribe (Caricom), y un país (a veces más de uno) invitado por la presidencia, por lo general de su propia región. En este 2018, ese lugar corresponderá a Chile y extrañamente a Países Bajos.

 

Además, participan organizaciones internacionales socias. Estarán representados el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), el Fondo Monetario Internacional (FMI), las Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de Comercio (OMC), y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Luego de aquella reunión inicial de la nueva versión en 2008, se llevaría a cabo el 2 de abril de 2009 la llamada Cumbre de Londres, que empezaría a darle un formato más orgánico a este Foro, a pesar de que sigue, como decíamos,  sin tener institucionalidad formal. En septiembre de 2009 tendría lugar la reunión de Pittsburgh, Estados Unidos, donde formalmente se decidiría que el G20 reemplazaría al G-8 o al G8+5 de ahí en adelante, también en lo concerniente a los planes de desarrollo mundial.

 

En aquella pomposa reunión de Pittsburgh se señaló que “…necesitamos un cambio regulatorio y ese cambio requiere legitimidad suficiente para lograr la aceptación de todos los países. El G-20 es un foro idóneo porque reúne a las principales economías y puede ser un catalizador de las reformas que necesitan el FMI, el Banco Mundial y otras instituciones…”. Poco de esto pasó, más bien lo contrario. La proliferación de guaridas fiscales y delitos financieros transnacionales, asolan nuestro mundo en la actualidad.

 

El Gobierno Argentino, encargado de la reunión de esta edición 2018, ha priorizado una agenda de tres temas, cuanto menos insuficiente, sobre todo por el propio enfoque que el Gobierno le ha dado en su documento de fundamentación, que habitualmente se conoce como “Visión de la Presidencia”.

 

Se plantean allí tres ejes de debate, “El Futuro del Trabajo”, “Infraestructura para el Desarrollo” y “Un Futuro Alimentario Sostenible”. Al consultar el documento vemos que el enfoque de los tres está dado desde una mirada empresarial, sobre todo a partir de que la palabra DERECHOS no aparece en ningún momento.  

 

“El Futuro del Trabajo” ingresa al debate entendido como la necesidad de  flexibilización laboral ante el “avance tecnológico”. En “Infraestructura para el Desarrollo” se prioriza el concepto de “inversión en infraestructura para el crecimiento y la productividad”, y nada dice de la infraestructura social y en el punto destinado a explicar los fundamentos del concepto de “Un Futuro Alimentario Sostenible” se plantea que “en ningún otro caso la necesidad y el desarrollo están tan evidentemente interconectados y se refuerzan mutuamente como en los alimentos. Satisfacer las necesidades nutricionales de las poblaciones futuras requiere una manera sostenible de aumentar la productividad agrícola”.

 

El Gobierno Argentino decidió la agenda de un foro empresario, la agenda de un gobierno de empresarios, una oportunidad perdida de dar debates trascendentes.

 

El G20 es hoy el ámbito internacional más importante del mundo, y Argentina es miembro pleno de él, lo que implica una oportunidad, que mas allá del circunstancial gobierno de Mauricio Macri, no debe ser desaprovechada.

 

Argentina, nuestro país, debe hacer los esfuerzos pertinentes para volver a impulsar el debate, como ya lo hiciese en la Reunión del G20 de San Petersburgo de 2013, de los temas de su interés, y abandonar esta idea de funcionar como vocera del Sistema Financiero Internacional y de los Estados Unidos. Situación no deseable, a la que nos ha llevado este Gobierno Argentino y su penosa política exterior.

 

La Desigualdad Social, injustificable situación que genera violencia y migraciones forzadas en todo el mundo, la Lucha contra las Guaridas Fiscales, que esconden la evasión tributaria que desfinancia a los países, la Defensa y Financiamiento Global de los Derechos Sociales, de todos los habitantes de nuestro planeta, y el Control del Funcionamiento del Sistema Financiero Internacional, deben ser los ejes prioritarios sobre los que la República Argentina debe promover su accionar en el G20, promoviendo un futuro de igualdad y paz, interactuando con otros países que no forman parte del área de subordinación a los Estados Unidos y a la Unión Europea.

 

El G20 no es un ámbito a combatir, sobre todo porque participa Argentina, y porque muchos de quienes pueden ser sus aliados principales también participan del mismo. Argentina debe tener un rol activo en el futuro impulsando una agenda acorde a los desafíos que se avecinan. Suponer que el G20 es un ámbito condenable por la agenda que circunstancialmente pueda tener es lo mismo que pensar que la protesta callejera puede tener niveles de influencia política similares o mayores, a la acción internacional coordinada de gobiernos y países.

 

Una cosa es el presente y otra lo que se vendrá, y lo que debiera ser la agenda del G20 del futuro, con el nuevo gobierno que asuma en Argentina en 2019.

 

Hay que lamentar esta oportunidad perdida, pero hay que ver que el G20 es un ámbito imprescindible, para que nuestro país defienda sus intereses, los de nuestra región, y los de los habitantes de un mundo que no puede seguir haciendo gala de estos semejantes niveles actuales, de violencia, desigualdad y odio.