La decisión anunciada este último lunes por el presidente Alberto Fernández, de la expropiación para el control estatal de Vicentín Sociedad Anónima Industrial y Comercial sorprendió a algunos, pero no a todos.

 

Los orígenes de Vicentín se remontan al año 1929, cuando en Avellaneda, al norte de la provincia de Santa Fe, se creara la empresa, pero su despegue comenzó en 1966 cuando incorporó en la producción de aceites un proceso novedoso, el de extracción química por uso de solventes. Su relación con la política regional, provincial y nacional viene de lejos, y los beneficios que esto le reportó son múltiples.

 

Pero recién a partir de 1976 y ya con la dictadura en pleno auge, la empresa empezó a “cobrarse” su lealtad política. En aquellos días, 22 obreros de la empresa serian detenidos y desaparecidos, 14 de los cuales eran delegados. Muchos fueron secuestrados en el propio establecimiento laboral, identificados por el jefe de Personal.

 

Uno de los obreros sobrevivientes, Efrén Venturini, relataría una escena que grafica esa relación con la política, siempre promiscua, recordando, que en noviembre de 1976, les llegaría a estos obreros el telegrama laboral intimando para que se presente en su puesto de trabajo bajo la amenaza de despido, sabiendo que dichos operarios estaban desaparecidos en ese momento, y no podrían presentarse.

 

Aquel compromiso de Vicentín en la “ lucha contra la subversión”, la haría acreedora de un crédito estatal con el que pondría en marcha en 1979 una segunda planta industrial localizada en Ricardone, Departamento San Lorenzo en el sur de la provincia de Santa Fe. Más tarde vendrían la Terminal Portuaria en 1987 y la “Planta San Lorenzo” en 1997.

 

Desde aquel aciago 1976 hasta este fatídico 2019, Vicentín S.A.I.C. practicó el oficialismo perpetuo, como estrategia de crecimiento empresarial e influencia política, en beneficio propio.

 

Como dato ilustrativo de este último tiempo, es válido recordar que en ese 2019 y ya como presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, “Beto” Padoan, el hombre fuerte de Vicentín, haría un discurso histórico cargado de elogios fuera de tamaño hacia Mauricio Macri, tal vez como convicción propia o como agradecimiento por los injustificables montos que el Banco Nación a cargo de Javier González Fraga le había entregado a la empresa. El mecenas de Olivos trajinaba en aquellos días, con esmero, la búsqueda de su reelección. Un tiempo después ambos estarían desempleados, Macri de presidente de la República Argentina, y Padoan de presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario.

 

La deuda

 

La deuda total de Vicentín con el Banco Nación, al momento de la convocatoria de acreedores, era de 18.182 millones de pesos. De esa cifra, 5785 millones le fueron entregados en el mes de noviembre de 2019, cuando ya la empresa estaba en cesación de pagos, y Macri era un mal recuerdo para los argentinos. Así está escrito en el expediente del Banco Nación por el que se tramita la convocatoria de acreedores ante Fabian Lorenzini, juez de Primera Instancia Civil y Comercial de la Segunda Denominación de la Ciudad de Reconquista, en el norte de la Provincia de Santa Fe.

 

Vicentín procuró antes de la convocatoria acuerdos extrajudiciales. El 24 de enero anunció que había propuesto a los acreedores de más de 30.000 dólares un pago inmediato del 20% de lo adeudado y el resto a saldar en 8 años. La mayoría rechazó la propuesta. “No encontré ningún miembro que diga que le haya parecido buena la propuesta”, consignó entonces Nicolás Galli, designado como vocero del grupo que recibió la oferta. Días después, una decena de corredoras y acopiadoras de cereal con actuación en la Bolsa de Comercio de Rosario, de cuya Presidencia fuera eyectado “Beto” Paduan junto a sus globos amarillos, acudieron a la Justicia para exigir el cobro. El tiro de gracia llegó cuando Gagliardo Agrícolo Ganadera Sociedad Anónima pidió la quiebra de Vicentín ante el juez rosarino Marcelo Quaglia. Eso dinamitó la vía extrajudicial y obligó a la compañía a pedir el concurso preventivo de acreedores, lo que finalmente haría el 10 de febrero de 2020.

 

En el expediente que tramita Fabián Lorenzini, se puede observar una larguísima lista de más de 71 páginas donde la propia Vicentín admite la existencia de 2638 acreedores, a los que adeuda 99.345 millones de pesos, unos 150 millones de dólares. Allí también puede leerse que Vicentín dice tener participación en 19 empresas de las que es accionaria y admite la existencia de 1287 empleados en relación de dependencia. Además, Vicentín tiene juicios abiertos por demandas de AFIP por falsear precios de transferencia en los ejercicios 2003 y 2004, por redeterminación de Ganancias desde 2007 hasta hoy y por falsa liquidación de divisas desde 2012.

 

En el camino y como parte de su vocación de estafa consuetudinaria y vaciamiento planificado, el 2 de diciembre Vicentín le vendió, en una operación de dudosa veracidad, a su socia Glencore, la empresa suiza con la que tiene un joint venture formado en el año 2007 el 16,67% de sus acciones en Renova, la empresa productora de Biodiesel y Glicerina radicada en Timbues, Santa Fe. A partir de ello Glencore es ahora la controlante de Renova con el 66.67% de sus acciones.

 

Glencore es un gigante global con sede en el Cantón de Zug en Suiza, conducida por Marc Rich, quien en 1983 fue acusado en los Estados Unidos por evasión de impuestos, fraude, comercio ilegal y desfalco. Prófugo de la justicia por casi dos décadas y en la lista de los diez más buscados por el FBI, consiguió que Bill Clinton en su último día en la Casa Blanca en 2001, firmara un indulto presidencial en su beneficio.

 

Un testigo indeseable

 

En su discurso del lunes, el presidente Alberto Fernández pronunció una frase radioactiva para los operadores del negocio oleaginoso de la República Argentina. “Empresa testigo”, dijo el presidente.

 

La operatoria de exportación de las empresas del complejo oleaginoso argentino viene siendo observada hace mucho tiempo, con sospechas, habitualmente fundadas, sobre la transparencia y legalidad de su accionar.

 

En la mayoría de los casos triangulan sus ventas por medio de empresas propias, admitidas como tales o no, mayoritariamente radicadas en guaridas fiscales. Las preguntas de esta observación son obvias: ¿Por qué hacen esto? ¿Cuál es la opacidad fiscal de este procedimiento? ¿Eluden impuestos, evaden o es solo una “comodidad operativa”?

 

La observación de la documentación comercial permite constatar que en 2019 la totalidad de las compañías multinacionales extranjeras del complejo oleaginoso, se venden a sí mismas por lo menos el 80% de su facturación. La observación del Anuario de Estadísticas Tributarias de AFIP desde 2001 permite apreciar que la proporción de las exportaciones argentinas de la totalidad de las posiciones arancelarias que se muestran en sus declaraciones juradas, lo fueron en términos históricos en alrededor del 50% del total, con carácter de “intrafirma”. Se puede observar también una curva ascendente en los últimos años que lleva esa cifra a casi el 80% en 2019. Es decir, el eje central de la operatoria es el comercio “intrafirma”. La empresa exporta a otra empresa importadora que, a través de una ingeniería contable y jurídica que lo disimula, termina siendo la misma empresa.

 

Esta “caja de muñecas” dificulta el control de los montos y tamaños de los flujos comerciales cuando las mercancías circulan dentro de la misma empresa. Es así mucho más difícil comparar lo que se declara con lo que se carga y lo que se declara con lo que se paga. A esta opaca fijación de precio intrafirma se lo suele denominar como precio de transferencia. Es el precio al que una multinacional ubicada en Argentina le vende a un eslabón propio de la empresa que está en Holanda o China. Un vendedor dice cobrar y un comprador dice pagar un precio que no es real. Miles de barcos transitan la hidrovía con este tipo de cargamentos a bordo.

 

Los organismos fiscales han construido distintos tipos de procedimientos y métodos para ver si los precios de transferencia obedecen o no a criterios de razonabilidad. AFIP los objetó en distintas oportunidades persiguiendo criterios de veracidad o razonabilidad de los precios de transferencia y también de la búsqueda de la veracidad sobre la cantidad real de toneladas embarcadas, que hoy se detalla a simple declaración jurada de quien embarca los granos, el expeller, el pellets o el aceite de soja.

 

La importancia de tener una Empresa Pública Testigo, como será Vicentín próximamente, es vital para obtener un control estatal de precios y volúmenes que permita darle más eficiencia a la recaudación fiscal referida a la exportación que mayormente emana de la hidrovía santafesina. Además, por sus características Vicentín permite seguir un criterio de trazabilidad de todo lo que pasa a lo largo de la cadena desde el productor hasta la exportación, incluyendo la elaboración de aceites y harinas. Esta trazabilidad también es muy importante para determinar el impacto real de retenciones en cada eslabón de la cadena productiva comercial y los precios de producción y rentabilidad razonable. Saber cuánto del total de retenciones pago el productor, cuanto el acopiador y cuanto el exportador es vital para entonces decidir cómo Estado, a quien se subsidia y porque, a quien se reintegra y porque. Obligando a vender en blanco por la simple comparación entre Vicentín y los demás.

 

En nuestro país, Vicentín era hasta hoy un jugador de peso. Con el control de alrededor del 9 % del mercado puede cumplir esta función de Empresa Testigo con creces, sobre todo porque todas las empresas extranjeras del complejo oleaginoso tienen sus casas matrices en guaridas fiscales. Delaware, Gibraltar, Suiza, Londres, Luxemburgo. Incluso COFCO que ha sido creada por el Estado Chino tiene accionistas importantes como Goldman Sachs y otros Fondos de Inversión.

 

 Aceitera General Dehesa y Vicentín, junto a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), primera entidad de segundo grado constituida en 1922 y que en la actualidad se encuentra entre los principales exportadores de cereales, y a Agricultores Federados Argentinos (AFA), conformada en 1932 y que hoy es la principal cooperativa de primer grado del país, son los únicos cuatro jugadores de peso nacionales que aun habitan el Mercado Oleaginoso Argentino. Impulsar que uno de ellos, Vicentín SAIC se trasforme en una Sociedad Anónima de Participación Estatal Mayoritaria, es no solo una buena idea sino una necesidad de nuestro desarrollo estratégico, que deberá incluir en un futuro cercano la reconversión de la Hidrovía y la Constitución del Corredor Bioceánico Pacifico Atlántico, pero eso todavía está por venir. Argentina lo necesita.