Economía pre pandemia

 

La pandemia agudizó, en nuestro país y en el mundo, una crisis que venía de antes y que no es atribuible solo al Covid-19, sobre todo en la Unión Europea. Tan solo como ejemplo podemos recordar que, en el ranking de las empresas más importantes del 2019, encabezado por Apple, Saudí Aramco (hoy en crisis), Microsoft, Google, Amazon y Alibaba, las únicas tres empresas con radicación en Europa fueron las suizas Nestlé, Roche y Novartis. Ninguna de la Unión Europea apareció en los treinta primeros lugares de la lista.

 

A su vez, China tampoco tuvo un 2019 expansivo. Fue el año de su menor crecimiento en 20 años y aumentó su deuda, que era del 27 por ciento de su PIB en 2008, y hoy llega al 56 por ciento de su PIB.

 

Estados Unidos no parece mucho mejor. Con un déficit comercial en 2019 del orden de los 900 mil millones de dólares, casi un 5 por ciento de su PIB y un incremento de su deuda hasta los 253 billones de dólares, tres veces el PIB del Mundo entero, no impresiona como una economía saludable.

 

El paso del macrismo por la Argentina es suficiente descripción del terrible estado de nuestra economía, a fines de 2019.

 

Estos datos y estas cifras resultan palmariamente claros para demostrar que la actual globalización neoliberal, basada en la financierización de la economía, solo produce disgregación, miseria y exclusión, promoviendo una concentración de la riqueza intolerable y el surgimiento de una nueva clase global parasitaria que, sentada sobre sus certificados de depósitos de bancos de guaridas fiscales, no muestra ninguna vocación de intervenir en un rediseño más justo y sustentable, de la economía post Covid-19.

 

Esa imprescindible sustentabilidad de la economía en el mundo está claramente amenazada en estos momentos, tanto en términos productivos, como ambientales y demográficos.

 

 

Socios en las pérdidas

 

Desde la crisis financiera de 2008, los líderes del capitalismo occidental nos intentan acostumbrar, a la supuesta naturalidad de tener que realizar aportes financieros estatales para compensar las pérdidas de bancos y empresas. En cambio, no parece exigible en la misma medida ninguna responsabilidad social empresaria, para distribuir ganancias en tiempos de beneficios.

 

En el lapso que transcurre entre 2008 y 2015, presenciamos un obsceno rescate financiero de la banca nacional e internacional. Solo la Unión Europea en esos años, con el apoyo de sus Estados miembros, y con la aprobación de sus instituciones supranacionales, gastó 745 mil millones de euros en distintos tipos de paquetes de rescate o planes de ayuda al sistema financiero, además de comprometer otro billón de euros, en garantías sobre pasivos. A octubre de 2016, ya se habían declarado irrecuperables 213 mil millones de euros, el equivalente del PIB de todo un año de Finlandia. Esa cifra ha seguido subiendo y se ha venido ocultando, expertise mediante, de contadores y gestores de balances.

 

 

El rescate de las zombies

 

Los rescates bancarios y empresarios no son nuevos y hay casos paradigmáticos en el pasado reciente, no solo de rescates de bancos, sino también de empresas.

 

Las crisis económicas son períodos en los que numerosas empresas producen reestructuraciones. Es así desde hace mucho tiempo. Un mal “modelo de negocios” o una inadecuada “estrategia de financiación” son a veces problemas ciertos, pero también son explicaciones habituales, que licúan las responsabilidades y vaciamientos deliberados, cometidos por empresarios de toda nacionalidad.

 

Muchas veces esas empresas no serán capaces de completar exitosamente su proceso de reestructuración, por acción u omisión, de modo que cesarán en su actividad, y probablemente impagarán sus pasivos, dejando un tendal de trabajadores sin empleo y deudas incobrables a proveedores y al propio Estado. La atenuación del daño que producen estas acciones es la explicación que utilizan los Estados para ir en su “rescate”.

 

El inicio de esta era de rescates empresarios en los últimos años, puede ubicarse en la decisión de Japón de mantener operativa a Toshiba más allá de acumular pérdidas por 3 mil millones de dólares solo en un año. Aquello, que se denominó con malicia, como el plan de las “empresas zombies” empezó a extenderse a múltiples países.

 

Las ideas de que se pueden utilizar fondos públicos para salvar de la quiebra a las instituciones financieras y empresarias, vuelve reformulada con fuerza en este 2020. La crisis económica, profundizada por la pandemia de Covid-19 ha globalizado ese debate en estos días.

 

 

En Europa sí se consigue

 

El “Caso Lufthansa” donde la aerolínea recibió un rescate capitalizable del Estado alemán, del orden de los 9 mil millones de euros, a cambio de tomar el control del 20 por ciento de sus acciones y obtener dos lugares en el directorio, es uno de los ejemplos de un plan que parece de mayor escala.

 

La expansión de las muertes por Covid-19 en toda Europa, y la crisis económica en paralelo aceleraron la decisión de la Comisión Europea, este último martes 26 de mayo, de destinar 750 mil millones de euros, al llamado plan de reconstrucción de la economía de la UE.

 

Si a esa cifra le sumamos los 3 billones de dólares que forman parte del plan de rescate estadounidense y los casi 800 mil millones que anuncio Japón y que representan el 20 por ciento de su PIB, los aportes tributarios de los ciudadanos, transformados en ayuda directa para con el mantenimiento del funcionamiento capitalista empresarial, en los hechos capitalismo de Estados, no registra antecedentes en la era moderna.

 

Más allá de esta situación, el abordaje del rescate empresarial y bancario no es igual en todos lados. El fracaso rotundo del plan de rescate financiero de la Unión Europea surgido de la crisis del 2008 hizo que se modificaran algunos criterios y requisitos de cara a este 2020, para el acceso a los dineros de los “contribuyentes” por parte de las empresas en crisis.

 

La normativa que aprobó la Comisión Europea, conducida por la alemana Úrsula von der Leyen, para permitir el rescate de los Estados a las empresas, grandes y pequeñas, cotizantes o no, tiene múltiples requisitos y regulaciones.

 

El texto aprobado permite la posibilidad de que los Estados ayuden a las empresas de distintas maneras, directa o indirectamente en forma de capitalización, o financiamiento en forma de deuda subordinada. En todos los casos las empresas intervenidas o rescatadas, tendrán prohibido repartir dividendos a sus accionistas, aprobar recompras o transferencias de acciones que no fueran estatales y otorgar bonos extras a sus directivos, hasta que el Estado se haya desvinculado completamente de las mismas. En este sentido, existirá una “limitación estricta” de la remuneración de los directivos, las que serán fijadas por las autoridades estatales hasta que se haya amortizado o devuelto por lo menos el 75 por ciento de la inversión estatal de rescate.

 

Además, se exigirán ajustes estructurales de conducta comercial, para compañías que cuenten con una cuota significativa en al menos uno de los mercados relevantes en los que operen, limitando los perjuicios que pudieran ocasionar, las prácticas monopólicas de las mismas. Asimismo, y mientras dure el rescate, estará prohibida la adquisición de acciones de empresas competidoras o de aquellas que se encuentran en mercados contiguos, hasta tanto no se produzca la recompra privada de por lo menos el 75 por ciento de la inversión estatal de rescate.

 

Las empresas que sean capitalizadas por los Gobiernos deberán establecer y acordar una “estrategia de salida estatal”, o admitir la estrategia de “convivencia” público-privada, decidida por los Estados mientras tanto. Si la salida del Estado está en duda seis años después de la nacionalización, en el caso de empresas cotizantes en bolsa, y hasta siete para el resto, tendrá que trasladarse a la Comisión Europea, la decisión de reconversión de la empresa referida.

 

El Estado deberá ser “suficientemente remunerado” dice también la norma. Se refiere a los riesgos asumidos en la recapitalización estatal, donde el mecanismo para garantizar la recuperación de la inversión, deberá ser explícito, buscando incentivos para que los propietarios privados de la empresa en cuestión puedan volver a adquirir las acciones cedidas a los Estados como parte del proceso de rescate, en el marco de un cronograma predeterminado.

 

La recompra privada deberá satisfacer el importe de las aportaciones públicas más el equivalente a los intereses anuales establecidos, con tasas diferenciales según el tamaño de la empresa.

 

Además, para las participaciones directas en el capital, la Comisión estableció que si en cuatro años el Estado parte de la UE no se ha podido desprender por recompra privada de al menos un 40 por ciento del paquete que obtuvo con su inyección inicial, recibirá un porcentaje de acciones adicional, que como mínimo será del 10 por ciento de la participación que aún conserve.

 

Las empresas recapitalizadas no podrán utilizar la ayuda para apoyar la actividad económica de otras sociedades asociadas que estuvieran en dificultades, sin autorización estatal.

 

La Comisión incluye también medidas en pos de la información pública, como que los Estados deberán publicar detalles de la identidad de las compañías que han recibido ayuda y de la utilización de cada euro aportado, por área y tipo de gasto, en tiempo real y de libre acceso público.

 

Cualquier similitud de este programa de la Unión Europea con la propuesta comunicada por la Diputada Fernanda Vallejos, no es casualidad. Los señores feudales, autodenominados economistas, que habitan nuestros canales de televisión, debieran leer la propuesta de la Unión Europea, en profundidad.

 

 

El empresariado que nos tocó

 

Los viejos marineros suelen decir que se navega con los vientos de hoy, y como diría Jorge Schvarzer este es el empresariado que nos tocó. Muchos Franco Macri y pocos Charles Booth.

 

De todos modos, resulta extraño, observar a quienes sin saber muy bien de qué hablan, celebran como práctica de política económica “seria” lo que sucede en la “civilizada” Europa, descalificando con argumentos medievales alternativas similares para la República Argentina.

 

Muchos banqueros y empresarios consideran un derecho natural divino, la satisfacción de su pedido de auxilio ante dificultades económicas y financieras. Auxilio que ni siquiera los hace considerarse obligados, de tener que ofrecer alguna garantía, retribución, participación accionaria, o reintegro alguno, a cambio de esos dineros que el Estado, en nombre de la comunidad, les ofrece a sus emprendimientos.

 

No resulta sorprendente entonces, en concordancia con esa mirada de sí mismos, que se hayan autoproclamado por estos días, como beneficiarios de la implementación del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), destinado al pago de buena parte de los salarios de los trabajadores de la República Argentina. El  concepto solidario del programa, ha sido totalmente desvirtuado por el pedido de apoyo para solventar  suculentas remuneraciones de multimillonarios dueños de empresas, de CEOS de multinacionales e incluso de imputados penales por estafa como Gustavo Nardelli, dueño de la Cerealera Vicentin, beneficiaria de la impunidad administrativa del Banco Nación, durante la gestión que encabezó Javier González Fraga.

 

El rescate europeo, al igual que el estadounidense y el japonés, incentivan la reprivatización de la intervención estatal, algo bastante insólito por cierto, considerando el esfuerzo publico realizado, pero aun cuestionando ese dogma siempre presente en las políticas neoliberales, la reprivatización deberá observar férreos mecanismos resarcitorios para el Estado, que si no se cumplen en los 6 años previstos por el programa, en el caso de la Unión Europea, se someterán al arbitraje de Bruselas para decidir el futuro de cada empresa en cuestión.

 

Argentina debiera recorrer, cuanto menos, un camino similar al señalado aquí, solicitando formal contraprestación de las empresas asistidas para con el Estado, en virtud de la ayuda recibida.

 

 

¿Entonces?

 

La incesante lucha del neoliberalismo, desde su origen, para evitar que la democracia intervenga en la redistribución del poder, de las riquezas y de las posibilidades de acceder al bienestar, absolutizando al capital y usando al Estado en esa tarea de legitimización, ha producido este mundo de desigualdad, de riquezas obscenas y hambrunas injustificables.

 

Este “gran empresariado” que padecemos en la República Argentina, mayormente prebendario, que nos asola en nuestro país, surge de esta lógica.

 

En un momento histórico como este, donde las acechanzas de la humanidad refieren a la distribución y no a la escasez, como bien señala Amado Boudou, deberemos aprovechar la influencia de las ayudas estatales a las empresas, para construir desde ese esfuerzo comunitario, un nuevo modelo de empresarios, a cargo de empresas sustentables social, económica y ambientalmente, un nuevo modelo de relaciones internacionales y un nuevo modelo de desarrollo.

 

Porque como dijera Michel Rocard hace muchos años, sin que sus palabras pierdan vigencia “…Milton Friedman ha creado esta crisis. Está muerto y realmente lo lamento, ya que vería bien que fuera juzgado ante la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad. Su idea de que el funcionamiento de los mercados es perfecto y no debe ser interferido, ha permitido que toda la codicia y toda la voracidad humana puedan expresarse sin límites, con estas consecuencias…”.