Uno de los rasgos más característicos de observar en América Latina, sobre todo a partir de aquella idea del economista británico John Williamson en un artículo publicado en 1989, llamada Consenso de Washington, ha sido la masiva domesticación de la dirigencia política de nuestra región, abocada a repetir ideas y conceptos claramente contrarios a los intereses de los países de los que son oriundos y a los que han venido diciendo representar.

 

Aquel economista enunciaba una serie de medidas de “estabilización y ajuste de las economías” que se debían seguir de modo universal en cualquier rincón del mundo. El acuerdo alcanzado por el FMI, el Banco Mundial, el Gobierno y la Reserva Federal de EE.UU. era certificación suficiente de su universalidad.

 

En términos generales, aquel oxidado y repintado ideario apostaba por un paquete conjunto de políticas económicas como: la lucha contra el déficit público por la vía de reducción del gasto, las reformas para reducir la progresividad impositiva, la PRIVATIZACIÓN de empresas públicas, la liberalización del comercio y de los MERCADOS de capitales a nivel internacional, la minimización de los requisitos a la entrada de INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA y la destrucción y desregulación de los legislaciones laborales nacionales e internacionales.

 

La década del 90 puso estas ideas en esplendor con la clara destrucción de la condición de vida de millones de latinoamericanos que no vieron en las políticas de la Imposición de Washington ningún beneficio para sus vidas o las de sus familias.

 

Es bueno referirse a estas políticas como Imposición de Washington, y no Consenso, porque a diferencia de su falso discurso antiestatal y como bien dice el historiador canadiense Quinn Slobodian: “Quienes piensen que los neoliberales no creen en un Estado fuerte nunca han leído a los neoliberales, porque toda su filosofía política consiste en apropiarse del Estado”

 

En paralelo a este impulso del capital, y sobre los escombros del socialismo real, surgían las “políticas para pobres” así llamadas por el Banco Mundial, creando los Fondos Sociales, una especie de anestesia destinada a que la desaparición de la condición de trabajadores formales de millones de personas tuviera una atenuación del dolor.

 

El Consenso de Washington fue entonces, la puesta en marcha de la etapa actual del globalismo que aun intenta persistir como gobernanza global.

 

El Riesgo País

 

El riesgo país es un invento de J.P. Morgan Chase, un banco estadounidense especializado en estafas e inversiones, que según su cálculo de la deuda de los países determina, sin que nadie lo haya elegido, sin que nadie lo haya decidido, la “calificación” de cada país. De esta manera, cuanto mayor sea el riesgo, peor calificación recibirá el país. De esta probabilidad dependerán en gran medida temas de relevancia como la inversión extranjera o el acceso a financiamiento internacional. El riesgo país dice tener en cuenta variables relacionadas con el entorno macroeconómico, la estabilidad política y el marco jurídico e institucional, es decir que su calificación positiva es inversamente proporcional a la soberanía política y económica de un país.

 

Como parte del “Combo Riesgo País” surgirían también las “Calificadoras de Riesgo” como Fitch Ratings, Enron, Lehman Brothers,  Moody’s y Standard & Poor\'s. Todas comprometidas severamente con la estafa bancaria mundial de 2008, y entonces cabe la pregunta ¿Hubo alguna responsabilidad para esas agencias que nos aseguraban su solvencia y la de los bancos  Ninguna. Obtuvieron espléndidos beneficios mientras fallaban tan estrepitosamente, y al día de la fecha su negocio no se ha resentido, y su impunidad sigue rampante.

 

Es bueno recordar tan solo como ejemplo que Enron y Lehman Brothers tenían calificaciones óptimas y tranquilizadoras sobre ellas mismas, hasta justo días antes de sus respectivas quiebras.

 

Después del fiasco del 2008 hubo un replanteo y un acuerdo global de las “sobrevivientes” para que la mentira de las calificaciones siguiera funcionando Moody\'s, Standard & Poor\'s y Fitch Ratings acordaron calificaciones comunes no contradictorias entre sí, para dominar el 90% del mercado.

 

Argentina lideró en aquellos años la lucha por reglamentar el funcionamiento de las agencias y mejorar su supervisión, La expresidenta Cristina Fernandez de Kirchner diría en febrero de 2013: “Las calificadoras siguen actuando calificando deuda de países soberanos, bolsas y mercados como en un sube y baja. En cada ataque a la moneda de un país, se llevaron ganancias para pocos en perjuicio de ciudadanos de a pie. La inhabilitación para seguir actuando como calificadoras debería ser la verdadera y más efectiva sanción. La inhabilitación a las calificadoras impedirá que sigan estafando y engañando al mundo”.

 

Incluso el entonces ministro de Economía Amado Boudou presentó una propuesta para la creación de calificadoras de riesgo públicas “oficiales, estatales y multilaterales”. Wall Street lo rechazaría de plano y el resto de la tarea de destrucción de la propuesta argentina seria encomendada a Paul Singer y al Juez Griesa.

 

Incluso la Unión Europea se planteó formalmente la creación de una agencia pública europea de calificación. La reglamentación de las calificadoras nunca sucedió, el proyecto de la agencia europea desapareció misteriosamente, Cristina Fernández de Kirchner fue perseguida sin descanso y Amado Boudou termino en la cárcel, para que todo resultara “un ejemplo a no imitar”.

 

El Riesgo País y las Calificadoras de Riesgo se convirtieron entonces en armas de destrucción masiva de países y dirigentes que desafiaran la globalización financiera.

 

Del mismo modo que muchos tribunales venden sus sentencias, las calificadoras de riesgo venden sus calificaciones. Tan solo como ejemplo es buenos recordar el caso de la aseguradora alemana Hannover Rück. Moody\'s publicó una calificación de esa empresa al tiempo que le enviaba una carta comunicándole que estaban esperando a que pagara por esa calificación positiva. La dirección de la empresa se negó y Moody’s rebajo su calificación hasta calificar la deuda de la empresa como basura. Las pérdidas en capitalización y en empleo fueron importantes para la díscola empresa alemana. La estafa planificada globalizada exponía su impunidad.

 

El Riesgo Social

 

Como demostró Tomas Piketty en su maravilloso “El Capital en el Siglo XXI” las estadísticas y mediciones heredadas de las últimas décadas del “macroeconomicismo” hacen indescifrable la meciiòn del estado real de la satisfacción comunitaria de un pais con su condición de vida.

 

Para la mayoría de los defensores de estas ideas, un producto interior bruto (PIB) sano y robusto significa que la economía marcha bien, lo que se traduce en que el país va bien y que, por ende, los ciudadanos están bien, mas allá de que en la estadística modelo del consumo de pollo. El dato del consumo de un pollo per cápita, en la realidad puede ser que alguien coma dos y el otro ninguno, sin que siquiera se note.

 

La economía real y su impacto en la sociedad es un poco más complicado, ya que esas cifras macroeconómicas no siempre informan sobre la prosperidad real de las personas.

 

Por eso, hace mucho tiempo que alrededor del mundo, muchos abogamos por priorizar estadísticas sociales de mejoras verificables y comparables de la calidad de vida de cada uno frente a los indicadores económicos. El propio Premio Nobel de Economía 2016 Michael Spence,  dijo a la revista The Atlantic que, a la hora de legislar y planificar, “nos beneficiaríamos más de un enfoque multidimensional que capte las cosas que a las personas les importan”, tales como la salud, la educación, la planificación laboral y previsional, el hábitat, la seguridad y una buena oferta de recreación accesible.

 

Como parte de este debate en Nueva Zelanda el Gobierno liderado por la laborista Jacinda Ardern presentó su primer “presupuesto del bienestar”. Con él, su gobierno defiende la idea de cambiar el enfoque tradicional economicista financiero hacia uno centrado en áreas en las que el país tiene “grandes oportunidades para mejorar el bienestar” general de sus habitantes. En la práctica, eso significa que todos los gastos nuevos del estado neozelandés deben promover una de las seis prioridades del Gobierno:

 

Propiciar el Trabajo Decente.

Mejorar la Salud Mental.

Reducir la Pobreza Infantil.

Abordar las Desigualdades Sociales.

Democratizar el Acceso Digital.

Promover una Economía Medioambientalmente Sostenible.
 

Lo que denominan “cuentas del bienestar” se dan pese a la pandemia y pese al contexto de ralentización global y de guerra comercial entre Estados Unidos y China, en cuya situación por formar parte de Oceanía, Nueva Zelanda esta involucrada.

 

Nueva Zelanda es el primer pais en aprobar un presupuesto centrado explícitamente en torno al concepto de igualdad y bienestar, “un ejemplo que el resto del mundo puede y debe seguir”, aseguró Jason Hickel, de la Escuela de Economía de Londres.

 

Nueva Zelanda demuestra que la voluntad política está por encima del posibilismo auto justificativo de la “correlación de fuerzas” usado mayoritariamente como excusa, más que como explicación valedera.

 

Argentina tiene una larga tradición de lucha por la Justicia Social y la Igualdad de Oportunidades que la avalan. Ya es hora de que lidere la reconversión de la obsesión por el riesgo país, y promueva globalmente el compromiso cierto y definitivo con el mejoramiento del índice de riesgo social, al que están expuesto millones de trabajadores a quien y en el mundo, más aun después de la brutalidad del ajuste neoliberal y de las consecuencias  tremendas de la pandemia de Covid-19.