Bolivia vive las consecuencias de un Golpe de Estado que no ha podido consolidarse plenamente por la resistencia del pueblo boliviano, pero que intenta evitar el retorno de la democracia, con uñas y dientes. Golpe que ha costado centenares de muertes, desde aquella noche aciaga del 11 de noviembre de hace casi un año.

 

Aquellos días las Fuerzas Armadas y la Policía, desconociendo el orden constitucional y el resultado electoral del 20 de octubre, impulsadas, y presuntamente financiadas por algunas embajadas extranjeras, amenazarían hasta la renuncia a Evo Morales y a Álvaro García Linera. 

 

Sin embargo haber pasado a la historia de Bolivia como quienes sellaron la suerte de su democracia, no significo grandes reconocimientos para Williams Kaliman, Comandante de las FFAA ni para Yuri Calderón, Comandante Nacional de la Policía de Bolivia. Están acusados, procesados y con paradero desconocido, muy desconocido, a partir de diciembre de 2019, después de pasar por tribunales. Desde los tiempos de Roma, los traidores no suelen ser bien remunerados.   

 

La constitución boliviana, tan violada y maltratada desde el golpe de estado de noviembre 2019, señala la existencia de cuatro poderes del estado, los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. El Artículo 12 lo dice claramente.

 

El Organismo Electoral Plurinacional está regulado por la  LEY Nº 018 promulgada por Evo Morales en 2010. Allí se indica en su Artículo 24 que el Tribunal Supremo Electoral, conducido hoy por Salvador Romero, tiene la atribución de: “Convocar a procesos electorales de período fijo establecidos en la Constitución Política del Estado, fijando la fecha de realización de los comicios y aprobando el calendario electoral correspondiente”. 

 

Por otra parte el Pleno del Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0001/2020 resuelta en Sucre el 15 de Enero, que obliga a que dentro del año 2020, con el plazo máximo del 31 de diciembre del corriente, como plazo máximo y ultimo, este normalizado el país, electo el nuevo gobierno y asumidas las nuevas autoridades. 

 

Toda esta jurisprudencia es la que alega el Tribunal Superior Electoral para fijar el nuevo cronograma comunicado este jueves 23 de julio. Según anunció su Presidente, las Elecciones Generales de 2020 donde se elegirán Presidente y Vicepresidente para el periodo 2020-2025 junto a 36 Senadores y 130 Diputados, representantes de los 8 departamentos del país, se llevarían adelante el domingo 18 de octubre de 2020 (1ª vuelta) y el domingo 29 de noviembre de 2020 (2ª vuelta) de ser necesaria.

 

El Tribunal Superior Electoral había mantenido hasta el miércoles 22 de julio, su compromiso con la idea de realizar elecciones el 6 de septiembre. Comunicó incluso su decisión, a varios organismos internacionales, pidiéndoles su asistencia y su observación electoral. Su cambio de idea aporta solo más inestabilidad, a una situación ya muy compleja, en el país de cambas y aymaras.

 

El MAS, la fuerza encabezada electoralmente por el exministro Luis Arce, no admite hasta el momento la postergación, que califica de ilegal. En consecuencia, decidió movilizar a sus bases en todo el país, en reclamo de la vuelta inmediata a la democracia. Los sindicatos adherentes al MAS habían advertido que una nueva postergación de las elecciones causaría “convulsión social”. El Tribunal Superior Electoral no lo consideró suficiente para su cambio de opinión. Este lunes 27 de julio será una jornada marcada por la disputa callejera de la hegemonía política. Se esperan movilizaciones de campesinos y vecinos de las ciudades del país. Sus consecuencias, imprevisibles. 

 

Comunidad Ciudadana (CC) la alianza que postula al ex presidente Carlos Mesa, terminó por aceptar el retraso. No lo pidió, pero prefirió mantenerse autónomo de las posiciones políticas del MAS para intentar preservar la adhesión de su electorado, mayoritariamente refractario a la fuerza creada por Evo Morales, y lejos del gobierno de Añez, que se desploma en la consideración pública.

 

La desesperación del Gobierno de Facto, acosado por su falta de legitimidad y su lamentable gestión, sembrada de violencia, insolvencia y corrupción, se agrava por los estragos del Covid-19. Añez y Arturo Murillo, su mano derecha, conocen las presunciones pesimistas sobre su futuro político, y quisieran que la prórroga de las elecciones sea aún más lejana. La DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0001/2020 se los impide. El Tribunal Superior Electoral comunicó este cronograma, que no se pude ser prorrogado nuevamente, sin salir del marco constitucional fijado a principios de año, como emergencia temporal.

 

El Gobierno de Añez-Murillo sabe que la mayoría de los analistas intervinientes en Bolivia auguran un triunfo de Arce-Choquehuanca en primera vuelta o a lo sumo una segunda vuelta con Carlos Mesa de contendiente de la fuerza que gobernó Bolivia desde 2006. La Encuesta del Centro CELAG y del especialista en opinión pública Julio Córdova, igual que muchas otras, concluyen que el MAS puede repetir su votación de octubre de 2019.

 

La ilusión del Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra, de legitimar a su “delegada” Jeanine Añez, como presidenta electa del país, va quedando tan abstracta, como su declamada vocación democrática. Su intento de proscribir al MAS corre la misma suerte, considerado como inadmisible, hasta por el propio Carlos Mesa.

 

Las cinco alianzas electorales restantes, anotadas para participar del proceso electoral, son ornamentos en el sistema político boliviano. Su opinión y representatividad no tienen relevancia política.

 

Esta vez parece que la Organización de Estados Americanos (OEA), tan poco vinculada con la defensa de la democracia en nuestra región, y su Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, conducido por un señor mexicano de nombre Gerardo de Icaza Hernández, no serán suficientes para transformar un golpe de estado en un gobierno legítimo.

 

El Gobierno de Añez fuga hacia adelante, en busca de mejores vientos para su remota llegada a puerto. 

 

Hoy, la violencia indiscriminada entre hermanos bolivianos es una amenaza cierta para el país y la región.  El rol de Luis Almagro y sus sicarios electorales, no puede ser admitido en su repetición.

 

Este gobierno de impostores, liderado por Añez y apoyado tácita o explícitamente, por buena parte del occidente del Hemisferio Norte debe someterse a las urnas. Ya es impostergable.