Santa Fe, Viernes 19 de abril de 2024
22-02-2021
Chile 2021, el año que definirá su futuro
Además de la elección de los 155 integrantes que protagonizaran la Convención Constitucional, este 2021 también albergara múltiples comicios que determinaran el futuro del país. El 11 de abril de 2021, además de la elección de los convencionales constituyentes se elegirán quienes estén a cargo de las recientemente creadas 16 gobernaciones regionales, las que hasta hoy no eran cargos electivos. Además, estarán en disputa 345 alcaldías y 2.252 concejalías. 14 millones 900.189 chilenos y chilenas están habilitados para votar, en elecciones cuyo emisión del voto no es obligatoria. Además, y hasta hoy, la elección presidencial de Chile para el período 2022-2026, se realizará el 21 de noviembre de 2021, en conjunto con las elecciones de diputados, senadores y las elecciones de consejeros regionales. Las primarias para elegir los candidatos presidenciales de coaliciones y alianzas están previstas para el 4 de julio de 2021. En caso de ocurrir una segunda vuelta electoral para la elección presidencial, esta tendrá lugar el 19 de diciembre
El 15 de noviembre de 2019 después de innumerables protestas callejeras cuestionando el orden neoliberal creado por el Chile de Pinochet y que aún perdura, se anunciaba la firma del “Acuerdo por la paz social y la nueva constitución” en el ex Congreso Nacional.
Tras más de un mes de masivas protestas, el grueso de la elite política chilena anuncio un acuerdo, autodenominado histórico, para rediscutir en una Convención Constitucional la vigencia de ese texto en el país..
Además de la elección de los 155 integrantes que protagonizaran la Convención Constitucional, este 2021 también albergara múltiples comicios que determinaran el futuro del país. El 11 de abril de 2021, además de la elección de los convencionales constituyentes se elegirán quienes estén a cargo de las recientemente creadas 16 gobernaciones regionales, las que hasta hoy no eran cargos electivos. Además, estarán en disputa 345 alcaldías y 2.252 concejalías. 14 millones 900.189 chilenos y chilenas están habilitados para votar, en elecciones cuyo emisión del voto no es obligatoria.
Además, y hasta hoy, la elección presidencial de Chile para el período 2022-2026, se realizará el 21 de noviembre de 2021, en conjunto con las elecciones de diputados, senadores y las elecciones de consejeros regionales. Las primarias para elegir los candidatos presidenciales de coaliciones y alianzas están previstas para el 4 de julio de 2021. En caso de ocurrir una segunda vuelta electoral para la elección presidencial, esta tendrá lugar el 19 de diciembre.
El “hasta hoy” refiere a que en la fecha prevista para la elección presidencial estará en pleno funcionamiento la Convención Constitucional con lo cual la incertidumbre sobre el tipo de Estado y de Constitución que deberá administrar el Presidente que sea Electo para el periodo 2022-2026 suma más condicionantes sobre el mantenimiento de esa fecha, prevista en circunstancias pre COVID.
Convención Constitucional
Para elegir a los integrantes de la Convención encargada de redactar una nueva Constitución Política de la República es necesario remontarse a las enormes movilizaciones opositoras que a lo largo de todo Chile le “arrancaron” este proceso a la elite política chilena, siempre reacia a ir más allá del mandato histórico neoliberal, heredado de los tiempos de Pinochet.
Estos comicios se llevarán a cabo luego que la opción “Apruebo” triunfó de modo abrumador en el plebiscito nacional del 25 de octubre de 2020 y fueron convocados de manera oficial, mediante decreto, el 24 de noviembre del año pasado.
Los 155 convencionales constituyentes se elegirán con el nuevo sistema que institucionalizo la Ley 20.840 para la Cámara de Diputados, el que a partir de las elecciones de 2017 sustituyó al viejo sistema electoral binominal aplicable a las elecciones parlamentarias. El nuevo formato estableció el aumento de diputados desde los 120 anteriores a los 155 actuales, elegibles en los reformulados 28 distritos electorales con representantes proporcionales a la población de cada uno, distribuidos a su interior por el sistema proporcional D’Hondt.
El sistema electoral cuyo control de legalidad estará a cargo del Servicio Electoral (SERVEL) indica a su vez que la elección de los convencionales constitucionales será por listas, donde opera el “chorreo” de votos, un sistema similar a los sublemas que se utilizan en algunas instancias de la República Argentina.
Por otro lado, las candidaturas independientes que emergieron como instancias autónomas de las fuerzas políticas constituidas, debieron juntar firmas avalantes -obligación que los partidos políticos no tuvieron que cumplir- y para obtener bancas tendrán que superar en votos a la sumatoria de todas las corrientes internas, de las coaliciones contra las que compitan.
La negociación que dio origen al “Acuerdo por la paz social y la nueva constitución” que inicio formalmente este proceso institucional a medidos de noviembre de 2019 fue de todos modos y más allá de las masivas movilizaciones un amplio éxito de la derecha de Chile que logro imponer su “triple reaseguro de continuidad”:
1) Solo se podrá modificar aquello que obtenga la voluntad de dos tercios de los convencionales para modificarse.
2) Aquello que no alcance ese porcentual deberá ir al Congreso Nacional y obtener mayoría para ser incorporado al plebiscito validatorio consultivo.
3) El plebiscito posterior a la Convención Constitucional, que será de voto obligatorio, deberá ratificar el texto que se ponga a consideración por mayoría absoluta de los votantes participantes.
Solo así, cumpliendo esa ardua tramitación político-ciudadana-parlamentaria de triple vía, algo de la Constitución de Pinochet podrá cambiar.
Con la sola excepción del Partido Progresista, del Partido Humanista, del Partido Comunista, y de algunos sectores del Frente Amplio, la elite política chilena, incluidos los sectores autodenominados progresistas de la ex Concertación anunciaron este acuerdo como un logro popular.
El acuerdo señalado y las reformas complementarias aprobadas a partir de diciembre de aquel año apuntan a condicionar la expresión libre y soberana del poder constituyente originario. En esos acuerdos se estableció que el órgano que discutirá el proyecto de nueva Constitución (Convención Constitucional) no solo deberá aprobar cualquier moción mediante un quorum superior a los dos tercios como señalamos, sino que además se prohíbe la discusión de determinados temas (como los tratados internacionales firmados por Chile).
La decisión de “otorgar” escaños reservados para representantes de los pueblos originarios, descontando dichas plazas a las inicialmente fijadas para toda la ciudadanía, pero exceptuando de dicha rebaja, a las comunas más ricas del país, se sumó a la “paridad de género”. Estrategias ambas, para avanzar en nuevas legitimidades para el acuerdo del congreso, que no se vislumbran en la propia sociedad.
El hecho de que el plebiscito del 25 de octubre de 2020 haya determinado por casi el noventa por ciento de los votos que la sociedad chilena no quiere congresistas entre los Convencionales Constitucionales da una idea certera del nivel de repudio de que goza el grueso del sistema político de ese país.
Lo sucedido ese día, postergado desde abril por la pandemia de COVID fue el primer plebiscito nacional chileno desde 1989, cuando se realizó un referéndum donde se aprobaron las reformas a la Constitución Política de la República, promulgada en 1980, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet y, por tanto, fue el primero y único celebrado durante los gobiernos democráticos posteriores a 1990 y arrancado de hecho por la enorme movilización popular simbolizada en la redenominación de la Plaza Dignidad.
La Convención Constitucional no es el equivalente a una Asamblea Constituyente, no por una cuestión de nombre, aunque esto también es importante, sino de contenido, porque el organismo ideado por los partidos que impulsaron el acuerdo del 15 de noviembre viene preconcebido con similitudes al Pacto de Olivos argentino y su núcleo de coincidencias básicas.
La obligatoriedad del quorum de dos tercios para modificar artículos acordados en revisión resulta un obstáculo casi insalvable para modificar los temas verdaderamente relevantes. Basta recordar como ejemplo reciente la votación que se produjo en el Senado de Chile en 2020 para definir el suministro de agua como bien de uso público. Hubo 24 votos a favor de que así fuera y 12 en contra. Como el quorum requerido era supra mayoritario, a pesar de que los partidarios de la reforma duplicaban a los defensores del status quo neoliberal del servicio de agua privatizado en Chile, se rechazó la modificación.
A la derecha chilena le bastará con obtener solo el treinta y cinco por ciento de las bancas en la Convención Constitucional para evitar cualquier modificación sustancial de la actual Constitución.
La complicidad de parte de los sectores opositores al Gobierno de Sebastián Piñera al admitir estas reglas de juego, pinta de cuerpo entero las razones del mantenimiento del status quo neoliberal chileno, en los últimos 30 años.
Si la Convención Constitucional no se proclama soberana y mantiene el quorum de los dos tercios más un voto para aprobar y un tercio para bloquear, la nueva Constitución será solo la legitimación del modelo actual y un escenario de enorme desmovilización y frustración popular. La vigencia de esta Constitución durante los últimos treinta años es una responsabilidad de todos los gobiernos chilenos que se sucedieron estos años y este Pacto de Olivos chileno, la consecuencia lógica para preservar sus espacios de poder ante la “turba movilizada” que no reconoce liderazgo alguno en el actual sistema político, que gobernó Chile las últimas tres décadas.
Por lo expuesto hoy todos los sondeos de opinión hablan de tres grandes bloques y no de los históricas dos caras de la misma moneda, que se sucedieron estos años en el Palacio de la Moneda. Las 155 bancas que compondrán la Convención Constitucional se repartirían según los sondeos existentes entre Chile Vamos, la coalición oficialista que responde al actual gobierno chileno, aunque intenta aparecer autónoma de su desprestigio, que aparece con números presuntos de adhesión del orden del treinta y cinco por ciento. Luego aparecen tanto la Lista del Apruebo, la nueva versión de la vieja Concertación Chilena y la Lista Apruebo Dignidad, integrada por los principales dirigentes del Frente Amplio, por el Partido Comunista y por sectores independientes de la izquierda chilena, que recogen adhesiones presuntas del orden del treinta por ciento, en los sondeos de opinión que aparecen por estos días.
La trampa del “triple reaseguro de continuidad” que fue colocada para legitimar el mismo modelo de economía y de sociedad contra el cual se ha levantado el pueblo de Chile pareciera desgastar más a la Lista del Apruebo que al propio colectivo oficialista de Chile Vamos.
La paridad de género, cupos reservados para pueblos originarios y cierta participación de independientes, que aparecieron como grandes anuncios se han convertido en la mirada general, en ajenas a los cambios que se promueven e incluso con niveles de funcionalidad para legitimar el actual modelo. Ni todas las mujeres, ni todos los indígenas ni todos los independientes que sean electos para la Convención Constitucional serán necesariamente consecuentes representantes de las demandas de cambio.
El factor fundamental para lograr romper estos condicionantes que ha impuesto el llamado “Acuerdo por la Paz social y la nueva Constitución” parece ser la continuidad de la movilización social y la búsqueda de acuerdos, hasta hoy no alcanzados entre los sectores opositores al actual gobierno de Sebastián Piñera, aunque parte de ellos son tan neoliberales como la Coalición Chile Vamos que sostiene el Gobierno de Sebastián Piñera.
Gobernaciones Regionales y Alcaldías
La aparición de un nuevo formato de competición electoral, las 16 gobernaciones regionales electivas, sumado al proceso constituyente tiende a sacarle centralidad a las fuerzas políticas chilenas y a federalizar de hecho su proceso democrático.
Originalmente estas elecciones se iban a desarrollar el 25 de octubre de 2020 para que los nuevos gobernadores y gobernadoras asumieran sus cargos el 6 de enero de 2021. Debido al COVID y al Plebiscito Constitucional fueron postergadas al 4 de abril de 2021 y finalmente fueron reprogramadas nuevamente, quedando fijadas definitivamente para el 11 de abril, el mismo día de la elección de los convencionales constitucionales.
Estos nuevos cargos creados, los gobernadores regionales electos, durarán cuatro años en su función y solo podrán ser reelectos una vez. En el caso de que en una región ninguno de los candidatos obtenga el cuarenta por ciento de los votos válidamente emitidos, se procederá a una segunda vuelta definitiva entre las dos primeras minorías votadas, el 9 de mayo de 2021.
El panorama político aparece bastante disperso y regionalizado. Solo dos coaliciones, la oficialista Chile Vamos y Unidad Constituyente, la Lista del Apruebo, presentan candidatos propios y coordinados nacionalmente en las 16 regiones.
El 22 de diciembre del año pasado el Frente Amplio y Chile Digno formalizaron la creación de un bloque político conjunto de cara a las elecciones de gobernadores regionales, municipales y de convencionales constituyentes, lo llamaron Apruebo Dignidad. A este espacio pertenecen los dos principales referentes de la izquierda chilena de hoy, Beatriz Sánchez excandidata Presidencial del Frente Amplio, candidata a Convencional Constituyente y Daniel Jadue, Alcalde de Recoleta en la recientemente creada Gobernación Regional Metropolitana de Santiago, el que aspira a su reelección mas allá de haber anunciado su precandidatura presidencial para las elecciones de noviembre 2021. La dirigente del Frente Amplio Karina Oliva competirá para la gobernación de la Región Metropolitana de Santiago en nombre de la coalición.
Además, compiten la Coalición Humanicemos Chile, conformado por el Partido Humanista e independientes, e Igualdad para Chile, conformada por el Partido Igualdad e independientes. Ambas coaliciones concurren unidas en las elecciones municipales bajo el nombre de Dignidad Ahora.
El 14 de enero se realizó el sorteo para asignar las letras y criterios que identificarán a cada lista en la cédula de votación. Al ocurrir las elecciones de gobernadores regionales de manera simultánea con las de convencionales constituyentes, alcaldes y concejales, el sorteo contempló al mismo tiempo todas las listas presentadas para los cuatro comicios. La campaña electoral ya está en marcha.
La Presidencia después de Piñera
A diferencia de las elecciones anteriores realizadas desde el retorno a la democracia, en las que la estructura de las coaliciones políticas se encontraban mucho más estables, para las elecciones de 2021 el panorama es mucho más volátil.
Ya en 2017, la modificación del sistema binominal y las nuevas reglas de juego producto de la nueva ley 20.840 hicieron que las elecciones presidenciales y parlamentarias de ese año generaran una mayor diversidad de fuerzas políticas representadas con la fuerte irrupción del Frente Amplio y la fractura en la alianza de la Nueva Mayoría. A su vez, el impacto del estallido social contra el ajuste perpetuo y los resultados del Plebiscito Nacional de 2020 derivaron en un tenso proceso de negociación de candidaturas entre las diversas fuerzas políticas con miras a las elecciones de alcaldes, gobernadores regionales y constituyentes a realizarse el 11 de abril de 2021, lo que parece repetirse también de cara a las presidenciales.
Aparecen a la vista tres grandes coaliciones y un par de candidaturas potentes aunque sobre estructuras no tan fuertes, escenario que pudiera resumirse en estas cinco alternativas:
Chile Vamos, la coalición oficialista integrada por las siguientes formaciones:
Evolución Política, el partido llevará a las primarias de la coalición gobernante la precandidatura del ex Ministro de Hacienda de Sebastián Piñera Ignacio Briones.
Renovación Nacional, fuerza que llevara como su precandidato a Presidente al ex carabinero y Ministro de Defensa de Piñera, Mario Desbordes.
Unión Demócrata Independiente, la UDI, el más pinochetista de los colectivos que integran Chile Vamos el que aún no definió si Joaquín Lavín, alcalde de Las Condes en la Región Metropolitana o Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia representaran su precandidatura presidencial en las primarias de Chile Vamos.
Sebastián Sichel, quien ejerció previamente como ministro de Desarrollo Social, presidente del Banco del Estado y vicepresidente ejecutivo de Corfo. completa el cuadro de precandidatos de Chile Vamos como nítido exponente del sector financiero.
Por otra lado aparece la Coalición Unidad Constituyente, heredera de la Concertación Chilena y de los tibios gobiernos que la tuvieron como fuerza oficialista que hoy está integrada por:
Partido Demócrata Cristiano, el que vuelve a formar parte de una coalición después de su fallida experiencia unitaria en 2017 y que llevara como su precandidata presidencial a la senadora Ximena Rincón.
Partido por la Democracia, el PPD al que pertenece el ex presidente Ricardo Lagos y que realizó el 31 de enero de 2021 un proceso interno para elegir su precandidato presidencial de cara a las primarias de Unidad Constituyente. Allí se impuso Heraldo Muñoz, exministro de Relaciones Exteriores y presidente del partido.
Partido Progresista, el nuevo integrante de la coalición luego de abandonar la experiencia de Chile Digno, lo que no parece a priori una buena idea desde el punto de vista político, aún no comunico si su fundador y excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami competirá en las primarias presidenciales de Unidad Constituyente el próximo 4 de julio.
Partido Radical, la histórica fuerza política chilena proclamo a su presidente partidario, Carlos Maldonado, como su precandidato presidencial de Unidad Constituyente.
Partido Socialista, con el apoyo explícito de Michelle Bachelet el PS oficializo el respaldo a Paula Narváez, psicóloga y ex Secretaria General de Gobierno de Chile en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, como su precandidata presidencial.
La nueva Coalición Apruebo Dignidad, sumatoria de Chile Digno y el Frente Amplio anuncio su intención de confluir en una única primaria presidencial que además de incluir a sus precandidatos contenga a los precandidatos de Unidad Constituyente y el Partido Humanista. La realidad de Apruebo Dignidad hoy contiene a:
Federación Regionalista Verde Social, el FRVS ratifico su pertenencia a Apruebo Dignidad y proclamó como su precandidato presidencial al Jefe Partidario, el diputado Jaime Mulet.
Movimiento Unir, el movimiento parte del Frente Amplio, proclamó como su precandidato presidencial al diputado Marcelo Díaz.
Partido Comunista, el PCCh anunció su intención de presentar como candidato presidencial al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, hoy quien encabeza el grueso de los sondeos, que se realizan sobre las preferencias electorales de la ciudadanía chilena, de cara a las elecciones presidenciales.
La máxima dirigente de Comunes, Karina Oliva será la candidata a Gobernadora Regional Metropolitana de Santiago en nombre de la Coalición, pero aun no anuncio su decisión sobre las presidenciales. Beatriz Sánchez excandidata presidencial del Frente Amplio y máxima referencia de Revolución Democrática anuncio que no se presentará como precandidata presidencial y aun no anuncio a quien apoyará.
Pamela Jiles, candidata del Partido Humanista y el pinochetista José Antonio Kast, candidato presidencial del Partido Republicano completan las principales precandidaturas. Kast ha sido tentado para integrarse a Chile Vamos y Jiles para formar parte de una gran primaria de todos los sectores opositores que no pertenecen a la derecha chilena, en busca de una candidatura unificada.
Recién empieza esta carrera hacia la presidencia chilena. Con un muy probable nuevo escenario político electoral y tal vez una nueva constitución. La pelea institucional por cómo será el Chile del futuro está en pleno desarrollo.
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